Villa Mascardi: un diputado nacional denunció a la Administración de Parques Nacionales

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Alberto Emilio Asseff, de Juntos por el Cambio, formuló, ante la Justicia Federal, una denuncia contra los miembros de la Administración de Parques Nacionales (APN) por la posición adoptada en el conflicto de Villa Mascardi, a partir del acuerdo firmado en relación a la lof Lafken Winkul Mapu (LWM). 

En el texto presentado, el legislador detalla que la acusación abarca a la presidencia y vicepresidencia del organismo, como también a los vocales, y, además, la extiende a “todo otro autor, partícipe, instigador y/ o encubridor que pueda surgir de la investigación", puntualizando que, en ese punto, “resultarían responsables penalmente la directora general de Asuntos Jurídicos de la APN –Xoana Madrid– y otras autoridades del organismo, el secretario de Derechos Humanos de la Nación –Horacio Pietragalla Corti–, el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas –Alejandro Marmoni–, la secretaria de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación –Silvia La Ruffa– y la subsecretaria del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación –Carolina Varsky–”.

El diputado aprecia que los hechos que denuncia podrían encuadrar en los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y defraudación contra la administración pública, así como en cualquier otra figura legal que surgiera de la investigación.

Para Asseff, “un grupo de funcionarios nacionales pretende dictar resoluciones u órdenes contrarias” a un “conglomerado normativo, comprometiendo al Estado Nacional a entregar el uso de tierras del dominio público a un grupo de personas que dicen pertenecer a una comunidad indígena (LWM), pero que no han cumplido mínimamente con el procedimiento legal preestablecido”.

El diputado añade que, más allá de eso, “no se trata solamente de un mero apartamiento o incumplimiento del procedimiento pertinente, sino que los integrantes de la LWM han procurado hacerse de tierras públicas y privadas a través de la violencia, ocupándolas ilícitamente por la fuerza. Para ello, no han escatimado en el uso de armas de fuego, palos, piedras y bombas molotov, y no han dudado en agredir a particulares y efectivos policiales, en amenazar a los vecinos de la zona y en incendiar edificaciones y puestos policiales”.

Ante el acuerdo que se firmó, que incluye la utilización por parte de la machi (autoridad espiritual) de un predio del Parque Nacional Nahuel Huapi en Villa Mascardi, así como el reacomodamiento del resto de la comunidad en tierras a determinar, la denuncia indica: “Los funcionarios involucrados actúan como si fuesen particulares afectados que pueden disponer libremente de su propiedad privada, cuando lo cierto es que simplemente ostentan un cargo público transitorio que debe ser desempeñado conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio”.

El legislador solicita, como “medida cautelar urgente”, que “se ordene a la APN, a la Secretaría de Derechos Humanos y al INAI que se abstengan de dictar actos o resoluciones tendientes a cumplimentar los compromisos asumidos por el Estado Nacional en el ‘acuerdo compromiso’ del 1 de junio de 2023 y en el acuerdo de conciliación penal alcanzado” en una de las causas.

Asseff dice que “la Justicia está a tiempo de intervenir” ya que los “actos comprometidos contrarios a las leyes y perjudiciales para el interés público” aún no se han materializado. 

El diputado, asimismo, explica que la pretensión de constituirse en parte querellante radica en que “los funcionarios de la administración pública han afectado y sustraído la función propia del Congreso Nacional” del que forma parte, y dice que tal consideración responde a que, según su opinión, “han alterado completamente el sentido y espíritu de la Ley 22.351 (de Parques Nacionales) dictada por el Congreso Nacional, desnaturalizando y dando por muerta su letra”, así como que “se han apropiado ilegalmente de atribuciones exclusivas del Congreso Nacional, al ‘desafectar' de facto un terreno del régimen especial de Parques Nacionales y al instituir un mecanismo de entrega de tierras a comunidades indígenas”.

“Siendo que los hechos denunciados afectan y sustraen funciones exclusivas del Congreso Nacional, es claro que los integrantes del cuerpo constitucional contamos con legitimación para intervenir formalmente en las causas penales que se sustancien en consecuencia”, aprecia el denunciante.