La pandemia desaceleró juicios orales en causas por delitos de lesa humanidad
El año pasado, como consecuencia de las medidas de aislamiento social por la pandemia del Covid-19, sólo se iniciaron sólo 9 juicios orales en causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad, la cifra más baja de los últimos 13 años.
Estos datos se desprenden de un informe publicado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal a 45 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar.
“La situación de emergencia sanitaria ha influido en la continuidad de los juicios: de los procesos iniciados previamente al aislamiento (…), 12 tuvieron sentencia y 10 aún continúan en trámite. De los juicios que se iniciaron con posterioridad al decreto, 11 continúan en trámite y 1 obtuvo sentencia”, señala la Procuraduría.
Mientras tanto, en lo que va de 2021, arrancaron los debates de 5 juicios y se espera un sexto en abril. Para aproximarse a estas cifras hay que irse casi 15 años para atrás: en 2006 se dio inicio a 3 juicios orales en causas de lesa humanidad y en 2007, a 2. Esos son los años en los que se reactivaron los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, a partir del fallo “Simón” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A partir de 2010, se iniciaron más de 20 juicios orales por año, con la excepción de los años 2016 y 2018. El pico se registró en 2017, con 28 juicios orales iniciados.
Son en total 859 personas las que tienen algún tipo de medida privativa de la libertad en su contra. De ese total, 636 (75%) gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. “Esta modalidad de detención predomina desde 2016”, señala el informe.
Vale aclarar que, por tratarse de hechos ocurridos hace más de 4 décadas, las personas investigadas tienen una edad avanzada, factor que incide a la hora de conceder el arresto en el hogar, de acuerdo con la Ley 24.660.
Por otro lado, 159 personas (18,5%) se encuentran detenidas en unidades del Servicio Penitenciario. El 7,5% restante entra en la categoría “otras”, que incluye hospitales o dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad.