Registro de violentos, creación de la Comisaría de la Mujer, emergencia por violencia de género y la renuncia de un juez

La apertura del nuevo período de sesiones en el Concejo Deliberante de Villa La Angostura se realizó en el marco particular que el femicidio de Guadalupe Curual impone en la ciudad, desde que el cuchillo de Bautista Quintriqueo se clavó en el corazón de la joven, el martes 23 de febrero.

El panorama en la localidad se ha transformado.

Sigue ofreciendo su belleza paisajística, y los turistas deambulan por su centro comercial, pero cierta angustia se palpa en las calles.

Es normal ver a grupos de mujeres que se citan en uno u otro rincón para llevar adelante asambleas populares, en pos de determinar qué pasos seguir.

Y, si bien hay algunas que tienen militancia en agrupaciones feministas, o de resguardo a la mujer, muchas se ven envueltas por primera vez en un encuentro de ese tipo, movilizadas por una situación que, a fuerza de sangre derramada, puso a la vista de todos una problemática que, en general, se da puertas adentro, y no de manera tan expuesta como fue el crimen de Guadalupe, donde el morbo de la exhibición, al tratarse de un femicidio efectuado en plena vía pública, hizo que un sentimiento común aflorara en la población, sobre todo en las mujeres, aunque también han surgido voces masculinas que piden por justicia, e incluso hubo hombres que llamaron a movilizarse, no solo en Villa La Angostura, sino en varias localidades.

En Bariloche, por ejemplo, un colectivo masculino, bajo la denominación “Varones autoconvocados en contra de la violencia de género”, llamó a una reunión en el anfiteatro de la calle Villegas, el miércoles a las 16, con el fin de exponer ideas y debatirlas, para así delinear un plan de acción.

“Debemos movilizarnos y hacernos cargo de la herencia patriarcal, para desconstruirla y dejar una base más equitativa a las futuras generaciones”, afirman en un comunicado.

Pero, volviendo a Villa La Angostura, el ambiente enrarecido, como se dijo, alcanzó el propio Concejo Deliberante, hasta el que se acercó una gran cantidad de mujeres, para exigir a las autoridades que desarrollen acciones con la intención de que no vuelva a suceder lo que pasó con Guadalupe.

“Queremos que declaren la emergencia en violencia de género”, sostuvo Zulema Aguirre, del grupo de apoyo a la mujer denominado Las Wakoldas.

Eso finalmente sucedió, y, más allá de esa declaración -que los ediles aprobaron por unanimidad-, hacia el mismo punto se dirigieron las expresiones que el intendente, Fabio Stefani, vertió en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, previo al que hubo un minuto de silencio en recuerdo de Guadalupe Curual.

El jefe comunal presentó el proyecto –junto a los planos y presupuestos correspondientes– para avanzar en la construcción de una Oficina Policial de la Mujer, algo de lo que, en la actualidad, la ciudad carece.

Según explicó, se llevará adelante con un aporte de la provincia neuquina, y se levantará en el terreno donde se encuentra la comisaría N° 28, es decir en la céntrica avenida Arrayanes, que durante estos días estuvo en el candelero porque fue punto de convocatoria de varias marchas en relación al femicidio de Guadalupe.

El intendente también comunicó que se retomarán las capacitaciones en el marco de la Ley Micaela, que se habían suspendido por la pandemia.

Cabe recordar que dicha normativa establece la instrucción en temas de género y violencia contra las mujeres para quienes trabajan en la función pública.

En ese sentido, Stefani apuntó que, para ser empleado municipal, será requisito realizar un aprendizaje en relación a temáticas de género.

A su vez, pidió a los concejales trabajar en conjunto en un “Registro de violentos”.

También solicitó a los ediles el pedido urgente de tratamiento del “Protocolo para violencia de género en el ámbito municipal”, enviado por el Ejecutivo al Concejo en diciembre de 2020.

Cabe recordar que, el mismo día en que murió Guadalupe, el intendente había desplazado preventivamente de su cargo a quien se desempeñaba como secretario de Gobierno, Marcos Ortega, a partir de una denuncia por violencia de género presentada en su contra por una empleada municipal.

Pero, afuera del Concejo Deliberante, los reclamos no eran solo por la solicitud de la emergencia en violencia de género, sino, también, para exigir una toma de postura clara en relación a un pedido de juicio político contra el juez Jorge Videla y el fiscal Adrián de Lillo, señalados por las mujeres movilizadas como culpables de lentitud burocrática en respuestas acordes a lo que sucede en Villa La Angostura, en cuanto a los temas que por estos días se pusieron sobre el tapete.

En este punto, el requerimiento era especialmente para el intendente, ya que se pretendía que llamara a los diputados de su partido –el Movimiento Popular Neuquino, al que también pertenece el gobernador– a pronunciarse en pos de estas medidas.

Las manifestantes expusieron que, en lo que hace a Guadalupe Curual, el juez y el fiscal lejos estuvieron de estar a la altura de las circunstancias.

“La chica nunca dejó de hacer denuncias; elementos para intervenir había”, resaltó Zulema Aguirre, de Las Wakoldas.

“El juez no actuó, no puso los elementos para su protección, solo le dio a Bautista Quintriqueo una multa por incumplir una perimetral, que ahora nos enteramos que ni siquiera pagó…”, añadió.

El magistrado, ante otras posibilidades, había impuesto al futuro femicida una sanción económica de poco más de dos mil pesos.

Zulema también se refirió a una cuestión que molestó a las movilizadas: la custodia que se les brindó al juez y al fiscal.

“¿Dónde pone el Estado el resguardo?”, se preguntó la mujer.

Reflexionó: “No hubo protección para Guadalupe, ni la hay para otras chicas en situación de violencia, porque dicen que no existen recursos, pero sí los cuidan a ellos”.

Y recalcó que los efectivos de seguridad no solo se encontraban en las viviendas del juez y el fiscal, sino también en una parcela que Videla tendría en el predio de las denominadas Ecohuertas.

En ese sentido, Zulema explicó: “Las Ecohuertas se hicieron para gente de bajos recursos, y, sin embargo, él tiene un lugar ahí. Pedimos que se le quite y se le otorgue a una mujer en situación de violencia que necesite reforzar su economía”.

Además, consideró que la custodia para esas personas, que ahora están en la mira de la opinión pública por su actuación, resulta una afrenta ante las mujeres autoconvocadas.

“A nosotras, la policía sigue filmándonos en las marchas, sacándonos fotos… Nos sentimos perseguidas. Y el juez y el fiscal cuentan con vigilancia, cuando, en realidad, no corren peligro. Que visibilicemos las deficiencias del Estado no quiere decir que pongamos en riesgo la vida de alguien. Están criminalizando la protesta”, afirmó.

Luego se supo que, durante la jornada, Videla había presentado la renuncia, junto a un pedido de licencia de quince días, para aguardar que el Consejo de la Magistratura la acepte.

Christian Masello