Senado aprobó el proyecto que limita el uso de tierras incendiadas

El Senado sancionó las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego (26.815), con el fin de establecer la prohibición de cambios en el uso y destino de tierras que hayan sido afectadas por incendios. La votación resultó con 41 votos a favor, y 28 en contra y una abstención, correspondiente al senador Carlos “Camau” Espínola.

El Frente de Todos contó con el apoyo de los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), mientras que Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal rechazaron la iniciativa.

La flamante ley impide la realización de emprendimientos inmobiliarios y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.

La prohibición será por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.

Al defender el proyecto, la correntina Ana Almirón (Frente de Todos) destacó que se trata de una iniciativa impulsada por el diputado Máximo Kirchner ante lo que hemos visto en los últimos tiempos, en que “el país ardió en llamas”. Aclaró que esa comparación no era exagerada, y puntualizó que “es un tema sumamente urgente; hay más de 900 hectáreas en toda la Argentina afectadas por incendios. En 22 de las 24 provincias se dieron incendios muy grandes, y más del 90% de estos incendios se dieron por el accionar del hombre. Puede ser de manera intencional, o por descuido, pero fue por acción humana”.

“Modificamos el artículo 22 bis ampliando los medios de producción y el objeto de cuidado de esta ley. Nosotros con esta normativa ampliamos de bosques nativos a humedales, bosques implantados, y se establecen un plazo de 60 años en los que se prohíbe modificar el suelo” cuando sucedieron esos incendios, comentó en un pasaje de su discurso.

“Lo que estamos haciendo con esta norma es tender a la restauración del suelo, la diversidad, y a los que se oponen a esta iniciativa, que dicen que es una ley contra el campo, quiero decirles que cuando nosotros pensamos en la reconstrucción, pensamos en una reconstrucción que incluye al campo, es con todos. Pero no permitimos que unos vivos hagan negocios con el medioambiente”, remarcó la senadora de La Cámpora.

Negó también que se avasallen las competencias de las provincias, señalando que la Constitución nacional es la que faculta al Estado nacional a este tipo de medidas y que es una función específica del Estado dictar normas que establezcan presupuestos mínimos de protección.

Con una postura contraria, la senadora Gladys González (Juntos por el Cambio) trajo a colación una frase que se lanzó durante el debate: “Que no se puede ser de Cambiemos y ser ambientalista”. Lo que dijo que no se puede ser es “hipócrita” y consideró que la medida es “impracticable”.

Una de sus hipótesis es que no hay voluntad política para solucionar el tema, dijo, aplicando la Ley de Bosques o avanzando con la ley de Humedales, o fortaleciendo los equipos provinciales que previenen los incendios. “Este como sí en esta primera hipótesis también está cargado de ideología, con la lógica ‘amigo-enemigo’, de buscar culpables, mezclando todo”, señaló.

Su segunda hipótesis es que hay una buena intención detrás de este proyecto. “Sancionando ‘a los vivos’, dijo Ana; ‘a los pillos’ digo yo”, comentó, señalando que “analizando las características del proyecto sería una buena intención que hizo alguien que no sabía del tema”. Con todo, señaló que quienes acompañaron la iniciativa son gente “con muchísima trayectoria legislativa”, ante lo cual se preguntó “si  no se animaron a decirle que no a quien es su conductor político, o si de verdad no se animaron a sugerirle modificaciones para mejorar esta iniciativa a quien por estas horas pareciera que va a ser su próximo candidato a presidente. Porque no lo entiendo de otra manera, conociendo la trayectoria de estos legisladoras”.

Consideró que “esta no es una buena ley” y entre los argumentos señaló que se establecen plazos “de 30 a 60 años para proteger ecosistemas que ya están protegidos por otras leyes vigentes a perpetuidad; es una ley de enormes indefiniciones”. Es más, sostuvo que en uno de sus artículos habla de humedales, un tema del que hace años que los legisladores vienen discutiendo, sin ponerse de acuerdo en su definición. Por el contrario, esta ley lo da  por sabido y así resulta “inaplicable porque no se entiende a qué superficie se refiere”.