Las pruebas lo beneficiaron, bajó la gravedad de la acusación y fue condenado con prisión en suspenso

Adrián Velázquez Aguilar (29) se declaró culpable y acordó una pena de tres años de prisión en suspenso por el delito de amenazas y transgresión a las normas sanitarias dispuestas para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19. Estaba acusado por un hecho más grave, pero los testimonios recogidos aliviaron su situación.

En el marco de un acuerdo pleno de juicio abreviado, el acusado acordó con la fiscal Betiana Cendón y, contando con el consentimiento de sus defensores Pablo Calello y Estanislao Cazaux, plantearon el acuerdo ante el juez Gregor Joos que lo homologó y dispuso la condena del sujeto.

Velázquez Aguilar estaba imputado por un hecho más grave, pero el avance de la investigación y la recolección de testimonios permitieron diferenciar su accionar en relación a los otros imputados, que permanecen acusados por lesiones en riña, aunque la investigación tiende claramente hacia una tentativa de homicidio que la fiscalía intentará demostrar.

Según la imputación, el hecho ocurrió el 28 de mayo en horas de la noche en un domicilio de la calle Padre Miche al 100, cuando Velázquez Aguilar condujo un automóvil de su propiedad hasta el domicilio de Federico Marín, en el que descendieron los otros imputados: Tomás Montenegro y Sergio Balmaceda.

Blandiendo armas blancas, comenzaron a proferir insultos y amenazas hasta que el propietario de la vivienda y su pareja salieron al exterior, en donde se produjo una gresca generalizada que acabó con Marín y su compañera heridos en diversas partes del cuerpo y con un cuchillo clavado en la frente del sujeto. Según graficó Cendón, bastaban apenas algunos milímetros más para generar un desenlace distinto al caso.

Según la fiscal Cendón, los relatos colectados en el legajo judicial quitaron del momento crítico a Velázquez Aguilar, por lo que se evaluó su conducta y se reformuló la acusación, encuadrando su comportamiento en los delitos de amenazas y violación a las normas sanitarias para evitar la propagación de una epidemia.

En tal sentido, las partes avanzaron en un acuerdo que incluyó la condena por esos delitos, con una pena de tres años de ejecución condicional, con la aplicación de pautas de conducta y el pago de una reparación económica de cincuenta mil pesos, que deberá abonarle a la víctima en cinco cuotas.

Como parte del mismo acuerdo, se acordó la excarcelación inmediata del sujeto que había permanecido detenido desde el momento del hecho y con prisión preventiva tras enfrentar la audiencia de formulación de cargos.