La APDH denuncia que las visitas íntimas se hacen delante de los otros internos con “una frazada como carpa”

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Bariloche realizó una presentación ante la jueza Sandra Raguza, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal N° 12, para comunicarle su preocupación ante las condiciones de detención de quienes se encuentran en el Penal N° 3, haciendo hincapié en la problemática vinculada a las dificultades para que se lleven a cabo las visitas íntimas.

“Hay más de 160 internos cuando no debería exceder el número de 90 o 100”, se expone en el texto, en el que se advierte que las visitas íntimas se realizan “utilizando una frazada como carpa sin intimidad con su pareja, mientras otras familias en el mismo espacio comparten un mate y se reúnen con el resto de los privados de libertad en el locutorio que tiene ese fin”.

De esa manera, se manifiesta: “Deben tomarse medidas urgentes que impidan seguir profundizando la situación planteada, en especial las visitas íntimas garantizadas en forma expresa en nuestra Constitución Provincial y clara jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la violación de derechos a quienes se encuentran privados de libertad”. 

En ese sentido, se cita un documento de la Procuración de la Penitenciaria de la Nación acerca de los “estándares sobre condiciones materiales en lugares de privación de libertad”, en el que se señala que “deberán existir dormitorios acondicionados para visitas íntimas que resulten suficientes para la población del establecimiento y se encuentren en debidas condiciones de mantenimiento e higiene. Estos dormitorios deberán asegurar la privacidad necesaria para estos encuentros y contar con mobiliario en buen estado de conservación. Al interior de cada uno de estos dormitorios, deberá haber sanitarios completos (inodoro, lavatorio y una ducha) que se encuentren en adecuado estado de funcionamiento, mantenimiento e higiene”.

Desde la APDH se considera que solucionar tal cuestión sería “una medida atenuante” que ayudaría “a superar la situación de los privados de libertad hasta tanto se logre la construcción de un nuevo edificio acorde con los estándares nacionales e internacionales”. A la vez, se recalca que la problemática general, vinculada a la precariedad actual del sitio, “no debe solucionarse con el traslado de los detenidos fuera de la ciudad”, ya que eso se traduciría en un desarraigo que agravaría la situación.