A seis años de la desaparición de Lucas Muñoz: el crimen que salpicó a la Policía 

El oficial Lucas Muñóz desapareció el 14 de julio de 2016 cuando se dirigía a tomar servicio en la Comisaría 42 del Alto de la ciudad. Nunca llegó. Estuvo desaparecido 27 días hasta que su cadáver fue encontrado con un balazo en la cabeza. Un pacto de silencio y un complejo entramado de versiones que desviaron la investigación, consagraron la impunidad.

Todos los caminos concluyeron en la impunidad que al día de hoy parece imposible quebrar. Los rastrillajes sin rumbo, los testimonios, las pistas falsas y un accionar policial dudoso, desviaron toda posibilidad de descubrir la verdad. A seis años de la desaparición, el caso giró en círculos que no llevaron a nada.

El cadáver de Lucas Muñóz fue hallado el 10 de agosto, en un descampado ubicado a la vera de la ruta de Circunvalación. Estaba con su uniforme policial en impecable estado y el cuerpo no tenía señales de haber estado abandonado o en mal estado de aseo. Tras la desaparición hubo desplazamientos en la cúpula policial, retiros y policías condenados, pero nada llevó a la verdad.

La investigación recayó en el fiscal Martín Govetto, quien se abocó exclusivamente al caso durante meses, comandando un equipo aportado por el Ministerio Público Fiscal. Pero en el caso también fue relevante la participación de los abogados querellantes Jorge Pschunder y Karina Chueri, quienes mantuvieron frecuentes altercados con el fiscal y aportaron pruebas que tampoco condujeron a nada y pese a la desconfianza del fiscal, las medidas sugeridas fueron autorizadas por el juez Bernardo Campana.

La conclusión al día de hoy no existe. Se dijo que lo secuestraron mientras caminaba por la calle, pero también se sospechó que había sido "chupado" desde el interior de la unidad 42, a la que debía presentarse a tomar servicio.

Se dijo que en el caso participó una banda organizada con vinculaciones directas al narcotráfico y la trata de personas. Se dijo que había visto o descubierto algo, se dijo que se trató de un secuestro extorsivo, se habló de fiestas sexuales, se tejieron un millón de versiones, pero nada permitió arribar a una conclusión seria en relación al  móvil ni a los responsables del crimen.

Pero ¿qué fue lo que desvió la investigación y empantanó el caso? Versiones que llegaron a la investigación por diversas vías, que apuntaron los cañones hacia una hipótesis que no condujo a nada. Las versiones denunciaba una organización criminal con participación policial, dedicada al tráfico de drogas y mujeres -de ahí la vinculación al caso casi contemporáneo de Micaela Bravo-, pero a pesar de la investigación en varios frentes, nada pudo ser confirmado.

Testigos de identidad reservada que declararon en el domicilio particular del abogado Jorge Pschunder, un perro rastreador en manos de un adiestrador poco serio, mensajes desde perfiles falsos de las redes sociales, versiones anónimas, un expediente del Juzgado Federal de Bariloche y la insistencia permanente de la querella que apuntaban a dos jefes policiales y a un dirigente vecinal como presuntos integrantes de la supuesta banda, embarraron la cancha. Pero nadie halló un mínimo elemento que permita confirmar esa hipótesis y todo lo actuado no generó más que ruido. En el predio turístico del dirigente vecinal y los numerosos edificios instalados allí no se hallaron drogas, ni armas, ni siquiera elemento alguno que permita vincular a los ocupantes del lugar con la desaparición y posterior crimen de Muñoz. Tampoco surgió nada de las escuchas telefónicas ordenadas en ese entonces.

Fuentes muy cercanas a la investigación, aseguran que todo fue urdido por altas esferas provinciales y policiales, calificando lo actuado como “vergonzoso”. Los querellantes fueron “usados”, aseguran.
La cuestión no puede pasar desapercibida, pues cuando la querella del caso comenzó a pedir la realización de medidas de prueba en el marco del expediente, el fiscal del caso, Martín Govetto, las rechazó e indicó que manejaba esa hipótesis desde el comienzo de la investigación, cuando Lucas Muñoz aún era un desaparecido. Pero la querella insistió y el juez Bernardo Campana le otorgó el permiso para requisar todo el predio, que luego se repitió en dos ocasiones con presencia de canes rastreadores.

