“Se ha elegido la vía de la criminalización del conflicto”

A partir del desalojo que se emprendió el martes en Villa Mascardi, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Bariloche se consideró: “Se ha elegido la vía de la criminalización del conflicto”.

De esa manera, ante lo que se calificó como “el procedimiento violento efectuado por las fuerzas federales contra la comunidad Lafken Winkul Mapu”, se indicó que la medida demostró “la decisión política de no dialogar en los conflictos de recuperación territorial de los pueblos originarios”.

En un comunicado que lleva la firma del presidente de la APDH local, Ezequiel Palavecino, como así también de representantes de la Secretaría de Pueblos Originarios de la entidad, se destaca que el desalojo incluyó “la detención de niños y mujeres”.

Además, en el texto se señala que la medida apunta a lo que “viene solicitando la derecha neofascista de nuestro país, encabezada por Patricia Bullrich”.

“El procedimiento nos hizo recordar al que culminara con el asesinato de Rafael Nahuel, aún impune, con el agravante de que se impidió a la APDH, al obispo y a la prensa poder supervisar o participar de dicho procedimiento. Hemos impulsado un habeas corpus preventivo junto a los compañeros de la Liga Argentina por los Derechos Humanos para poder proteger a los niños que aún se encuentran en el territorio, así como la excarcelación de las mujeres detenidas”, dice el comunicado, que continúa: “La llegada de pertrechos militares por tierra y aire preanunciaba, como denunciamos, este acto represivo impulsado por Consenso Bariloche y la derecha neofascista, que fue imposible detener, pese a nuestra insistencia a nivel nacional”.

“Es evidente que ha primado la ideología genocida de la 'Conquista del Desierto' por sobre el respeto de los derechos ancestrales de los pueblos originarios garantizados por los tratados internacionales y la reforma constitucional de 1994. No en vano se ignora la propiedad comunitaria, la aplicación de la Ley 26.160 o la consulta previa informada en las explotaciones extractivistas en sus territorios”, concluye el texto.