“No coincido con la decisión que ha tomado la comunidad con respecto a la reivindicación de La Cristalina”

El werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, a partir de la situación que se vive en Villa Mascardi, hizo un análisis con respecto a las comunidades, los problemas históricos y las violencias (la histórica y la actual), recalcando que el eje de todo es la posesión de la tierra.

“La mayor decisión que tiene que tener el Estado es reconocer un genocidio, la preexistencia de los pueblos originarios…”, señaló el referente indígena.

En tal sentido, indicó: “La incorporación de la Patagonia al Estado argentino, hace ciento cuarenta años, significó la anexión de más de ciento cuarenta y tres millones de hectáreas, que están concentradas en pocas manos”.

“En términos cuantitativos, si se analiza qué cantidad de hectáreas está en juego en cada conflicto territorial, no se trata ni del uno por ciento de lo que han incorporado”, afirmó.

“No estamos pidiendo que devuelvan Carhué, Bahía Blanca, Azul o toda La Pampa”, recalcó.

“Se necesita diálogo y la decisión política de entregar tierras aptas y suficientes”, aseveró.

Foto: Matías Garay.

Cuando se le consultó por qué respaldaban a la lof Lafken Winkul Mapu, sobre la que gira la problemática de Villa Mascardi, el werken expresó: “No podemos desconocer a alguna comunidad, dejarla librada a la violencia histórica del Estado, por más que no compartamos su metodología”.

“Lo que nosotros estamos buscando es una discusión política mucho más amplia, porque el problema del conflicto mapuche no es Mascardi”, consideró.

Así, expuso: “El conflicto de las comunidades mapuches en Río Negro tiene más de cien años, con un montón de muertos, familias corridas y una historia mucho más violenta que lo que usted puede ver en Mascardi”.

“El problema de la violencia lo instaló el Estado, históricamente”, añadió.

En ese punto, resaltó: “Nuestra organización tiene alrededor de cincuenta años y viene luchando siempre en el diálogo, aunque no logra nada, y eso también es grave”.

Al respecto, citó diferentes cuestiones que tienen que ver con lo que considera que son falencias en el accionar del Estado. Mencionó, por ejemplo, la imposibilidad de que se aplique el derecho indígena, la no realización del relevamiento que indica la Ley 26160, y los inconvenientes relacionados con el fondo de desarrollo de las comunidades indígenas en Río Negro. “Todas esas carencias hacen a las dificultades y, sin embargo, siempre, como organización política, apostamos al diálogo”.

Por otra parte, recordó la primera conversación que mantuvo con el ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler. “El 30 de diciembre de 2019, cuando tuvimos una comunicación telefónica, que fue larga, dijo que el gobierno quería correr a la comunidad Lafken Winkul, porque no tenía que estar ahí. Yo, por supuesto, planteé otra discusión”.

“En ese sentido, por más que no coincida con los métodos que tenga tal o cual comunidad, no es una posición política valedera desconocerla y así habilitar que el Estado avance violentamente y no resuelva el problema histórico”, manifestó, para luego justificar esas palabras ahondando: “Porque la situación de las comunidades con respecto a las tierras no la resolvieron, históricamente, ni la provincia de Río Negro ni la Argentina”.

“Cuando uno demanda voluntad política para aplicar el derecho indígena estamos diciendo devolver tierras”, dijo, para que quede en claro la posición.

Foto: Matías Garay.

Sobre lo que sucedió recientemente con las fuerzas federales en Villa Mascardi, tanto en lo que hace a la partida del puesto de vigilancia junto a la seccional de Parques Nacionales el martes por la noche, como la reacción –o falta de ella– cuando fue atacado el predio de Los Radales, donde se encontraba una casilla de vigilancia que fue incendiada, Carriqueo razonó: “La Gendarmería, obviamente, tiene que explicar muchas cosas”.

