Carriqueo: “La apelación tiene puntos fuertes para dar con una nulidad”

Ante el recurso presentado por la Gremial de Abogados debido al procesamiento y la prisión preventiva contra integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, el werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, expresó: “La apelación tiene puntos fuertes para dar con una nulidad”.

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Justamente, los letrados, en la acción legal, consideran que la jueza Silvina Domínguez unificó causas que no tendrían que ver con los hechos a los que se hizo referencia en principio y, además, cuestionan la extensión del secreto de sumario por veinte días durante “una etapa medular de la investigación”, por lo que apuntan a “la nulidad del procedimiento”.

“Hubo un acuerdo político donde la jueza fue solo el brazo ejecutor, eso se evidencia en los pocos argumentos existentes”, sostuvo Carriqueo.

En tal sentido, en concordancia con la apelación, señaló: “Primero se dijo que la causa era por el ataque a la casilla de Gendarmería por parte de la comunidad y se termina impulsando una acción de desalojo por usurpación”.

La línea presentada por la Gremial de Abogados, precisamente, se dirige a que el legajo remitía al 25 de septiembre, cuando los gendarmes apostados en un puesto ubicado en Los Radales fueron atacados por un grupo de personas.

Al respecto, los letrados manifiestan: “El predio que manda a desalojar, donde se encontraba asentada la comunidad, no es el lugar intrusado por el que se está previniendo en este legajo. Además la jueza carece de jurisdicción para ordenar medidas en el mismo, por encontrarse el expediente donde se investiga la presunta usurpación elevado a juicio”. 

Así, indican que la magistrada “legitima el violento e ilegal desalojo, instaurando en nuestros defendidos sospechas por sus condiciones de vecindad al predio supuestamente intrusado”.

De esa manera, desde la Gremial de Abogados se espera el sobreseimiento, que se dejen sin efecto las medidas impulsadas por la jueza e incluso que se entregue el territorio a los integrantes de la comunidad.

Carriqueo, al referirse al tema, afirmó: “Nosotros denunciamos públicamente varias falencias, y ahora parece que eso va a quedar demostrado”.

Y concluyó reiterando que, según su opinión, existió “un acuerdo político” para que el operativo fuera “llevado adelante de la mano de la Justicia”, y enmarcó la situación en “un histórico despojo territorial sobre las comunidades”.