Hace algo más de un año, legisladores provinciales se pronunciaban contra Lewis

Resurgió, en la memoria de algunos, un proyecto de comunicación presentado en la legislatura provincial por parte del Frente de Todos hace un año y tres meses, tras lo sucedido en la zona de lago Escondido la semana pasada, con la fallida marcha en reclamo de un sendero libre hacia la costa, y mientras se habla de que Mauricio Macri –acompañado por un funcionario árabe– habría visitado la mansión del empresario británico Joe Lewis en aquel sitio.

En aquel texto se intentaba exponer, ante el Poder Ejecutivo provincial, la necesidad de cumplir con una resolución judicial de 2009 del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, con “la creación, por interés público, de la servidumbre administrativa sobre el camino de Tacuifí, a fines de garantizar el libre acceso al lago Escondido”, como así también incluir el sitio dentro del corredor turístico de Río Negro, ya que se consideraba que lo contrario era “una muestra de la protección” a quienes se identificaba como “privilegiados”.

Al respecto, los legisladores destacaban que el lugar debería estar incluido en la ruta turística porque, aparte de su belleza, “se encuentra a escasos veinticuatro kilómetros de la transitada Ruta 40 que une la ciudad de El Bolsón con San Carlos de Bariloche”.

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En el proyecto, que tuvo entre sus firmantes a la titular del espacio, María Eugenia Martini, se expresaba que “la causa por el libre acceso al lago Escondido se inició en 2005 por medio de la presentación de un amparo judicial impulsado por la entonces legisladora provincial, María Magdalena Odarda, junto a la gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos”.

En tal sentido, los legisladores reflexionaban que el “proceso que busca hacer respetar el artículo 73 de la Constitución de Río Negro” llevaba “casi quince años de recorrido judicial y más de diez de impunidad”.

De esa forma, referían que, “aún con una sentencia judicial firme que ordena –desde 2009– la apertura del camino de Tacuifí”, el lago Escondido se encontraba “cerrado al público”.

“La demora en el cumplimiento de un amparo ganado por y para los ciudadanos constituye la muestra de impunidad de los privilegiados como Joseph Lewis, que manejan el poder político y judicial”, apreciaban los legisladores.

Así, señalaban que la causa no solo representaba la lucha por recuperar el acceso a un lago, sino que, además, consistía “en la defensa de la soberanía nacional y los derechos constitucionales”.

“Como clara muestra de abuso de estrategias procesales para incumplir la manda judicial, es preciso mencionar que han tomado intervención en la causa más de veinticuatro jueves de nuestra provincia, sin embargo, la cuestión sigue sin resolverse”, manifestaban.

Al respecto, consideraban: “A lo largo de distintas maniobras procesales dilatorias de la empresa Hidden Lake S.A., o ‘Establecimiento lago Escondido’, sumado a la inacción de la Fiscalía de Estado, de VIARSE (hoy Vialidad Rionegrina) y de la Secretaría de Ambiente de Río Negro, dicha resolución se mantiene hasta hoy incumplida por parte del Estado rionegrino, aún habiéndose promovido todo tipo de sanciones por incumplimiento y de haber contestado todos y cada uno de los planteos formulados contra las y los amparistas”.

En el proyecto se recalcaba “la cantidad de Amicus Curiae (amigos del Tribunal) presentados en la causa”, figura que refiere a la posibilidad de que organizaciones sociales ajenas al conflicto comparezcan para brindar su testimonio o postura frente al litigio. Así, el texto indicaba que hubo diez agrupaciones que explicaron los motivos por los que consideraban que había que garantizar el libre acceso al lago.

“El expediente se encuentra a la espera de que alguien eficazmente lleve a cabo la decisión tomada en el año 2009 por el máximo órgano de Justicia de Río Negro. Los retardos, dilaciones y artilugios legales que se han planteado en el expediente, junto a la falta de decisión política en avanzar con el cumplimiento de la sentencia, constituyen el impedimento al acceso a un derecho reconocido judicialmente y perpetúan la impunidad”, aseguraban los legisladores.

“Debe quedar claro que el Gobierno de la Provincia de Río Negro es quien, por sentencia judicial, debió abrir el camino de Tacuifí en un plazo de sesenta días. Si así se hubiera realizado, se habrían evitado muchas lesiones y daños a la integridad de las personas que desde hace años intentan ingresar al lago, pero son violentamente reprimidas por patotas locales organizadas en defensa de una turbación a la propiedad privada que, como queda claro, no existe”, afirmaban. 

“Más allá de los cuestionados métodos con los que la empresa Hidden Lake repele a la ciudadanía y protege la supuesta propiedad privada, debe quedar en clara evidencia los privilegios que conceden los funcionarios del Gobierno de Río Negro y de la Fiscalía de Estado de Río Negro cuando hacen caso omiso al cumplimiento de lo ordenado hace más de diez años por el máximo órgano de Justicia de Río Negro”, sostenían.

Y, aparte de lo que apuntaban con respecto al acceso, mencionaban la posibilidad de una compra fraudulenta de tierras.

Así, explicaban que la adquisición de los terrenos aledaños al espejo de agua databa de 1996. “En franca violación de lo establecido por normas de defensa nacional destinadas a la protección de las fronteras argentinas, se autorizó la venta de cerca de once mil hectáreas de tierras ricas en recursos y bellezas naturales, permitiendo que las mismas pasen a manos del empresario inglés Joseph Lewis, en clara violación de la Ley de Defensa Nacional 23.554 y del Decreto Ley 15.385/44”, denunciaron. 

“Para lograrlo, se realizaron maniobras por las que, primero, se solicitaron autorizaciones en calidad de personas jurídicas nacionales, y, en paralelo, se transfirieron las acciones a manos extranjeras”, relataron los firmantes.

Aquellos reclamos expuestos en la legislatura provincial hace algo más de un año, ante los acontecimientos recientes, vuelven a estar en el candelero.