Mapuches hablan de un contexto similar “al tiempo en que se desarrolló la Campaña del Desierto”

Se conocieron detalles sobre el parlamento mapuche provincial que se anunció para el 12 y el 13 de noviembre en Bariloche.

La convocatoria partió de la Mesa Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Co.De.CI) y el Programa de Educación Intercultural Bilingüe.

En un comunicado de la Coordinadora se indica que la necesidad del encuentro surge “en un marco de violencia institucional”.

A la vez, se habla de “despojo territorial” y citan lo que califican como “apropiación por parte del Estado nacional de un rewe”. La última referencia es a la especie de altar que se halla en el territorio de Villa Mascardi donde estaba la denominada comunidad Lafken Winkul Mapu, sitio que fue desalojado a través de un operativo de fuerzas federales el 4 de octubre. A ese lugar lo señalan como: “Un espacio ceremonial sagrado que forma parte del derecho comunitario a nuestro propio sistema de salud”.

Al mismo tiempo, citan el encarcelamiento de las mujeres que se hallaban allí, a partir de la actuación de un Comando Unificado.

También mencionan la situación que vivió un periodista de origen indígena que fue denunciado por tomar fotografías de la parte exterior de la casa de un abogado. Así, hablan de “la criminalización y persecución al peñi (hermano) comunicador mapuche Oscar Moreno”.

De la misma forma, se muestra preocupación por acciones policiales que ocurrieron el sábado en Bariloche, en relación a lo que señalan como “el allanamiento a comunidades mapuche”.

Asimismo, se refieren a lo que denominan “el avance judicial contra comunidades desconociendo el derecho indígena e intentando llevar adelante desalojos de comunidades que tienen la carpeta técnica del relevamiento territorial de la ley 26160”. 

A la vez, apuntan a “la extranjerización de la tierra” y se manifiestan contra empresarios que, dicen, son allegados al PRO.

Al mismo tiempo se expone una cuestión que muchas veces no es tenida en cuenta: “conflictos intracomunitarios”. En ese punto, se reflexiona que la razón es la “falta de tierras aptas y suficientes que establece la Constitución Nacional y también la ley (provincial, integral indígena) 2287”.

Otra cosa a la que se hace referencia es a lo que denominan “el avance de los proyectos extractivos mineros”.

Además, exponen lo que califican como “un total desfinanciamiento del Co.De.CI”, que, afirman, deriva en que el organismo “no puede aportar soluciones a las comunidades, salvo el acompañamiento de las consejeras y consejeros en cada conflicto territorial”.

Por otra parte, se pronuncian contra Consenso Bariloche y recalcan la existencia de una derecha que, según creen, apoya a los empresarios y abogados que litigan contra comunidades. En ese punto se menciona a una “Fundación en defensa de la Propiedad Privada en la Patagonia ligada al PRO”, que brindaría apoyo económico.

“La militarización de la zona andina y la creación de grupos fascistas paramilitares que sospechamos también cuentan con financiamiento de esta fundación, y de personajes que han llegado al territorio solo para generar conflictos, nos ponen en una situación donde debemos discutir acciones comunitarias en defensa del territorio”, expresan, para luego concluir: “Por ello es que convocamos a este parlamento que requiere de la responsabilidad de las autoridades comunitarias para enviar a sus representantes a tan importante trawn (encuentro) en un contexto de mucha gravedad que se asemeja al tiempo en que se desarrolló la Campaña del Desierto”.