La comunidad Wiritray denunció la nulidad de la mesa de diálogo y reafirmó sus derechos sobre el territorio

Tras haber sido ignorados en la convocatoria a la mesa de diálogo por la situación de Villa Mascardi, llevada adelante a partir de un pedido presidencial, los integrantes de la comunidad Wiritray (asentada históricamente en el paraje) desconocieron la validez de ese espacio y reafirmaron sus derechos sobre el territorio en conflicto.

“Como comunidad denunciamos la nulidad de la llamada ‘mesa de diálogo’ entre quienes han usurpado nuestro territorio, el Gobierno nacional encabezado por el presidente Alberto Fernández, el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), y los referentes del CoDeCI (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas) y el Parlamento Mapuche, puesto que, siendo los primeros y principales afectados de este flagrante delito desde hace cinco años hasta el día de hoy, el Gobierno nacional jamás nos ha convocado, ni nos ha escuchado, ni hemos sido tenidos en cuenta desde el principio del conflicto hasta la fecha”, expresaron.

En cuanto a la denominada comunidad Lafken Winkul Mapu, que se instaló en la zona en 2017 y fue desalojada en octubre de 2022, manifestaron: “El sector de nuestro territorio que forasteros encapuchados, de público conocimiento, pretenden ocupar por la fuerza, so pretexto de pertenecer a nuestra etnia, e intentar imponernos forzosamente y falsamente la sacralidad del rewe de una machi, fue siempre el terreno de veranada de nuestras familias”.

En tal sentido, detallaron: “Eso está debidamente acreditado e históricamente comprobado, y ya figura en la carpeta técnica del relevamiento jurídico catastral de la ley nacional 26.160”.

La referencia al relevamiento territorial indígena tiene que ver, precisamente, con que Wiritray, que cuenta con ese paso legal, desde el Ejecutivo nacional ha sido obviada de la discusión. Es decir, más allá de que se ajusta a la normativa, ha quedado marginada.

“Estos nefastos personajes que por la fuerza pretenden instalarse desde hace cinco años ahí y despojarnos de nuestro territorio no tienen ningún tipo de nexo, relación ni vínculo histórico ni familiar con gente de nuestra comunidad ni con nuestro territorio comunitario”, afirmaron los integrantes de Wiritray. Con tales palabras, reafirman que el sitio que pretende la Lafken Winkul Mapu, en realidad, por una cuestión vinculada a la presencia de sus antepasados, tiene ligazón con ellos, no con quienes arribaron en 2017 sin conexión previa con el lugar. 

En cuanto al sentimiento de sentirse al margen de la determinación del Ejecutivo nacional, los miembros de Wiritray añadieron: “En el colmo del ridículo, mientras que a nosotros, como comunidad indígena preexistente, se nos pisotea y esconde bajo la alfombra, al mismo tiempo se convoca a participar, de esta comisión a la Secretaría de Derechos Humanos, a Justicia Legítima, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Izquierda Socialista y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza y Bariloche, entre otras agrupaciones. Organizaciones que no tienen ni el más mínimo vínculo con el conflicto, pero ahí están siendo parte del ‘diálogo’; entiéndase: hay derechos humanos para algunos, pero no para nosotros”.

“O sea que, bajo el falso título de ‘mesa de diálogo’, literalmente se pretende pisotear toda legalidad y los derechos de nuestra comunidad, por darle entidad a un rejunte de farsantes forasteros, coludidos con el color político del gobierno de turno, para intentar legitimar el fraude del supuesto ‘rewe’ y/o ‘territorio sagrado’ y cuanto delirio más se les ocurra a estos personajes nefastos”, consideraron.

Para que no queden dudas, afirmaron: “Reiteramos, la única comunidad histórica, legalmente reconocida, que ha fundamentado su preexistencia en papeles y documentos, que ha habitado desde siempre las costas del Relmü Lafken (como denominan al lago), ha sido la comunidad Wiritray”.

De esa manera, consideraron que la comunidad “está siendo alevosamente agredida, pisoteada, ignorada y silenciada por el Gobierno nacional”.

“Necesitamos que se nos escuche de una vez y se nos reconozca definitivamente nuestro título de propiedad comunitaria en la integridad plena e indivisible de nuestro territorio”, concluyeron.