Carriqueo: "El juez ha tomado una actitud muy parcial a favor de la querella"

“Apenas empezó la audiencia, el juez (Ricardo Calcagno) dijo que no podría hablar”, protestó el werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, quien explicó que, por su condición de tal, estuvo en el encuentro virtual donde se determinó que cuatro integrantes de la comunidad Quemquemtreu desalojen, en el plazo de una semana, voluntariamente el predio en el que se asentaron en Cuesta del Ternero, caso contrario la fiscalía quedó habilitada para recurrir al auxilio de la fuerza pública.

“El juez tampoco atendió el requerimiento de la defensa para que nosotros tomáramos la palabra”, indicó Carriqueo, que, asimismo, recordó que “la Coordinadora tiene un pedido formal en la causa por una audiencia para solicitar una mesa de diálogo”, la cual nunca se realizó.

“Me parece que se ha adelantado a juzgar, y él ahora no tiene ese derecho, cuando se está llevando adelante la investigación y hay algunas presentaciones sin resolver; no es imparcial”, consideró el werken, quien manifestó que “no se ha hecho una inspección en el predio” y se está actuando de acuerdo “a la palabra de Rolando Rocco (quien se presenta como querellante), un personaje que está ligado a la muerte de Elías Garay”, el muchacho asesinado en Cuesta del Ternero el 21 de noviembre.

También destacó que el abogado Ernesto Saavedra “actúa en ambas causas”, por lo que reflexionó que “la situación es muy compleja”.

La mención de Carriqueo apunta a que, además de representar a Rocco por el predio donde se ubicó la lof Quemquemtreu, el letrado asiste a uno de los acusados por el crimen de Garay, Martín Feilberg, que justamente tendría relación comercial con quien es querellante en la causa llevada por usurpación en Cuesta del Ternero.

Además, Carriqueo expuso: “El juez ha tomado una actitud muy parcial a favor de la querella, y creo que, como dijo la abogada  (de la comunidad, Andrea Reile), se va a pedir la recusación, pero nosotros vamos a ir un poco más a fondo, porque me parece que hay que presentar una denuncia en el Consejo de la Magistratura, por un marcado racismo que está teniendo en sus expresiones, en sus formas, lo que quedó en evidencia durante la audiencia; está prejuzgando, y eso es lo más grave para su función”. 

“Por otra parte, por supuesto que nosotros entendemos que no es un juez natural”, apreció.

En tal sentido, consideró que “un juez natural, tal como lo establece el derecho, tiene que conocer la idiosincrasia de la sociedad donde pretende impartir justicia, y nada de lo que corresponde al derecho indígena se toma en resolución, sólo se aplica un código penal que en el Convenio 169 (de la Organización Internacional del Trabajo) está establecido que es impropio, inapropiado para resolver un conflicto territorial con una comunidad, y acá, justamente, lo de que se trata de una comunidad no está en discusión; la misma demanda es contra una comunidad, con lo cual la aplicación del Convenio 169 da por tierra con la misma actuación que debe tener la justicia penal, así que en este caso tiene que apartarse y dar lugar a la mesa de diálogo que se ha pedido”.

Carriqueo recalcó que “también lo que está en cuestión es el legajo de tierras, que se encuentra desaparecido, donde supuestamente figuraría Rocco como poseedor”.

Así, mencionó a la ley 279 de la provincia de Río Negro, con el Régimen de Tierras Fiscales: “La normativa es clara, para ser fiscalero de una porción de terreno se tiene que cumplir con ciertos requisitos, y eso acá, en la situación que tiene Rocco, no pasa, y por eso me parece que hay tanta protección de la justicia y del gobierno: creo que están cuidando otros intereses”, sostuvo.

Sobre la relación con la causa que se sigue por la muerte de Garay, opinó que “hay varias cuestiones que hacen que se vinculen”.

Más allá de hablar de la posición de Saavedra, que, como se indicó, interviene en ambas, citó la situación de la fiscal Betiana Cendón, que también aparece en las dos: “Me parece ilógico; se tendría que excusar de trabajar en estos casos a la vez”, afirmó.

Expuso que en la causa por la muerte de Garay “hay cosas que no están claras”, y puntualizó: “Me refiero a la intervención no sólo de la policía sino también de la titular de Seguridad provincial, Betiana Minor, que se llamó a silencio”.

“Mucho me temo que detrás de esto ni siquiera sea Rocco el principal impulsor, sino que existan intereses económicos de algunas empresas que están escondidas por el gobierno y que se encuentran tras las tierras, por eso tanto apuro y tanto desconocimiento del derecho indígena, y así eligieron a un juez que ha tenido varias recusaciones, con una actuación bastante nefasta, lo que quedó en evidencia con respecto a su manera de expresarse con la imputada, la lamien (lamien) Romina Jones, a la que en todo momento llamó ‘Huala’ (lo que se apreció como una búsqueda de relacionarla con Facundo Jones Huala, detenido en Chile), hasta que se lo hicieron notar”, concluyó.