Los guardavidas "arden" por los requisitos que puso la Comuna para contratarlos

La Municipalidad de San Carlos de Bariloche realizó la convocatoria a 40 guardavidas detallando los requisitos para poder inscribirse. Desde la Asociación de Guardavidas de nuestra ciudad no tardaron en hacer escuchar la respuesta.

Ayer se realizó una instancia de mediación con las autoridades del Ejecutivo en la Secretaría de Estado de Trabajo provincial pero no llegaron a ningún acuerdo por lo que se ha pasado a la instancia judicial.

Por medio de un comunicado denuncian que “el Ejecutivo municipal impuso cada una de las condiciones laborales y de contratación que veníamos rechazando desde el inicio del conflicto”. Las que consideran como “condiciones ilegales, discriminatorias, persecutorias e irresponsables, entre las que se destaca el requisito de certificar residencia para acceder a nuestro derecho a la continuidad laboral”.

Consideran que esa condición “tiene el objetivo de excluir a la amplia mayoría de los trabajadores y trabajadoras guardavidas municipales”. Destacan que “para ser intendente de Bariloche se debe tener tres años de residencia”.

Con respecto a la seguridad en las playas citan “está siendo drásticamente recortado en calidad y cantidad, con la quita de la prestación en playa Melipal y con la reducción de un tercio de la duración del servicio, haciéndose además un marco de grave discriminación y precarización de las condiciones laborales”.

Afirman que “nuestro pedido de materiales de trabajo para brindar seguridad en las playas publicas habilitadas desde el 1° de diciembre, fue rechazado por la señora Patricia Diaz encargada del Área de Protección Civil”.

Es por ello que el documento “rechaza firmemente cada una de las modificaciones ilegales de nuestras condiciones laborales y de contratación impuestas mediante la resolución 2576-2020”.

“Esconden el velado propósito de deshacerse de todo o de gran parte del plantel de Guardavidas Municipales. Entendiendo esto cómo un modo de venganza, puesto que somos quienes a lo largo de los últimos años y a través de nuestra Organización Gremial (AGBA), denunciamos y resistimos todas aquellas imposiciones del Ejecutivo Municipal que cercenan derechos legítimamente adquiridos”, denuncian.

Consideran “no hay absolutamente ningún criterio profesional para disponer los cambios en la organización del servicio, el cual ha demostrado una eficacia del 100% en los últimos 20 años, cambios que significan una reducción de la calidad del servicio, mediante lo cual, lamentablemente, se pone en serio riesgo la salud de los vecinos, vecinas y turistas que concurran a las playas públicas habilitadas”.

Es por ello que continuarán en estado de alerta y movilización para resguardar sus fuentes laborales “en defensa de la intangibilidad de nuestros salarios como así lo establecen las leyes laborales vigentes, la Ley Nacional N° 27.155, la Ley Provincial N° 3.708, y la Ordenanza Municipal 583/96; y en defensa del derecho de todos y todas las vecinas de nuestra ciudad, de disfrutar de manera segura cada playa pública de nuestra ciudad”.

Anuncian que intensificarán a partir de hoy el plan de lucha “convocando a las compañeras y compañeros trabajadores, que estamos atravesando conflictos y sufriendo la desidia del gobierno municipal y provincial; como así también a usuarias y usuarios de servicios públicos reducidos o eliminados, a las juntas vecinales, a los organismos de Derechos Humanos”.

Piden el acompañamiento además “de todas las organizaciones que sean víctimas de las políticas neoliberales de achicamiento del Estado en beneficio de amigos empresarios, que pretende aplicar el Ejecutivo Municipal. Buscando así la formación de un gran frente de lucha y resistencia que desemboque en acciones concretas para frenar las injusticias que se llevan adelante en perjuicio de la ciudadanía barilochense”.

Fueron contundentes al expresar “desde el 1º de diciembre y hasta tanto no comience el servicio de seguridad en balnearios públicos habilitados, la señora Patricia Díaz, responsable del Área de Protección Civil, la señora Mercedes Lasmartres, apoderada del municipio, y el señor intendente Gustavo Gennuso, son y serán los y las responsables políticos y penales ante cualquier accidente que sufra un o una bañista en cualquiera de las 9 playas públicas habilitadas”.

Susana Alegría