Patricia Bullrich: “Hay mucha gente que no está dispuesta a que la Argentina sea un país sin ley”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, fue la sorpresa de la marcha que se realizó el domingo por la situación que se vive en Villa Mascardi.

Para muchos, la dirigente política es sinónimo de un accionar “fuerte” que podría ser la solución en el lugar.

Para otros, en cambio, es la persona señalada por el procedimiento que derivó en la muerte de Rafael Nahuel en noviembre de 2017, cuando el conflicto recién comenzaba.

Ella sabe que en esta región su persona se mueve entre esas visiones opuestas.

Igualmente, no ha dejado de venir y -eso es digno de destacar- contestar lo que se le consulte. Incluso, las preguntas incómodas.

Así, hacia el final de la manifestación, en un momento de tranquilidad, cuando ya había pasado la vorágine de los pedidos de fotografías y de las palabras que la alentaban a continuar con la línea dura con la que se la identifica, se prestó a una conversación “caminada”.

–¿Qué la hizo decidir venir a la zona?

–Mi responsabilidad, como presidenta del PRO y como ciudadana comprometida, es representar las causas que se relacionan con las grandes mayorías. Creo que lo que tiene que ver con las usurpaciones, la violencia, los incendios, las casas que toman con gente dentro –a la que le pegan– y la falta de ley en general es una cuestión que sucede aquí y en todo el país. Que yo pueda representar esa idea de que la ley tiene que estar por encima de todos, que no hay ciudadanos que tienen privilegios por ideología, es lo más importante.

–Habla de una situación que sucede en todo el territorio, sin embargo, en esta región tiene aristas particulares, porque se une a la temática indígena. ¿Cómo se hace para enfrentar la cuestión cuando todo eso se conjuga?

–La temática indígena tiene una solución. Se resolvió en la Constitución. Hay una norma. Existe la posibilidad, entre la provincia, la Nación, las comunidades y los propietarios, de buscar soluciones, pero no puede ser en el marco de la violencia. Lo que tendríamos que hacer es, a todo aquel que busque una salida por fuera de las normas, sacarle el derecho, porque el derecho para los pueblos originarios, que está en la Constitución, luego tiene una ley que lo regula. Hay que ir por ese camino, no por el de la usurpación, la violencia y la quema, ni echar a la gente que tiene su título de propiedad. No es así.

–En este caso, para usted, ¿qué corresponde? ¿El desalojo?

–Para mí, hay que desalojar todas las tierras usurpadas, y hay que volver a una ley que tenga plazo, porque no puede ser eterna.

–Habla de la 26.160 (de emergencia territorial indígena)…

–Sí, no debe ser eterna, no pueden nacer comunidades todos los días. Tiene que haber una cantidad determinada, las que están inscriptas en el registro, e ir solucionando los temas, no patear la cuestión siempre para adelante, porque eso genera el desorden total. Eso es para los que proceden de buena fe, para los que lo hacen de mala fe, fuera de la ley, rige el Código Penal, y se les debe sacar ese derecho, porque actúan con violencia y ponen en riesgo la vida y la propiedad de la gente.

–Aquí hay muchos que dicen apoyar la decisión de desalojar, pero temen que se produzca una nueva muerte, ¿cómo se debería enfrentar ese tema?

–No se debe gobernar con temor. La ley hay que ponerla en vigencia, si no vamos a estar siempre en la misma disyuntiva. El que dice eso, de alguna manera, lo que hace es paralizar y no cumplir con su responsabilidad. Es una falta de autoridad total. No se puede vivir en un país donde la autoridad, que tiene el monopolio de la fuerza, no lo ejerza. Estamos siempre extorsionados por “el miedo a…”, y eso no puede ser.

–¿Cómo tomó la noticia de que la Gendarmería dejó un lugar que era agredido? Me refiero a lo que sucedió el domingo 25 de septiembre por la noche, cuando se produjo el ataque incendiario en Los Radales. 

–Ese domingo, los gendarmes estaban dentro de Los Radales y les dijeron que no dispararan. Les dieron instrucciones. Me imagino que deben haberse sentido muy mal. Les ordenaron replegarse. Si disparaban en la noche, les podían hacer cualquier cosa… Porque este gobierno es el mundo del revés, siempre protege a los delincuentes y deja sin protección a las fuerzas de seguridad, que, en ese caso, estaban ahí por decisión de las autoridades nacionales.

