Jueza consideró: “Hay una crisis de gestión del vertedero muy importante”

En el marco de la tramitación del recurso de amparo presentado por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soyem) por la situación laboral de quienes trabajan en el vertedero municipal, con la correspondiente problemática que ello puede ocasionarles en la salud, se realizó una audiencia presidida por la jueza Marina Venerandi.

La magistrada explicó que, en realidad, el Tribunal asumía en pleno la competencia tras la jubilación de Rubén Marigo, lo que fue aceptado por las partes.

Ante la exposición, tanto de quienes acudieron por el Soyem como de la letrada que representa al municipio, Karina Chueri, quedó en claro que poco se había avanzado en la concreción de soluciones.

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Particularmente, se observaron fallas de comunicación.

Así, por ejemplo, en el acuerdo al que se había llegado previamente, se indicaba la creación de una comisión, la que, al parecer, no pudo prosperar en medidas satisfactorias.

Incluso, desde el Soyem se indicó que cuando les tocó ir al municipio para reunirse con representantes del Ejecutivo ni siquiera había un lugar dispuesto para poder conversar tranquilos.

La abogada de la comuna, en tanto, explicó que se había enviado un cronograma para regular horarios y demás, que no se llevó adelante, mientras que la titular del sindicato dijo que “en lo práctico era imposible de cumplir”.

Ante eso, Chueri manifestó inconvenientes tales como que se “desconoce la autoridad del director dentro del mismo vertedero”.

“No terminamos de entender qué quieren… ¿La reducción de personal, de horas? Lo hacemos y después no se cumple”, añadió.

“Hubo mucha desorganización”, sostuvo la secretaria general del Soyem, Brenda Morales, quien destacó que problemas básicos siguen sin solucionarse, como la carencia de ropa adecuada para desempeñar las tareas así como la falta de baños.

Incluso se denunció que no se cuenta con agua potable.

Más allá de aclarar que lo vinculado con ese sitio es un inconveniente que atañe a toda la comunidad, la jueza expuso que advertía un “problema grave de articulación”.

En ese sentido, incluso se expuso que, por el modo con el que se les comunicó a algunos trabajadores que debían quedar a la espera de ser llamados para retornar a sus labores, hizo temer a quienes se desempeñan en el basural por una especie de despido.

Por otra parte, una trabajadora del vertedero indicó la necesidad de un inspector, ya que si bien se ha impedido el ingreso de desperdicios de cebada (uno de los elementos que se había aclarado que no pueden dejarse en el lugar), quienes los llevan, los arrojan en otro sitio del perímetro, ya que el predio está abierto.

La titular del Soyem, en tanto, habló de la necesidad de “una decisión firme desde la política acerca de qué hacer con los residuos peligrosos y cómo controlarlos”.

Hubo, asimismo, cuestiones que quedaron poco claras, en cuanto al choque de opiniones de una y otra parte.

Además, se mencionaron actos que se implementaron en el último tiempo que parecieron responder a acciones improvisadas, como para pasar este momento de revisión.

Finalmente, la jueza decidió que la comisión sobre la temática se reúna en el ámbito judicial, para dejar en claro la mayor cantidad de cuestiones posible, solicitando que todos los actores estén presentes: el gremio, Seguridad e Higiene municipal, el Departamento de Salud y el director del vertedero. Y se recalcó que concurra la jefa de Gabinete, Marcela Abdala.

La magistrada también pidió una extensa lista de informes, para hablar sobre datos concretos.

La cita quedó estipulada para el miércoles 15 de febrero a las 12, y la jueza aclaró que debía mantenerse en el vertedero “la restricción de ingreso de residuos tóxicos”, además de exigir un listado sobre el tipo de desechos que se están permitiendo colocar en el basural, ya que durante la audiencia quedó reflejado que la Cooperativa de Electricidad Bariloche lleva barros cloacales de la planta de tratamiento.

“Hay una crisis de gestión del vertedero muy importante”, consideró Venerandi, destacando, como ya había señalado al inicio del encuentro, que se trata de un tema que involucra a toda la comunidad, donde “los primeros perjudicados son los que trabajan en ese ámbito”.