El caso de Rafael Nahuel perdido en los laberintos de la justicia

No es infrecuente que los casos pesados se enreden en la nebulosa judicial. Más bien lo contrario. Cuando la sociedad más reclama una aproximación a la verdad y una conclusión final, más se empecina la justicia en demorar, dilatar y ensuciar una conclusión final que por lo general, suele ir a contrapelo de lo que la sociedad espera. A tres años del homicidio de Rafael Nahuel intervinieron diez jueces y ofrecieron cuatro resoluciones distintas.

No importa dónde cada uno se pare para hablar del caso de Rafael Nahuel. Independientemente del sesgo que le ponga a su mirada, a su criterio o el valor que le dé a la intervención de las instituciones que supimos construir, algo está claro: no nos han dado una respuesta definitiva sobre lo que ocurrió hace exactamente tres años. Más bien todo lo contrario. Nos han dicho una cosa, luego otra y luego otra y aún seguimos esperando. Aquí la Justicia Federal, con funcionarios que cobran salarios obscenos. O allá la Justicia Provincial con el tratamiento del caso derivado del funesto 17 de junio de 2010, por ejemplo, que tardó ocho años, cinco meses y dieciséis días en ofrecer una respuesta que no conformó a nadie sobre aquellos hechos. Algunas cosas no cambian.

Pero entonces: ¿qué sabemos? Que el joven Rafael Nahuel murió tras recibir un impacto de bala, por la espalda, el 25 de noviembre de 2017, mientras participaba de una ocupación o recuperación mapuche ubicada en un predio de Villa Mascardi. Eso ocurrió un día después de que un grupo de la comunidad Lafken Winkul Mapu se internara en el bosque, montaña arriba, resistiendo el desalojo del lugar que se había dispuesto a nivel judicial.

Ese 25 de noviembre, integrantes del grupo Albatros de Prefectura Naval Argentina, se internaron en el territorio boscoso de la zona del lago Mascardi, en la que se produjo el fatal desenlace.

Partes del expediente tramitado en la Justicia Federal, se fueron filtrando paulatinamente con el correr del tiempo. Según las constancias allí reunidas, el cabo Franciso Javier Pintos habría realizado más de cuarenta disparos con las dos armas oficiales provistas por la fuerza, un fusil y una pistola Beretta calibre 9 milímetros. Pintos sigue siendo inocente, porque no se demostró lo contrario.

Una pericia concluyó que la bala que mató a Nahuel salió del subfusil Marcahk MP5 calibre 9x19, número de serie 05-3335508 que le proveyó la fuerza a Pintos. Así lo dictaminaron los peritos Roberto Nigris y Karina Uribe. Pero otra pericia realizada por especialistas de Gendarmería Nacional arrojó resultados completamente opuestos y entonces la Justicia Federal requirió a especialistas del Ministerio Público de Salta la realización de una tercera pericia que aún está en pañales.

Según los elementos colectados en el expediente de la Justicia Federal, que continúa utilizando un sistema procesal obsoleto y secreto, a espaldas de la ciudadanía, miembros del grupo Albatros de la Prefectura ingresaron en el territorio que la comunidad Lafken Winkul Mapu reclama como propio por derechos ancestrales, en Villa Mascardi. En esa intervención, los cinco agentes que recorrieron alrededor de mil metros desde el acceso al predio, efectuaron en total más de un centenar de disparos.

Rafael Nahuel recibió un proyectil por la espalda. La bala ingresó a su cuerpo por el glúteo izquierdo y trazó un recorrido ascendente dañando diversos órganos y provocando una profusa hemorragia que le quitó la vida en pocos minutos. El análisis de la autopsia y las pericias balísticas permiten determinar no solo que estaba de espaldas a quien disparaba, sino también que estaba a una altura superior, trepando el monte. Los médicos forenses Leonardo Saccomanno y Juan Manuel Piñero Bauer, concluyeron que la etiología de muerte fue un homicidio.

Mariano Colombo