La junta vecinal de Villa Mascardi apunta contra Pietragalla

“El Gobierno nacional propone que la Administración de Parques Nacionales (APN) entregue, sin motivo válido ni legal, tierras a la banda de delincuentes usurpadores y sus organizaciones cómplices para que instalen sus viviendas, se desarrollen y realicen sus ritos para congregarse y promover el ataque a los vecinos de Villa Mascardi, perturbar su propiedad privada y alterar la paz social y el medio ambiente.”

Así, sin medias tintas, comienza el comunicado que la junta vecinal de Villa Mascardi dio a conocer tras los encuentros que funcionarios del Ejecutivo nacional mantuvieron el viernes en la región (por un lado, con referentes mapuches; por el otro, con habitantes de Mascardi).

El texto de la agrupación vecinal, que lleva la firma de su presidente, Diego Frutos, continúa: “La ilegal propuesta promovida por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y su segundo, Przybylski (Mariano, director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional), desde hace dos años –basada en el fantasioso relato de la familia de delincuentes Colhuan Nahuel– se contradice abiertamente con lo afirmado por la Justicia federal luego de cinco años de investigaciones, por lo cual la Secretaría de Derechos Humanos pretende silenciar el juicio oral, suspendiéndolo en plena ejecución mediante una inadmisible intromisión que viola la división de poderes, base de la República Argentina”.

De esa manera, se considera: “Como funcionarios públicos nacionales incurren así en graves delitos contra la Nación, mientras destratan a los legítimos vecinos y propietarios de Villa Mascardi, exponiéndose al inicio de las acciones legales que correspondan”.

“En Villa Mascardi reclamamos a la APN abstenerse de tomar las ilegales medidas promovidas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, instar al Tribunal Oral de General Roca a continuar a la brevedad el juicio por usurpación en curso, reclamar la plena posesión de sus propiedades de dominio privado y público y recuperar el pleno ejercicio de sus funciones que ha dejado de ejercer en la zona desde hace más de cinco años”, concluye el comunicado.