–¿Considera, entonces, que, ante el ataque, tendrían que haber disparado?

–Tienen que repeler el ataque, no se pueden dejar tirotear. Lo importante no es lo que hicieron, sino la instrucción que les dio el gobierno nacional. No sé si tenían que haber tirado o no, no estuve en ese momento, no puedo saber exactamente lo que sucedió, lo que sí sé es que no se puede dejar que las fuerzas de seguridad sean atacadas. Dos días después vinieron con la fiscal y les dijeron que no hagan nada.

–Se puede entender que, ante una agresión, quizá por el número de atacantes, les ordenen a los efectivos: “Repliéguense”. Pero llama la atención que en el puesto de Gendarmería ubicado junto a la seccional de Parques Nacionales, el martes por la noche, se haya tomado la decisión de retirar a las fuerzas… Si hay una amenaza, ¿lo correcto no es que los gendarmes le indiquen al guardaparque: “Váyase, que nosotros nos quedamos”, en vez de: “Se tiene que ir porque si no se queda solo; nos vamos”?

–A ellos, la fiscal les dijo que se fueran… Eso es lo que sé, no soy ministro de Seguridad. Pero hasta el Sindicato de Guardaparques salió a decir que Mascardi era una zona liberada, y lo que no se puede permitir, justamente, es la zona liberada. La Gendarmería y cualquier otra fuerza están para garantizar el orden, no para replegarse. Es lo que yo creo.

–¿Por qué piensa que se llegó a este punto?

–Porque el gobierno es parte del problema.

–¿Cree que hace falta una decisión política o que es un tema judicial?

–Es una decisión política. Hay instrumentos legales para hacer una distribución de tierras a determinadas comunidades originarias. Pero no es con violencia, con grupos terroristas, con usurpación de casas, quemando, golpeando gente… No es así. Es otro el sistema que hay que llevar adelante, uno de racionalidad, de acuerdo, de convivencia. La Argentina tiene un solo Código Penal y hay que ponerlo en marcha, y una Constitución, con la defensa de la propiedad privada y la no aceptación de la violación de ese principio.

–¿Cuándo piensa que se va a solucionar esta cuestión?

–Con este gobierno, resultará difícil… Porque es muy, muy, muy parte del problema.

–Si existiera ese supuesto apoyo del gobierno a lo que sucede, para que la situación se extienda en el tiempo, ¿qué razón le encuentra?

–Por ideología, porque respalda a Nicaragua, a Venezuela, por todo eso… Apoya a los peores regímenes del mundo.

–Si el PRO fuera gobierno, ¿realmente cree que esto se terminaría?

–Por supuesto. Nosotros ya hemos llevado adelante una práctica concreta, haciendo un Comando Unificado en esta zona, con las tres provincias (Chubut, Neuquén y Río Negro), sus procuradores y el de Nación, los ministerios de Seguridad y los gobernadores, con una persecución penal en todos los casos donde había incendios… Logramos bajar muchísimo la violencia, conseguimos parar al terrorismo. Se hizo el proceso de extradición de Facundo Jones Huala, que era lo que correspondía. Pero vino este gobierno y dio vuelta todo… Desarmaron el Comando... Ahora parece que lo van a armar de nuevo, pero, en la actualidad, la zona entera se encuentra tomada; durante mucho tiempo, dejaron todo liberado.

–Sabe que, cuando dice: “Logramos bajar muchísimo la violencia”, muchos van a recordar lo que ocurrió con Rafael Nahuel…

–Lo de Rafael Nahuel, a mi buen entender, se dio cuando las fuerzas de seguridad fueron a intentar liberar ese territorio y las atacaron con armas de fuego. ¿En qué país vamos a vivir? ¿En el mundo del revés?

–Antes nombró a Jones Huala, ¿cree, como dicen muchos, que se encuentra en la zona?

–Sí, lo han visto por acá. 

–¿Con qué sensación se va?

–Con que hay mucha gente que no está dispuesta a que la Argentina sea un país sin ley.