Víctimas de estafa inmobiliaria ahora esperan la decisión de un juez

Son dieciséis familias que fueron estafadas en la compra de sus casas en el barrio Las Marías, al Este de la ciudad de Bariloche. Llevan adelante una pelea de años, en el marco de un juicio del cual un último fallo indica que deberán acordar el pago de una suma millonaria o desalojar sus viviendas. “El estafador camina tranquilamente por las calles”, se indignan los vecinos.  

En diálogo con El Cordillerano tres de las vecinas que atraviesan esta difícil situación, María Laura García, Nancy Goye y Liliana Ortiz, recordaron cómo comenzó esta historia allá por el año 2008 cuando la inmobiliaria Cullin Hue de Juan Manuel Criado, comenzó a promocionar una nueva urbanización dentro del barrio Las Marías.

Muchas familias empezaron a comprar sus terrenos. Un primer vecino firmó una reserva de compra a cambio de uno de los terrenos de Cullin Hue y comenzó a construir su vivienda.

Entre los años 2010 y 2011 otras familias van cerrando trato con Criado, según cuentan las vecinas, la adquisición de casas y terrenos se va concretando con pagos en dólares e incluso con entrega de departamentos como parte de la paga.

“En algunos casos vendió solo terrenos y en otros, casas construidas sobre terreno”, señalaron. Luego contaron que las 16 familias en cuestión “de a poco empezamos a mudarnos, a conocernos” y lo que todos tenían en común era que “se estiraba el plazo de la escritura”.

Los vecinos pagaron sus casas y terrenos, pero nunca les entregaron la escritura. “En febrero de 2012 se obtuvo el primer certificado de dominio de la propiedad porque esto era ya sospechoso y ahí salta la irregularidad”, dice Liliana.

UNA ESTAFA

Cuando estas familias comienzan a impacientarse se devela el misterio. “Lo que ocurrió fue que en 2009 Criado firmó con una financiera de Buenos Aires llamada Operadores Mayoristas de Créditos un fideicomiso. Esa financiera le entregó un dinero a Criado para que realice el emprendimiento inmobiliario y lo comercialice. Con la venta de ese proyecto él debía devolver el dinero y la garantía era el lote grande donde se iba a hacer el proyecto. Criado no pagó las cuotas que tenía que pagar”, relataron las mujeres.

Desde 2012 estas dieciséis familias comenzaron un raid judicial con idas y vueltas. “Hubo mediaciones en 2014 hasta que se rompió toda posibilidad de arreglo. Y desde entonces estamos con estos temas”, señala Liliana.

“Un juez dictó en agosto de 2021 en primera instancia a favor nuestro. El juez de primera instancia de la causa sentenció que habíamos sido estafados y engañados. Pero sabíamos que esto significaba que iban a apelar y eso es lo que hicieron a fines de septiembre”, relatan.

María Laura cuenta que “después del fallo de primera instancia respiramos aliviados, pero fue un mazazo la apelación y la segunda sentencia donde dicen que compramos de mala fe. La verdad que duele”.

“El juez te dice que vos compraste de mala fe tu casa y que en 90 días tenés que desalojarla. No es justo, como tampoco lo es la disparidad en la sentencia”, añade la vecina.

 “Nos queda otra instancia de apelación, pero en el medio se abre un paréntesis en los tiempos de la Justicia y acá nuestro abogado consiguió una audiencia con Riat. La deuda original era de 375 mil dólares (la que Criado quedó debiendo), pero ahora se habla de un millón doscientos mil dólares. “Ya pagamos nuestras casas y ahora tenemos que pagar una casa más”, señalan.

“Somos 16 familias, niños, adultos y jubilados, que de buena fe y con mucho esfuerzo hace más de 10 años estamos trabados en esta cuestión ajena a nosotros, siempre dispuestos a regularizar nuestra situación habitacional”, explican.

“Lo llamativo fue que, de tres jueces, uno se abstuvo, la jueza Pájaro estaba de licencia, pero igual avaló la decisión del juez Riat de desalojar, sin considerar la legitimidad de la justicia, dando una respuesta fuera de contexto y con desconocimiento de toda la causa y la documental presentada”, agregan.

Las familias, hoy martes, se reunirán con su abogado para negociar el número y las condiciones para llegar a un acuerdo entre partes. Aunque explicaron que si no hay arreglo continúan los plazos judiciales que ahora están en suspenso y pueden apelar una vez más.

Para estas familias todo es “desesperanza y desesperación”. Imploran: “Necesitamos que un juez se siente a leer esta situación, que vea cómo llegamos a esto y por qué nos pasa lo que nos pasa cuando hay un estafador caminando por la calle y una financiera usurera que anda detrás de nosotros”.