Sergio Herrero, José Jaramillo y Rodolfo Aballay estuvieron bajo la lupa de la querella. Pero ni en los informes de las fuerzas federales que actuaron ni en el marco del expediente que se tramitó en sede del Juzgado Federal, lograron avanzar y realizar una imputación formal sobre una presunta organización narcocriminal. Ni siquiera la parte querellante que impulsó vehementemente esas acciones y entonces aseguró que habían dado con pistas clave y elementos probatorios trascendentes, pidió avanzar sobre esos nombres. Nunca pasaron la barrera de una ligera sospecha, no estuvieron ni cerca de ser imputados y hoy podría afirmarse que fueron los "perejiles", que permitieron desviar la investigación.

Es más, Sergio Herrero quedó tan expuesto  y afectado que presionó hasta que el juez Campana escuchó sus quejas y emitió en diciembre del 2016 un inédito comunicado de prensa en el que procuró limpiar su imagen: “los resultados de las pericias realizadas hasta el momento en el inmueble y sobre los efectos secuestrados, no permiten vincular con prueba objetiva a Lucas Muñoz o al hecho perpetrado en su contra con ese establecimiento” escribió y agregó el magistrado “el fiscal de la causa Martín Govetto no ha formulado ninguna imputación contra Herrero”.

Lo único sobre lo que quedó como certeza al día de hoy es de la participación de Luis Irusta y Maximiliano Morales, compañeros de Muñóz, quienes perpetraron un allanamiento ilegal, sin autorización de sus superiores ni del juez interviniente, en el domicilio del oficial en el centro de la ciudad. Revisaron documentos, computadora y enviaron desde sus teléfonos celulares a un superior, fotografías que tomaron. Fueron condenados.

Néstor Meyrelles y Federico Valenzuela, también fueron condenados. Fueron investigados y se confirmó que activaron un chip de telefonía celular a nombre de Lucas Muñóz en Catriel y desviaron la investigación durante días. Se defendieron señalando que pretendieron ayudar y creyeron que con esa maniobra obtendrían una lista de las últimas llamadas entrantes y salientes del teléfono del oficial ayudante por entonces desaparecido.

Los cuatro policías condenados no contaron nada más. Los mensajes anónimos sembraron dudas pero ningún dato concreto, como sucedió con cada uno de los testimonios policiales incorporados a la compleja investigación. Todo condujo a un callejón sin salida.

Aunque parezca increíble, lo único cierto que queda a seis años de la desaparición, es que Lucas Muñóz fue secuestrado, permaneció en esa condición durante 27 días y que lo ultimaron utilizando su propia arma 9 mm provista por la fuerza, alrededor de 24 horas antes de su hallazgo.

Aunque sea imposible confirmar, una fuente confiable reveló que en su lecho de muerte, un alto miembro de la fuerza policial le puso nombre y apellido al autor del crimen de Muñóz: Boris Hermosilla. El sujeto, que cuenta con diversas condenas y antecedentes fue investigado en el caso, pero no encontraron elementos para vincularlo. Es más, al parecer su nombre aparecía automáticamente en cualquier causa, ya que también fue sospechoso en el caso de Micaela Bravo y hasta se cotejó su ADN sin resultados positivos.

En el expediente hay quienes aseguran que Boris Hermosilla se había reunido con Lucas Muñóz pocos días antes de su desaparición. También aseguran que estando detenido por otros casos compartió celda con otro sujeto que misteriosamente se "suicidó" dentro del Penal 3, luego de que al parecer hubiera contactado a la parte querellante para "aportar" información sobre el caso.

Hoy, a seis años de la desaparición del oficial ayudante Lucas Muñóz, la investigación está paralizada y el caso se suma a una larga lista de crimenes impunes que se registran en la ciudad.