Está acusado por millonaria estafa, dice que vive de prestado y busca llegar a un acuerdo

Según se desprendió de la audiencia desarrollada en horas del mediodía, las partes involucradas en la causa derivada de una presunta estafa millonaria en el marco del proyecto inmobiliario Consorcio Barrio San Juan, trabajan en la posibilidad de buscarle una salida alternativa al proceso. No obstante, el juicio oral y público aparece cada vez más cerca cerano.

La fiscalía cree que Juan Kopprio y Juan Azocar montaron un ardid mediante el cual involucraron a centenares de familias en un proyecto de carácter inmobiliario que incluiría tierras y viviendas para todos. A partir de ello comenzaron a obtener pagos parciales y ocasionaron un perjuicio económico a los denunciantes porque el proyecto nunca se concretó.

Ernesto Saavedra, defensor de Kopprio, pretende demostrar durante el juicio que los acusados transfirieron el dinero a los propietarios de las tierras donde proyectaban la construcción de las viviendas y que aquellos tomaron los pagos como seña y no los devolvieron cuando el proyecto se truncó.

En cambio Nelson Vigueras, defensor del coimputado Azocar, intentará acreditar que su asistido, como otras personas inicialmente ligadas a la investigación y ya sobreseídas, se vio involucrado en un emprendimiento de carácter social y no estuvo capacitado para desempeñar el rol que le tocó. A su criterio hay atipicidad en la acusación, porque no se reunen los elementos tipicos que establece la ley para el delito reprochado.

Se trata de una causa de largo recorrido en el laberinto judicial que atravesó todas las instancias posibles sin llegar a juicio. En este punto, que el juicio oral parece próximo, las partes entablaron conversaciones en las que se están exponiendo todas las posiciones para buscar una salida alternativa, que podría ser por ejemplo, un juicio abreviado. Si logran acordar una solución entre todas las partes, eventualmente realizarán su presentación antes del juicio oral y público.

La audiencia que presidieron los jueces de la capital provincial, tuvo un tinte ordenatorio, en función de las dificultades que representa el expediente de papel que se utilizaba en la épóca en que comenzó la causa y la presencia física de los magistrados a centenares de kilómetros de distancia.

El juez Reussi, que preside el tribunal, expresó su deseo de brindar una respuesta adecuada, justa y en el menor tiempo posible a la causa. Sus colegas Guillermo Bustamante e Ignacio Gandolfi completan el estrado. También advirtieron los magistrados que los planteos de nulidad que presentó anteriormente Saavedra respecto a la conformación del tribunal y del auto de elevación a juicio, se resolverán mediante un incidente, por escrito.

En ese mismo sentido, las partes mantendrán conversaciones a fin de alcanzar una convención probatoria en relación a una serie de documentaciones sobre las que el defensor Saavedra solicitó pericias contables y caligráficas. Si acuerdan sobre la validez y el significado de las documentaciones en cuestión, no hará falta profundizar el examen durante el juicio. Además, en términos de reducir la cantidad de testigos, las partes podrían avanzar en relación a acuerdos que impliquen que no declaren todos los damnificados, unos trescientos.

Kopprio que no pudo participar de la audiencia por no tener posibilidades de conectividad a la plataforma Zoom, actualmente está radicado en Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene 68 años y según su defensor, "vive de prestado".

Postergación

La audiencia había sido convocada a priera hora de la mañana, pero a través de su defensor, Kopprio manifestó que no tenía posibilidades físicas ni económicas de acceder a conectividad para ingresar a al audiencia virtual, aunque quería hacerlo.

Buscando una alternativa se fijó un cuarto intermedio de algunas horas, aunque igualmente Kopprio no logró acceder a una computadora con internet, mircrófono y auriculares.

El caso

Kopprio y Azocar están acusados por presuntas estafas, con más de 300 hechos contra personas que pagaron para acceder a una solución habitacional en el proyecto conocido como Consorcio Barrio San Juan, en tierras ubicadas en la avenida Esandi. Los hechos ocurrieron entre agosto de 2009 y mayo de 2012.

Los damnificados denunciaron que firmaron los acuerdos con Kopprio que entonces era el delegado de UPCN y pagaron cuotas en la sede local del gremio. Según la acusación, mediante un sistema de adelanto de gastos administrativos y una serie de pagos en cuotas que permitían a las familias quedar adheridas al Consorcio Barrio San Juan, se produjo el perjuicio económico ya que nunca se concretó ni la entrega de tierras, ni la construcción de las viviendas comprometidas.

Para sostener el engaño, los acusados entregaron a cada uno de los damnificados un plano y un bosquejo de dicha casa, además de firmar actas de pre-acuerdo, que el propio Kopprio rubricó en representación de la entidad.

Los denunciantes, tiempo después, realizaron gestiones que les permitieron conocer que el terreno no existía y que tampoco se había realizado ninguna acción para adquirirlo o destinarlo a construir las casas comprometidas, además de que el dinero depositado en las cuentas correspondientes a la caja de ahorro en pesos Banco Nación, correspondía a uno de los imputados.

Mariano Colombo