Aclaración tendiente a calmar a los vecinos

El director de Coordinación Territorial de la Zona Andina -de la Secretaría de Estado de Justicia y Seguridad provincial-, Silvio Barriga, expuso que el documento esgrimido por David Gallegos (el hombre que se había asentado en cercanías de la Playa del Viento), con la firma de la Policía, no significaba que “autorizara o no a alguien a estar en el predio”.

“Tal como mencionó El Cordillerano, se trata de una certificación de firmas”, explicó.

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“Por ejemplo, si van dos personas a decir que tienen una sociedad o un vínculo de hecho, la Policía lo que hace es solo corroborar la identificación de quienes firman, pidiendo el DNI de cada uno”, añadió.

“En el caso puntual del Moreno, lo que se hizo fue certificar que una persona le dio permiso a otra para hacer determinada cosa, demostrando la identidad de cada una, pero el contenido del documento no es revisado”, apuntó.

“Solo les pidieron el DNI, para comprobar que fueran quienes decían ser”, señaló.

Las palabras de Barriga llegaron como respuesta a un comunicado de las Juntas del Oeste, donde se informaba acerca de un reclamo al comisario general Osvaldo Tellería, con la intención de que se brindaran aclaraciones al respecto.

Justamente, al consultársele por un requerimiento puntual de los vecinos, en relación a la diferencia de fechas en los timbrados (“¿Es correcto el tiempo cursado entre el pago de la tasa y la confección del acta policial, certificando una sola firma de los dos mencionados en el escrito?”), Barriga señaló: “Sucede como con los contratos de locación, a veces se firman en una fecha y se llevan a sellar otro día”.

Y remarcó: “El timbrado le da validez en cuanto al cumplimiento de la ley impositiva de la provincia, pero sobre la cuestión de fondo no otorga la condición de legalidad”.

Es decir que los sellos corroboran que se cumplió fiscalmente en una certificación de rúbricas donde una persona (el administrador Sergio Moscoso, en nombre de un supuesto dueño) le permitió a otra (David Gallegos) estar con sus animales allí, pero no se refieren a un sustento legal sobre lo que se podría basar eso.

“La validez de lo que dicen esas personas la tiene que resolver el Juzgado Federal, que es donde se tramita el juicio, ya que la Justicia está deliberando quién es el titular dominial”, consideró Barriga.

Si bien dijo comprender que los vecinos tengan dudas respecto al documento que mostró Gallegos, el funcionario aclaró que, antes de la emisión del comunicado, había hablado con la secretaria de la Junta Vecinal Barrio Parque Lago Moreno, Cecilia Suss, para explicarle, precisamente, que “la Policía no legitima lo que dicen, sino que se trata solo de una certificación de firmas, es decir un acto administrativo”.

Más allá de esta clarificación tendiente a calmar a la gente de los barrios cercanos al terreno en conflicto, Barriga recordó que, tanto la Municipalidad como el Gobierno provincial, tienen particular interés en que la situación se resuelva, ya que la zona involucrada es donde se prevé llevar adelante el proyecto del Parque Central.