Derecho indígena

El primer panel del “Encuentro Intercultural: territorio, derecho y pueblos originarios”, que se desarrolló en el Centro Regional Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue, se tituló “Desafíos para el derecho indígena”, y fue uno de los que más captó la atención de los que pudieron ingresar en el aula magna, como también –por lo que se observó en los mensajes– en el espacio virtual.

En primer término, la presidenta de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena, Micaela Gomiz, se refirió al planteo de “salir de las trampas del debate que imponen ciertos sectores de poder y algunos medios de comunicación”.

Sobre esos actores, consideró: “Claramente, hoy están jugando muchísimas cartas en esta discusión coyuntural sobre la legitimidad o ilegitimidad del reclamo territorial mapuche en la provincia de Río Negro”. 

En tal sentido, analizó que se plantea una lucha de los “protectores de la Patria” contra un supuesto enemigo que representaría lo opuesto. Pero, en ese punto, reflexionó: “Los que se consideran defensores de la soberanía nacional, en realidad, muchas veces terminan usando ese discurso para rifar los recursos naturales argentinos a potencias extranjeras, poner las estancias en manos de ingleses, masacrar los obreros que se rebelan en la Patagonia, poner los resortes de la economía argentina en manos monopólicas extranjeras, endeudar al país con organismos internacionales… Todo en nombre de la bandera”.

Como segunda trampa planteó una referida a “las vías de derecho y de hecho”.

Ante tal premisa, apuntó: “Siempre ponen en discusión por qué los mapuches recurren a vías de hecho y no de derecho”, frente a lo cual sostuvo: “Quienes más quieren vías de derecho son los indígenas que reclaman que se aplique el ordenamiento jurídico que tiene la Argentina”.

Así habló de “leyes del propio Estado”, y expresó: “Compromisos asumidos internacionalmente en materia de derechos humanos, pero también internamente, y hacia la sociedad argentina, que alguna vez tuvo la madurez para poner en su Constitución que los pueblos indígenas eran preexistentes”.

“Necesitamos que esas vías de derecho que tanto se pregonan realmente se puedan poner en práctica para que no haya más vías de hecho”, apreció.

También expuso la necesidad de un reconocimiento de lo que calificó como "el genocidio de los pueblos originarios", y afirmó que eso debería suceder “incluso en términos normativos, de actos políticos con pedidos de disculpas”.

“Solo así vamos avanzar después en reparaciones de términos jurídicos; parte de lo que dice la Constitución se basa en reconocer esa preexistencia”, manifestó.

Luego, el director del área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, resaltó “la obligación del Estado argentino de tener una ley de propiedad comunitaria indígena”.

“La Corte Interamericana, en noviembre de 2020, dictó una sentencia interpretativa en relación a una de febrero de ese año que obliga al Estado a tener una ley de propiedad comunitaria indígena, y le recordó a Argentina que esa ley tiene que ser elaborada con las comunidades”, puntualizó.

Después fue el turno del director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, Juan Manuel Salgado, quien afirmó: “La gobernadora no puede hablar como si el Estado rionegrino hubiera cumplido con todos sus deberes y resulta que ‘hay una banda de forajidos que pide cosas imposibles’, cuando en realidad no ha cumplido con casi nada: ha entregado concesiones sobre tierras reclamadas por pueblos mapuches sin ningún tipo de consulta; pretende hacer concesiones mineras sobre territorios, también sin ningún tipo de consulta, sin seguir las pautas que marca la Corte Interamericana en el juicio que la Argentina ha perdido”.

De esa manera, afirmó: “Lo cierto es que el propio Estado es el que vive en una ilegalidad”.