Indígenas rionegrinos piden la intervención federal de Jujuy

La Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro llamó a “la intervención federal” de Jujuy a raíz de los hechos que suceden en aquella provincia, vinculando la problemática directamente con el extractivismo.

En ese sentido, la organización indígena lanzó un comunicado donde expresa: “El litio está mostrando quién paga el costo del progreso en una sociedad capitalista y consumista”.

Desde la entidad consideran que son los pueblos originarios quienes resisten, en la actualidad, el avance de las actividades extractivas.

“Reclamamos el derecho a dar el consentimiento o no a través de la consulta previa libre e informada a esos proyectos extractivos que, bajo el discurso del progreso, el trabajo, el recambio de la matriz energética, recursos estratégicos, etcétera, se implantan en el territorio”, sostienen en el Parlamento Mapuche-Tehuelche, indicando también: “Lo que está en riesgo no es solo el agua como recurso vital para vida, o el territorio como necesidad para proyección de la vida comunitaria a la cual tenemos derecho. Lo que verdaderamente se pone en riesgo son las distintas vidas que habitamos ese territorio entregado por los gobiernos al extractivismo feroz”. 

Puntualmente, acerca de lo que se vive en el norte, expresan: “La reforma constitucional de Jujuy, aprobada por los bloques de la UCR y el PJ, hecha a medida y a demanda de las empresas mineras, muestra el consenso extractivista de las fuerzas políticas”. 

“Las últimas jornadas de represión vividas en los territorios comunitarios de Jujuy muestran que solo son posibles los proyectos extractivos con represión”, exponen desde la organización mapuche rionegrina, a la vez que consideran que la reforma constitucional de aquella provincia “viola el derecho indígena”, así como “el derecho a la protesta”, y “entrega sus recursos y el agua a potencias extranjeras”, por lo que la califican como “inconstitucional y contraria a los convenios internacionales que el Estado argentino está obligado a respetar”. 

De tal manera, insisten en que lo que se hizo en el norte apunta a “generar el marco legal para el extractivismo, incluyendo la persecución y muerte de los pueblos indígenas”.

“La violencia de la represión, el modus operandi de las fuerzas policiales de la provincia, agentes infiltrados en la protesta para identificar a referentes indígenas con el fin de proceder a su posterior detención, las amenazas de muerte para ellos y sus familias que sufrieron en los lugares de detención, las balas de gomas que apuntaron a los ojos de los manifestantes, la falta de información cierta sobre las personas detenidas y lugares de detención nos ponen frente a un escenario de terrorismo de Estado”, afirman, y aluden a un “Estado represor en defensa de los intereses corporativos de las empresas mineras extranjeras”. 

“El principal objetivo es desarticular la oposición de las comunidades indígenas al extractivismo. Para este objetivo no hay grieta en los partidos políticos de mayor representación y no hay respeto a los derechos humanos”, opinan. 

Asimismo, en el comunicado se lee: “El rechazo a la minería de las comunidades kollas de Salinas Grandes en Jujuy, y de todos los pueblos indígenas de Jujuy, es el mismo rechazo de las comunidades mapuche en Río Negro a la minería de oro, plata, litio e hidrógeno verde. El negocio extractivo se piensa por la mayoría de la sociedad como una salida al gran endeudamiento de los gobiernos con el FMI. Si la deuda con el FMI es fraudulenta como a todas luces se ve, no hay que pagarla, porque pagarla significa entregar nuestro territorio y que nuestros modos de vida se desarticulen para condenarnos a la muerte silenciosa perpetuando el genocidio”. 

“Que a cuarenta años de democracia sea el Estado represor, con reminiscencias de los años de dictadura, lo que prime para resolver los conflictos nos obliga a interpelarnos como sociedad por elegir el camino de la violencia. Y si esa violencia, como la estamos viendo, es propuesta por los gobiernos, no puede haber nuevos pactos democráticos, ni paz social posible”, sentencian, y señalan: “Hacemos un llamado a todas las organizaciones y comunidades indígenas de los distintos pueblos nación que habitamos este territorio a rechazar todo proyecto extractivo en nuestros territorios comunitarios”.

De esa forma, exponen la reafirmación de lo que califican como “autonomía y autodeterminación como pueblos preexistentes al Estado” y manifiestan repudio hacia lo que tildan de “represión extractivista en Jujuy y en todos los territorios comunitarios”. 

Incluso afirman que, en varios sitios de la Argentina, los proyectos extractivos pretenden desarrollarse "como política de Estado, tanto provincial como nacional", y que, para ello, se han puesto en marcha "varios mecanismos de violación de derechos".

A la vez, piden por la libertad de aquellos a los que denominan presos y detenidos políticos de Jujuy y exigen “la intervención federal”, así como también “la baja de la reforma constitucional”.