Causa AMIA: Argentina asumió su responsabilidad y admitió encubrimientos
Nuevamente Argentina reconoció su responsabilidad este viernes, ante la la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la falta de esclarecimiento y la corrupción que rodeó la investigación del atentado contra la AMIA, que el 18 de julio de 1994 mató a 85 personas.
Se llegó a esta instancia por el pedido de familiares de víctimas que integran Memoria Activa, acompañados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“El Estado es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en el caso AMIA”, reconoció Natalia D’Alessandro, titular de la Unidad Especial de Investigación (UEI) AMIA, que depende del Ministerio de Justicia. La condena podría conocerse en los próximos tres meses, pero los integrantes del tribunal regional le encomendaron al Estado argentino que efectivice mientras tanto medidas concretas que puedan servir como modo de reparación a las víctimas.
“Quienes estaban a cargo del poder público: fiscales, jueces, fuerzas de seguridad, agentes de inteligencia y el Poder Ejecutivo de entonces tomaron la decisión de encubrir la verdad y torcer la investigación, acusando a inocentes y resguardando a personajes cercanos al gobierno” admitió D’Alssandro.
En ese sentido, agregó que el Estado ha cometido “la peor bajeza institucional desde el retorno de la democracia”, en el momento que se decidió pagar 400 mil dólares al desarmador de automóviles Carlos Telleldín con el fin de acusar fraudulentamente a un grupo de policías por el atentado en 1994.
La funcionaria también responsabilizó al Estado por la violación de los derechos de protección judicial y las garantías de acceso a la verdad y a la justicia, y aseguró que “la Argentina es responsable porque las autoridades no buscaron descubrir la verdad, sino resguardar a personas cercanas al poder de entonces”.
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El presidente de la Corte Interamericana, el uruguayo Ricardo Pérez Manrique, agregó que la Argentina no debe esperar a la sentencia para cambiar lo que reclama y puso como ejemplo el hecho de que pude dictar medidas administrativas para tratar la documentación del caso y la desclasificación.
El vicepresidente de la Corte Interamericana, Humberto Sierra Porto, mencionó que tuvo “sentimientos complejos porque el reconocimiento del Estado es más duro que la misma alegación de las víctimas, es un asunto que tiene una dimensión fuera de lo común”.
La querella, a cargo de la letrada Paula Litvachky, también participó de la asamblea y resaltó que el Estado por sí mismo “no fue capaz de averiguar la verdad” y sumó que “tanto con acciones como con desidias, privó a todos de la verdad histórica”.
“Estamos acá por todas las vidas perdidas, por los que fueron forzados a vivir con tanta ausencia y por las generaciones que vendrán. Estamos acá porque no queremos que haya que luchar 30 años para obtener lo que corresponde”, añadió.
Por último, el juez Porto remarcó que Argentina tiene que buscar en su historia las razones de tal inmoralidad: “Solo los argentinos pueden llegar a acuerdos en una materia tan sensible como la organización judicial”.