2022-10-11

ESTAFAS POR MÁS DE 50 MILLONES DE PESOS

Inmobiliaria Gutiérrez: acumulan nuevos hechos y prorrogan la prisión preventiva

El juez de Garantías Sergio Pichetto, admitió cuatro nuevos hechos que el fiscal Tomás Soto atribuyó a Norberto Gutiérrez, quien acumula una treintena de denuncias por estafas, falsificación de documentos y otros delitos. Además, se reprogramó la imputación formal para Laura Zannoni, a quien atribuyen tres hechos.

Gutiérrez lleva meses detenido con prisión preventiva, tras ser acusado en dos ocasiones por una importante cantidad de hechos en los que repitió una conducta criminal, tendiente a engañar a diversas personas, con un perjuicio económico superior a los cincuenta millones de pesos. Ahora cuando estaba cerca de plantearse la elevación a juicio del caso, el fiscal amplió la acusación con otros cuatro hechos. En consecuencia solicitó una prórroga de dos meses en la investigación de todos los casos y de la prisión preventiva sobre Gutiérrez por el mismo plazo.

En una audiencia desarrollada este martes, el fiscal Soto acusó a Gutiérrez por un hecho ocurrido entre los meses de julio y agosto de 2021 y hasta mediados de noviembre. Siguiendo la modalidad de otros hechos que ya le habían reprochado, mediante engaños y una puesta en escena, Gutiérrez hizo creer a un hombre que revendería un lote a cambio de veinte mil dólares.

De tal manera se produjo un pago inicial de 5 mil en julio, otros 5 mil en agosto y finalmente el saldo a mediados de noviembre, Gutiérrez confeccionó recibos con su firma y además rubricaron un boleto de cesión de derechos y otro de compraventa. Además, Gutiérrez exhibió un poder falsificado en el que aparecía como apoderado de la firma Lagos de Bariloche Sociedad Anónima.

Otro hecho ocurrido en septiembre de 2020, cuando Gutiérrez se hizo pasar como gestor y representante del IPPV y prometió una vivienda a cambio de dos mil dólares. Explicó a la damnificada que se trataba de un remanente de viviendas que habían quedado sin adjudicar y una semana después del pago, Gutiérrez entregó un acta de tenencia precaria que era apócrifa, con firma de autoridades adulteradas. De acuerdo al tipo de cambio, la estafa orilló el millón de pesos. Le atribuyeron también la utilización de instrumento público falso.

También le atribuyeron un hecho ocurrido en febrero de 2019, cuando vendió una vivienda de la calle Las Bayas, en el barrio Cooperativa 258, por el que cobró 60 mil pesos.

Y finalmente, otro caso de estafa vinculado a una vivienda del IPPV. En la ocasión, en julio de 2020, abordó a una pareja que salía de las oficinas de la dependencia gubernamental con la respuesta negativa respecto a su inscripción para acceder a un plan de viviendas.

Gutiérrez señaló que todo aquello estaba por cambiar, que él sería el nuevo director del IPPV y en una pequeña oficina ubicada en el mismo edificio prometió una vivienda a cambio de 500 mil pesos. Nuevamente entregó un acta de tenencia precaria, lo que le valió otra imputación por estafa y falsificación y utilización de instrumentos públicos falsificados.

La bandita de Gutiérrez

En los meses previos el fiscal Soto además de acusar a Gutiérrez presentó cargos contra Diego Cid, Ezequiel Cid y Claudio Seguel.

Se trata de una investigación ciertamente llamativa y sin precedentes en la ciudad. Una verdadera organización criminal que obtuvo jugosas ganancias a partir de una lista interminable de estafas y engaños que perpetraron valiéndose de sellos robados, firmas copiadas, documentación oficial adulterada y otros elementos, con los que indujeron al error a las víctimas.

Una pata clave de la investigación resultan las escuchas telefónicas que acreditan la participación en los hechos de todos los protagonistas, pero hay más. Porque en diversos allanamientos recuperaron gran parte de la documentación que se utilizó para engañar a las víctimas y además, varios automóviles que estos entregaron en parte de pago de las propiedades que pensaban adquirir.

Pero apenas un día después de ser acusado, Raúl Ezequiel Cid se declaró culpable en un juicio abreviado y resultó condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso.

Este martes estaba prevista la imputación contra Laura Zannoni por tres hechos, pero el defensor particular Marcelo Ponzone reclamó una postergación para poder tomar contacto con el legajo judicial y así poder desarrollar una defensa efectiva.

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