Procesan a funcionarios y a 20 sindicalistas por el robo de vacunas en Chubut

El Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia procesó y ordenó el embargo de veinte sindicalistas y de cuatro funcionarios públicos por la sustracción de treinta dosis de los componentes uno y dos de vacunas Sputnik V -60 aplicaciones en total- para la inoculación del personal del Sindicato de Camioneros de esa ciudad.

La jueza Eva Parcio De Seleme hizo lugar a lo solicitado por el fiscal federal Norberto Bellver, quien está a cargo de la Fiscalía Federal de esa ciudad.

La jueza explicó la maniobra ilícita que realizó un empleado del personal de salud del sindicato, al comprarle a una enfermera del Hospital Regional de la ciudad chubutense las vacunas Sputnik-V para que sean aplicadas a la Comisión Directiva y a los empleados del Sindicato y de la Obra Social de Camioneros.

La sustracción de las 30 dosis del componente uno habría ocurrido entre el 7 y el 9 de enero pasado, cuando la enfermera Analía Muñoz habría recibido el ofrecimiento de parte de un representante del sindicato, mientras que igual cantidad de dosis del componente dos fueron sustraídas el 27 de enero.

La magistrada detalló que fue Muñoz quien sustrajo las vacunas “en el contexto de caos reinante en torno al proceso de vacunación, al no existir medidas de seguridad en relación a dichos bienes esenciales –vacunas COVID-, un deficiente control, registros y protocolos al respecto, todo lo cual debía haber sido instrumentado por los funcionarios responsables”.

De acuerdo a lo detallado en la resolución, el 29 de enero unas veinte mujeres y hombres integrantes del sindicato -ahora procesados, entre ellos quien instigó la maniobra- fueron vacunados con el primer componente por la enfermera Muñoz y su compañera Torres. La jueza explicó que aún es materia de investigación la inoculación con el componente dos.

La enfermera Muñoz fue procesada por malversación de caudales públicos y le fijó un embargo de 2 millones de pesos. En cuanto a Torres, a quien se le imputó haber ayudado para coordinar la maniobra, la jueza la consideró autora penalmente responsable del delito de encubrimiento y le trabó un embargo de 1 millón de pesos.

En tanto, el empleado del área de Salud del sindicato imputado de haber comprado las vacunas fue procesado como instigador del delito de malversación de caudales públicos y se le fijó un embargo de 1,5 millones de pesos.

Pero además, para Parcio De Seleme hubo un rol preponderante de otros dos funcionarios públicos en toda la maniobra: por un lado, de Jorge Benítez, jefe de la División de Epidemiología y Enfermedades Prevalentes del Área Programática Sur del Ministerio de Salud de Chubut, quien tenía bajo su responsabilidad la Cámara de Vacunación, ya que ocupaba la función de “garante del resguardo de las vacunas”. Benítez fue procesado como autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y se le fijó un embargo de 500 mil pesos.

Por otra parte, Daniela Cocha fue procesada por el delito de malversación culposa de caudales públicos, ya que era la encargada de coordinar la entrega diaria de las dosis necesarias y de realizar distintas tareas operativas en cuanto a la provisión de las vacunas conforme los turnos que fueran programados para cada día.