YÉSSICA BONNEFOI LLEVA UN MES PRIVADA DE LA LIBERTAD
Reclamo por la mujer mapuche detenida
A punto de cumplirse un mes de la detención de Yéssica Bonnefoi, desde la denominada Red de Furilofche, agrupación que hace un seguimiento de las condiciones en que se encuentra quien permanece en instalaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Bariloche, emitieron un comunicado donde afirmaron que la mujer mapuche padece diversos inconvenientes de salud debido a las características del sitio donde se encuentra y por haber estado la mayor parte del tiempo en huelga de hambre como medida de protesta.
Cabe recordar que Bonnefoi, quien había integrado la lof Lafken Winkul Mapu y se hallaba prófuga desde el desalojo que el Comando Unificado efectuó el 4 de octubre de 2022 en Villa Mascardi, fue capturada el 11 de agosto de este año.
Según quienes forman parte de la Red Furilofche, Bonnefoi les indicó que decidió levantar la huelga de hambre por los problemas que su cuerpo comenzó a mostrar.
Además, sostuvieron que la mujer recibió golpes “por parte del personal masculino al momento de su detención”.
“Su cuerpo está siendo torturado”, afirmaron, y fundamentaron esas palabras apuntando al sitio donde la detenida permanece, apreciando que es “una celda de uno por dos metros”.
“¿Cuánto tiempo más quiere tener el Estado a una persona en un lugar así?”, reclamaron, a la vez que expusieron que Bonnefoi está alejada de sus hijos y que el único momento en que sale del habitáculo es durante el tiempo de visita, “una hora u hora y media al día, dependiendo de cómo esté el humor de la policía del aeropuerto”.
“Si bien, como dicen sus abogados, la prisión domiciliaria va encaminada, ¿cuánto tiempo más va a pasar para que se la den?”, cuestionaron, para luego afirmar: “Esto nos puede pasar a todos. Nadie está exento de ser perseguido por el Estado por pensar diferente, por querer recuperar su identidad, su vida”.
“Las condiciones de detención son ilegales, contrarias al tratamiento que debe tener una integrante de los pueblos originarios”, manifestaron, además de sostener que incluso van contra los pactos internacionales a los que la Argentina adhiere. En tal sentido, hablaron de “un crimen de Estado”.