No hubo acuerdo y no se eligió a la defensora del Pueblo

Los concejales habían acordado designar hoy a la titular de la Defensoría del Pueblo, pero esto no sucedió y la novela parece no tener fin, recordando que el organismo está acéfalo desde el pasado 15 de mayo.

A raíz del amparo presentado por cuatro candidatos al cargo, donde cuestionan que Analía Woloszczuk cumpla con el requisito de residencia -que se refiere a haber vivido los últimos tres años en Bariloche-, se frustró el avance de la designación y se empantanó la discusión en el seno del poder legislativo local.

Después de dos horas de debate, y de un cuarto intermedio que estaba estipulado que sea de una hora y fue dos horas y media, los ediles decidieron llevar las dos propuestas de designación a la comisión legislativa. Siguen en carrera la candidata mencionada y Sonia Gutkin.

En el debate durante la sesión extraordinaria, la presidenta del bloque del Frente de Todos, Julieta Wallace, requirió retirar el proyecto que impulsa a Woloszczuk y como eso no prosperó, solicitó quitar la autoría de su bloque, lo cual fue consumado.

“Hoy nos encontramos con una acción judicial, un amparo en relación a esta situación. Vemos con mucha preocupación en avanzar en designar a la candidata. Esta situación nos hace revisar a nosotros la firma de la designación. El momento es oportuno, para que revisemos nuestros actos y a efectos de brindar transparencia y seguridad jurídica, y entendiendo que hay una acción judicial en trámite”, sostuvo Wallace.

A partir de allí, los ediles de Juntos Somos Río Negro, del PUL y de Juntos por el Cambio, consideraron que el FDT “rompió un acuerdo”. El titular del bloque oficialista, Carlos Sánchez, expuso: “No podemos permitir que un mail o una acción judicial no nos permita avanzar con la sesión” y aclaró que el periodo de impugnaciones venció y no tuvo objeciones.

Hubo concejales como Gerardo Del Río, Carlos Sánchez y Gerardo Ávila, que señalaron que la propia Woloszczuk reconoció que no residió un tiempo en Bariloche durante los últimos años (no especificaron cuánto), pero que lo hizo a través de una beca de estudios y que la formación para la cual viajó a España, servirá en su futura potencial designación como defensora. Aclararon en ese punto, que la interesada nunca negó esto y que lo detalló desde una primera instancia, presentando la documentación del caso.

Ávila consideró que el amparo presentado lo hizo “una parcialidad” de los interesados y que representa una “flagrante intromisión” en las funciones del cuerpo que integra. “No puede el Poder Judicial mandar sobre los reglamentos internos del Concejo”, aseguró, al tiempo que consideró que Woloszczuk “nunca abandonó su factor de residencia en nuestra ciudad. El hecho de irse a estudiar afuera, no es un factor que vaya en desmedro” de la residencia.

Por su parte, el único de los ediles que impulsa a otra candidata, Pablo Chamatrópulos (bloque Pobar), relativizó el motivo por el cual Woloszczuk se ausentó de la ciudad. “No es posible que si la norma dice residir, el motivo conveniente, le permita incumplir la norma”, indicó en tal sentido.

Asimismo, se mostró disconforme con el no tratamiento sobre tablas de la propuesta de su autoría que impulsa a Sonia Gutkin, diciendo que “es un mensaje gravísimo propio de un poder absolutista, que dice que si no sucede lo que yo quiero, no va a suceder nada”.

De manera implícita respondió a Ávila, al considerar que “la Justicia, sin duda, está llamada a revisar los actos de todos los ciudadanos y de las instituciones. Caso contrario, perdemos el estado de derecho. Y si las normas no nos gustan, hay que cambiarlas”.

Hubo un largo debate entre el oficialismo y la oposición, que finalizó con el desistimiento de abordar ambas propuestas sobre tablas y se votó por unanimidad que pasen a la comisión legislativa para seguir siendo tratadas.

Wallace sentenció sobre el final, que “nadie discute la idoneidad de Analía Woloszczuk, pero encontramos una incongruencia en los requisitos”, opinó que el oficialismo “en el proceso de dos meses no veía con preocupación la vacancia” de la Defensoría y resaltó que “ningún acuerdo político puede llevarse puesto la legalidad” y que “la candidata asuma con un amparo en la Justicia, no es una situación deseable”.

Asimismo, y entendiendo su conocimiento de las normas por su calidad de abogada, Wallace expresó que “una cosa es la residencia habitual, otra es la residencia inmediata como pide la normativa y otra es el domicilio”, pero que entiende prudente que “la definición debe darla la Justicia, porque es una situación controversial desde el punto de vista jurídico”.