La Ley que regula los alquileres se votó en “un momento de destrozo económico mundial”

 La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó recientemente el régimen de registración de contratos de locación de inmuebles previsto en la Ley 27.551, según informó el organismo. Se trata de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. A raíz del crítico momento sanitario y los graves problemas económicos que desató la pandemia, “para mí no era el momento de semejante medida”, indicó Sergio González, presidente del Colegio de Corredores y Martilleros de Bariloche.

Sobre el impacto de la medida, el colegiado informó que “es una obligación que en algún momento se iba a implementar, vamos en un camino en donde la información del tributo está cada vez más cerrada, a través de los Estados, Rentas, AFIP, etcétera. Mi opinión personal es que para mí no era el momento, no es el momento, porque venimos sufriendo un montón de acontecimientos que fueron desvirtuando el mercado de una manera impresionante”.

González realizó declaraciones a través del programa “Chocolate por la Noticia” que se emite por El Cordillerano Radio (93.7), allí consideró que “el retroceso que se tuvo con los alquileres debe ser histórico, muchos negocios cerrados, gente que quiere sacar la tasa del alquiler porque no sabe en qué contexto jurídico se va avanzar. No se puede mandar una norma regulatoria que saben que va a tener un impacto negativo en el medio de una pandemia y con un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) vigente hasta el 31 de marzo”.

Consideró que “es un coctel que no tiene salida, ¿por qué?, primero porque las medidas de emergencia son para el momento, para salir de una situación, además se extendió dos veces, se extendió tres veces, están todos los contratos extendidos totalmente desvirtuados, porque los contratos que estaban por vencer, los que vencieron y los que se tiene que renovar, cuando se generan situaciones muy conflictivas porque hay una obligación de alinearse en la normativa donde cada uno quiere tomar su postura, los dueños quieren defender su capital porque quizás cerraron sus negocios y era un momento de sostén el alquiler y no pueden cobrar a tiempo al valor que corresponde”.

Asimismo explicó que “hubo comercios que se cayeron por la cantidad de tiempo que estuvieron cerrados, por la poca circulación que hubo y no sabemos cuánto va a durar esta crisis. Esto viene a sumar incertidumbre, se va a aplicar y tendremos que ir aprendiendo a través del tiempo pero vuelvo a repetir, no creo que haya sido el mejor momento”.

Consultado sobe los alquileres turísticos que no están registrados dijo que “ese tema entra en el análisis que estaba haciendo antes, los propietarios no saben en qué posición quedar, no tenían idea si la temporada iba a funcionar o no iba a funcionar, si iba a venir o no iba a venir gente, en un momento no venía nadie y de pronto explotó. Cuando explotó pudiste haber tomado compromisos anteriores con un contrato nuevo o una extensión porque quería haberlo insertado en el alquiler temporario y se encontró a destiempo y capaz que no hizo ni una cosa, ni la otra y entonces eso también redujo la oferta del mercado”.

González sostuvo más adelante que “la gente viene y me plantea, con estos avatares de la normativa, 'no se cómo alquilar porque si alquilo por tres años, no sabemos cómo van a venir los índices, no sabemos si nos vamos a poder sostener con los impuestos que aumentaron'. Hay mucha incertidumbre”.

Respecto a la representación de los inquilinos en Río Negro fue terminante al decir: “a Roberto Díaz primero díganle que se inscriba como persona jurídica y después salga a hablar en representación de la Unión de Inquilinos, porque no tiene personería jurídica y es un opinólogo, así que la opinión de él a mí no me moviliza”.

Explicó sobre la inscripción de los contratos en AFIP y sus repercusiones que “ahí es donde está el cuello de la botella, fíjense que hubo un impuestazo en Rentas, que ahora retrocedió, en patentes y en inmuebles, se sacó la regulación con los nuevos valores y después se dan cuenta que la gente no lo puede pagar, entonces se retrocede, agregale el municipal y todo lo que hoy sería un compromiso fiscal y no es que no tengan que existir o no haya existido, porque en la época de Macri se intentó también hacer una regulación de contrato y quedó en la nada. Ahora tenemos una aplicación a partir del 1° de marzo y retroactiva a julio (2020), entonces si se genera una obligación hay que cumplirla, no es puedo o no puedo, pero a mí me parece que no se estudió que se aplique en un momento donde el país y el mundo están económicamente destrozados”.

Consideró que “vamos hacia un camino de fiscalización general, hay gente que ya tenía declarados sus contratos de alquiler, para justificar sus ingresos y el Estado quiere controlar todos los movimientos de dinero y los tributos. Pero repito, está sumado en un momento de crisis por esta pandemia con dos DNU vigentes y esto viene por la modificación de la Ley 27.551 y también la extensión del contrato que era de dos años y pasó a tres años, en todos los rubros. Es un coctel muy pesado”.

Consultado respecto a si se producen menos ofertas y podría existir una suba en los alquileres, refirió que “sí, puede suceder que haya un aumento en los valores de los alquileres por las actualizaciones al año, que recién van a impactar al mes 13 y que la gente quiera tomar algún tipo de recaudo, eso puede generar un aumento del alquiler por la proyección, porque la gente proyectaba a seis meses y ahora tiene que hacerlo al mes 13, después del año. Entonces se va a promediar hacia adelante y aumentando, hay un impacto en ese sentido porque no se sabe cómo va a venir la inflación el año que viene” e indicó: “también hay otra realidad, si el valor se desvirtúa y la gente no paga cualquier cosa, eso lo regula el mercado. Una oferta de alquiler que debía valer $15.000 y lo pongo en $22.000, se va a quedar ahí esperando o lo va a pagar alguien que capaz no lo puede sostener”.

Por último Sergio González se expidió sobre la oferta y la demanda proyectada “no creo que sea menor a un 35% y va a superar o va a andar alrededor de un 40 o 45%, hablando de un valor proyectado a un año. Hoy un problema de fondo que va ser el gran regulador de esto, será cuando llegás a un punto de conflicto y al juez, te a va a decir ‘vaya y anótese’, cumpla con la normativa y después venga y vamos a charlar, eso es lo que se intenta proyectar a través de la ley, que es una regulación general y después se aplica la normativa de la AFIP. Además si la gente se mete hoy con su clave fiscal e intenta dar de alta un contrato no va a poder porque la pestaña aún no está habilitada, calculo que lo van a activar después del 1° de marzo”.

Juan Carlos Montiel