Aguardan el arribo de aproximadamente cien comunidades

En la provincia de Río Negro, según los organismos de representación de los pueblos originarios, existen más de ciento sesenta comunidades indígenas, y aguardan que alrededor de cien de ellas arriben a Bariloche para participar del parlamento anunciado para el 12 y el 13 de noviembre.

Así lo explicó el werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, quien señaló: “El contexto económico es difícil, pero hay mucho interés por la situación, sobre todo por la cuestión extractiva y también en lo referente a la judicialización de territorios. Creemos que eso va a motorizar la llegada de muchas lof”.

“Van a tener que acercarse por sus propios medios, porque no tenemos recursos para garantizar el transporte, algo que, en realidad, históricamente ha pasado; mayormente, los parlamentos son autofinanciados por las comunidades”, añadió.

El werken consideró que mayormente habrá presencia de comunidades de las zonas sur y andina, y también del valle, donde, apuntó, existen diversos conflictos.

“La idea es discutir estrategias acerca de los proyectos que se van a desarrollar”, indicó Carriqueo, además de puntualizar que se tratará la temática de Villa Mascardi: “Fundamentalmente, se va a hablar de la militarización de la zona andina, de la situación del rewe de una machi (sanadora) que está en manos del Estado nacional (en referencia a una especie de sitio sagrado ubicado en aquel paraje, donde el 4 de octubre se realizó un desalojo) y de la mesa de diálogo que tiene que conformarse para resolver ese tema”.

“Hay preocupación por lo que pasó. Existe una necesidad de que haya una vuelta al rewe, así que ese será uno de los puntos a tratar”, redondeó sobre la cuestión.

Más allá de ese tema, advirtió acerca de otro asunto que será de la partida: “Estamos en el medio de una situación donde se quiere iniciar el proyecto Calcatreu (en referencia a la posible explotación minera aproximadamente a ochenta y dos kilómetros de Jacobacci), donde tenemos un amparo del 2005”. En ese sentido, consideró: “El Gobierno no está cumpliendo con lo que respecta a la consulta libre, previa e informada, que es un proceso, no solo una reunión; debe haber distintas etapas para llegar a la aprobación o no del proyecto, porque el derecho que tienen las comunidades es al consentimiento o no sobre lo que se quiera plantear dentro del territorio”.