“En el gobierno de Río Negro tendría que haber un mejor asesoramiento con respecto a la cuestión indígena”

Ante el anuncio de la gobernadora, Arabela Carreras, referido a un proyecto que incluirá la temática de la adjudicación de títulos de propiedad comunitaria, así como el aviso de la creación de una Dirección de Pueblos Originarios para tratar la cuestión, tuvo una rápida respuesta de organizaciones indígenas que, por un lado, critican la falta de consulta previa, y, por otra parte, exponen que la acción tiende a un desplazamiento del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) del centro de la escena.

El domingo, en una conversación con El Cordillerano, la gobernadora indicó que las funciones no se superpondrán.

Además, ante los reclamos por la carencia de una conversación previa sobre la cuestión, Carreras expuso: “No es requisito constitucional para la Gobernación hacer ningún tipo de consulta a la hora de nombrar a su equipo de trabajo, a sus funcionarios”.

En tal sentido, el werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, opinó: “En el gobierno de Río Negro tendría que haber un mejor asesoramiento con respecto a la cuestión indígena”.

“Uno sospecha que no hay conocimiento cabal de lo que significa el derecho indígena, o directamente se nos toma como enemigos del gobierno y se actúa en consecuencia”, apreció Carriqueo, a la vez que advirtió: “Por ese camino, los conflictos no se pueden solucionar”.

De esa manera, recordó el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los pueblos indígenas y tribales, donde se expone que los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Carriqueo dijo: “Hay un principio acerca de que las medidas de gobierno no son judicializables, pero el derecho indígena cambia la situación, porque el Convenio 169 queda por encima, y hay que adecuar la legislación del Estado para su aplicación”.

“Son ejes que el gobierno de Río Negro no los está teniendo en cuenta”, afirmó.

En la misma línea, consideró que “el organismo para arreglar los problemas de las comunidades es el CODECI, no existe otro”.

“Me parece que si queremos solucionar los conflictos lo importante es darle fortaleza a ese organismo de cogestión”, señaló, para luego ampliar: “No hay nada más democrático, desde una perspectiva política, que sumarse a una cogestión con un pueblo que tiene otra dinámica, otra visión de crecimiento, otra perspectiva económica, que posee conocimientos milenarios en cuanto a la salud... todas cuestiones que resulta necesario poder trasladarlas, de alguna manera, para incorporarlas, a través de distintos mecanismos, a la sociedad”.

“Por eso, nos llama la atención esta situación. Primero, la falta de consulta acerca de la creación de la Dirección; eso es central. En la Argentina existen antecedentes en cuanto al no cumplimiento de la consulta: en Chubut hay una medida cautelar vigente sobre un decreto que intentó modificar la composición del Consejo Consultivo Indígena para favorecer el proyecto minero en esa provincia. Y el hecho más sobresaliente tiene que ver con la creación de Villa Pehuenia (en Neuquén), dentro del territorio comunitario, que terminó con una decisión de la Corte Suprema de Justicia, cuatro a uno, a favor del derecho a la consulta, que es una obligación para los Estados, no se trata de un capricho nuestro”, remarcó.

“Crear una Dirección tiene que ver mucho más con el clientelismo político, y con la idea de desarticular más al CODECI, que con solucionar los problemas de fondo, que son históricos y merecen un tratamiento distinto; una ley que intente tapar el despojo, a la corta o a la larga, va a generar conflicto”, reflexionó.