Además, observó: “Me sorprendió que estuviese vigilando a Los Radales, ya que no es su función estar en propiedad privada. Cuando nosotros pedimos, en la mesa alternativa de resolución de conflictos, que cuidara a la comunidad Buenuleo, porque decíamos que habían liberado la zona para que los atacaran, eso no sucedió. Nos dijeron que Gendarmería no podía cuidar propiedades privadas”. 

Haciendo foco en la agresión del domingo en Los Radales, trazó dudas sobre lo que sucedió: “Lo del repliegue en un ataque, en una hora nocturna… Conociendo el modo de actuar de Gendarmería, que retroceda frente a un agresión me parece inexplicable…”.

Carriqueo reflexionó: “Por más que haya cambiado el Gobierno, la Gendarmería no varió, es la misma fuerza represora, represiva y violenta que ha actuado en muchos de los conflictos con comunidades”.

“Nosotros venimos denunciando que hay que investigar y dilucidar qué pasa con esos atentados, más allá de los indicios que puedan tener, porque la función del Estado no es presuponer, sino poner todas las pruebas claramente, que digan quiénes son, cómo se llevó adelante, qué método se utilizó, quiénes lo hicieron”, planteó el werken. 

“El Gobierno nacional bajó entre cien y doscientos millones de pesos para equipar toda esa zona con cámaras y equipos de comunicación. Todos los teléfonos en esa área están intervenidos, con lo cual el Estado tiene un real conocimiento de los movimientos. Nosotros decimos que parte de eso es ilegal, porque en la zona actúa la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y también actúa la Inteligencia de la provincia de Río Negro”, alegó. 

“Una cosa es la acusación infundada, con los titulares de los diarios, y otra distinta la que cuenta con pruebas. Sobre todo, porque nosotros venimos sospechando de una seguidilla de actos, desde el atentado al Club Andino (Piltriquitrón, en El Bolsón, en octubre de 2021), donde aparece ese primer panfleto que habla de ‘lo nacional’, que se repite en un asalto que tuvo una pareja cerca de El Bolsón, donde también apareció un papel, cuando claramente el relato de la persona atacada hablaba solo de que le pedían plata, nunca dijeron que los atacantes eran mapuches. En cuanto a lo del 1 de agosto (el incendio anterior en Los Radales, donde la vivienda principal quedó hecha escombros), la Lafken nunca reivindicó la causa por la muerte de Santiago Maldonado, por eso resulta sospechoso que en esa fecha (en un día así, pero de 2017, desapareció Maldonado) se produjera una acción de ese tipo”, desarrolló.

“Espero que el Estado nacional resuelva esta situación, que se ha extendido en el tiempo más de lo debido”, formuló.

Sobre cuál sería el fin del problema, opinó: “Yo he planteado que el Ministerio de Ambiente (y Desarrollo Sostenible) tiene la solución para resolver el inconveniente territorial de muchas comunidades de las que hay en la provincia de Río Negro. Porque este (el de Mascardi) no es el único conflicto”.

“Espero que exista la claridad política para que ese sea el camino, no el Comando Unificado”, soltó, recordando la época de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad.  

“Una de las aristas puede ser el conflicto en Villa Mascardi, pero el problema es mucho más amplio”, reflexionó el werken.

“Si no se devuelven tierras a las comunidades, el conflicto, de una manera pacífica, o de otra violenta, se va a repetir, porque esto tiene que ver con un problema que el Estado argentino no resuelve”, recalcó.

“El Estado está esperando que nosotros desconozcamos a una familia mapuche, a una comunidad, para que eso le dé carta blanca para ingresar, correr a la gente y matar”, declaró, indicando que ese no sería el camino que tomaría la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro.

Foto: Matías Garay.

Igualmente, no esquivó la pregunta directa, sobre su opinión concreta sobre el accionar de la Lafken Winkul Mapu, y develó: “En lo personal, no coincido con la decisión que ha tomado la comunidad con respecto a la reivindicación de La Cristalina, porque me parece que no es el momento, pero yo no puedo atribuirme decisiones que les corresponden a las comunidades, porque son ellas quienes las toman”.