El municipio deberá pagarle casi $8 millones a Vicente Mazzaglia

Después de una década de decisiones políticas, polémicas, fallos judiciales, apelaciones y diversas instancias, se acabó la novela. El municipio de Bariloche deberá pagarle al ex defensor del Pueblo Vicente Mazzaglia, la suma de $7.800.000.

La noticia llega pocos días después de haberse hecho público el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, la cual rechazó la apelación que intentó la Comuna y aceptó el planteo de la empresa Micrómnibus 3 de Mayo S.A. y actualizó el monto indemnizatorio en 251 millones de pesos, que el Estado deberá pagar por los perjuicios económicos derivados de la incautación irregular de los bienes que dispuso la exintendenta María Eugenia Martini en 2014.

En lo que respecta al caso Mazzaglia, el municipio apeló en diferentes instancias, interpuso un recurso de Casación y lo declararon inadmisible. Además, recurrió en queja ante el Superior Tribunal de Justicia y la rechazaron, por lo que la sentencia está firme y esencialmente considera que si las ordenanzas que dispusieron la suspensión en las funciones de Mazzaglia, fueron declaradas nulas por la Justicia, el municipio debe responder entonces por los daños y perjuicios ocasionados en el curso de su gestión la que culminó cuando fuera suspendido en el cargo.

Mazzaglia acudió a la justicia y obtuvo la declaración de inconstitucionalidad de las ordenanzas que dispusieron la suspensión. En dicho trámite, el STJ hizo lugar, toda vez que en la sanción de las ordenanzas, se había violado su derecho de defensa en juicio contemplado en el art. 18 de la Constitución Nacional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 22 de la Constitución Provincial y 77, 154 y 155 de la Carta Orgánica Municipal.

Dicha resolución quedó firme al haberse denegado el recurso extraordinario interpuesto por el municipio. Por ello, señala la sentencia, "puede decirse que la conducta desplegada por la demandada -Municipalidad- fue irregular, y que, esa sola circunstancia alcanza para atribuirle la responsabilidad por el daño ocasionado". Las costas deberán ser asumidas por la parte demandada, es decir la Municipalidad.

En la presentación de la demanda, Mazzaglia, a través de su representante legal, sostuvo que fue designado como defensor del Pueblo en abril de 2009 por el término de cuatro años con la posibilidad de ser reelecto otros cuatro años. Luego de fuertes conflictos con el entonces intendente Omar Goye y varios concejales del oficialismo, en junio de 2012 fue suspendido en el cargo hasta la finalización de su mandato.

Destacó que el ilegal proceso que derivó en su suspensión, comenzó con una denuncia administrativa nunca probada, agregando que el Superior Tribunal de Justicia decretó la inconstitucionalidad de las ordenanzas que lo suspendieron del cargo y resolvió que había sido destituido ilegalmente. Hizo referencia a la repercusión pública que generó su situación.