El caso Mandagaray y la revelación de las prácticas más oscuras dentro de la policía

Por Damián Torres, abogado penalista. Instagram y twitter@datorresok.

Los Derechos Humanos no quedan relegados en la formación de un policía. Y las leyes laborales tampoco.
Pero sobre todo pensando en la sociedad, si así se los forma, con violencia y humillación, ¿cómo se pretende que luego traten a la gente?

Esta semana se llevó a cabo el control de acusación del caso Gabriel Mandagaray, el joven policía que falleció el 15 de abril del 2021 en bahía Creek mientras se desarrollaba el curso de formación básica del COER. En esta audiencia queda definida la acusación y cómo se intentará probar en juicio, además de las estrategias de las defensas y cómo buscarán desacreditar dicha acusación.
Se espera que en abril (donde se cumplirán dos años de este hecho) se desarrolle uno de los juicios que tiene imputado a los instructores y al jefe del COER, y luego el de los funcionarios jerárquicos que no controlaron la realización del mismo.
Conocida es mi opinión pública sobre esta institución, de las más valoradas, puesto que ejercen una función social muy importante, como es la seguridad, con personal que constantemente pone en riesgo su vida para la seguridad de otros. Pero, lamentablemente, existen aún resabios de viejas prácticas que, basadas en fundamento legal y la verticalidad, atentan derechos mínimos que hacen a la dignidad de la persona.
En este curso, los integrantes sufrieron prácticas humillantes que, desde la razón de cualquier ciudadano policial o no, no son lógicas para formar a un policía, ni aun de un escalafón especial, como es el COER.
Orinar, golpear, apenas darle alimento, brindar el mínimo agua y no darle descanso al personal como parte de una formación, son prácticas que atentan contra la persona.
Es más, en estados de derecho como el argentino, no se permiten esas condiciones para un trabajador. Es ilógico pensar formar a un empleado policial (porque en definitiva son trabajadores, aunque al servicio público), porque tendrán que cumplir funciones sin alimentarse, descansar o que tengan que sufrir las peores humillaciones y ello sea parte de su labor, por más fuerza especial de la que hablemos.

Los Derechos Humanos no quedan relegados en la formación de un policía. Y las leyes laborales tampoco.
Pero vamos más allá. Hoy sigue siendo común las ordenes laborales de traslados de su ciudad de radicación de un policía por sumarios abiertos, o incluso por la sola “orden” de un superior como un castigo (no hablo en los casos de redistribución de personal por cuestiones de necesidad de personal o por ir subiendo de jerarquía, o casos análogos). Dejar la familia a veces con escaso tiempo, notificados desde la orden del día y tener que salir a los lugares más alejados de la provincia a cumplir servicio, para que sufra. Dejar hijos que por mucho tiempo crecen con sus padres o madres alejados, porque fueron destinados a otro lugar.
Y ni hablemos de algunos que, ante un proceso interno procede a descontar una gran parte del salario durante todo el tiempo que tramita legalmente el mismo (no hablo de casos en donde hay delitos en juego), con lo que significa para una familia en estos tiempos, que generalmente termina endeudada, con préstamos, embargos judiciales y demás circunstancias.
Entonces la institución policial en muchos aspectos termina atentando contra los propios policías. A tal punto de formarlos para mandar y obedecer. Cumplir con el deber y pensar que todo vale lo mismo.
Muy pocas cosas se pueden acomodar con normas. De hecho, hoy existe la ley de código de conducta para los funcionarios policiales. En realidad, el cambio debe venir de la propia policía, porque de lo contrario las normas quedan obsoletas.
En resumen, muchas de estas prácticas dentro de la institución arraigadas no pasan el tamiz de los Derechos Humanos, en especial de la dignidad humana, de un trabajo digno. Ni en la formación de policías, ni cuando ya ejercen funciones. Pero están tan enraizadas dentro de la policía que esto aparece como algo normal y habitual dentro del trabajo, cuando esto no debería ser así.
Esto no quiere decir que lo que pasó con Gabriel Mandagaray podría haber sucedido con otros instructores y que los imputados son víctimas del sistema. Lejos de serlo. Sin dudas estos excedieron todos los límites, hicieron algo que no tenía nada que ver con un curso de formación, entre otros abusos/excesos/imprudencias.
Pero sí, lo que pasó en el caso Mandagaray debe hacer repensar a la propia policía para que realmente esta muerte, más allá de lo que la justicia determine en el plano judicial con los imputados, no quede en vano y la memoria de Gabriel sea honrada con cambios en serio.