“Si no cumple con su función, tendrá que asumir las consecuencias”

“Continuaremos trabajando, como los Pumas. Algún día, a los All Blacks, les vamos a ganar… y, si no, igual seguiremos entrenando”, sostuvo metafóricamente John Grehan, dueño de La Escondida, una de las propiedades de Villa Mascardi tomadas por los miembros de la autodenominada comunidad Lafken Winkul Mapu, al referirse a que los vecinos, más allá de los distintos traspiés, no cesarán en su intención de conseguir que se lleve a cabo el desalojo de las tierras usurpadas.

Tras las idas y vueltas de los últimos días, en los que desde el Obispado de San Isidro decidieron sustituir la representación legal del abogado Ernesto Saavedra, quien había llevado la causa judicial en la que se logró la decisión de desalojar ese predio, y tras la mesa de diálogo que se realizó en Viedma, con la participación de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, Grehan apuntó contra Arabela Carreras, ya que sostuvo que debe impulsar el desalojo de Hueche Ruca sin demoras. “Hay una acción que la gobernadora tiene que ejecutar; está obligada a hacerlo y, si no cumple con su función, tendrá que asumir las consecuencias y recibirá las demandas que correspondan”, afirmó.

El Cordillerano: –¿Qué piensa acerca de todo lo que sucedió en torno al predio del Obispado de San Isidro?

John Grehan: –Acá la situación es que la gobernadora está desobedeciendo la orden judicial. Después, todo el tema del Obispado, del cambio de abogados y demás, ya es una cuestión que no comparto en absoluto, pero que, en definitiva, no cambia nada. Este es un delito de orden público, denunciado, que hizo todo un camino; hay una orden para desalojar que se tiene que hacer efectiva.

C.: –Aunque la justicia tendría que seguir por sí misma, que la parte interesada pareciera dar un paso atrás, ¿no es contradictorio?

J.G.: –Sí, son esas cosas que no se entienden de los obispos, pero, a nivel legal, no tienen ninguna consecuencia, porque la realidad es que, por ejemplo, en mi caso, con La Escondida, soy denunciante de un delito de orden público: se investiga y se comprueba, y ya no tengo nada que hacer, salvo como querellante, pero no poseo decisión sobre la acción de la justicia; es algo que sigue su camino. Como particular, no puedo interferir. Menos el Obispado, arrogándose cierta representatividad esencial, como si la Iglesia tuviera algo que ver con esto, cuando no es así, sino que es una cuestión de Estado de derecho: se adjudica una presión que no corresponde en absoluto.

C.: –¿Considera que el que habla es el Obispado? ¿O cree que las directivas vienen del Vaticano?

J.G.: –El Obispado de San Isidro, como administrador, habla a través de los comunicados que firma Mariano Caracciolo, que es el vicario, la voz del obispo, Oscar Ojea, que casualmente es el presidente del Episcopado nacional. También se manifestó el obispo de Bariloche, y en la mesa que hicieron el otro día estuvo el de Viedma, así que ya, claramente, la intervención no se hace en representación de los bienes de la diócesis de San Isidro, sino en nombre del Episcopado. Ojea fue obispo auxiliar de Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires y es amigo personal. Claramente, hay una alineación. No sabemos si Ojea le dice a Bergoglio lo que opina que debería hacer, o si es al revés… Yo creo que, entre ambos, hay una comunión de ideas.

C.: –¿Qué opina de la última mesa de diálogo?

J.G.: –Entiendo que es sobre las situaciones de las comunidades aborígenes, pero no Mascardi, porque el de ahí no es un problema de ese tipo. Desde ese punto de vista, posee sentido que no nos convocaran, porque, en realidad, no se refiere a nuestra cuestión, que no tiene nada que ver con pueblos indígenas, sino con un grupo de terroristas que quiere establecer la nación mapuche, y hoy en día la han instaurado, hasta que la gobernadora demuestre lo contrario.

C.: –Pero, si lo hubieran invitado, más allá de que dice que el tema Mascardi no entra dentro una cuestión de derechos aborígenes, ¿habría ido?

J.G.: –No; aunque, como junta vecinal, hubiéramos tenido que discutir si correspondía ir. Pero ni siquiera nos plantearon la duda…

C.: –En cuanto a la introducción de la ministra de Justicia en las conversaciones, directamente a partir de un pedido del presidente, ¿qué opina?

J.G.: –En su momento, la gobernadora hizo declaraciones muy fuertes, y ciertas, contra Magdalena Odarda y Luis Pilquiman, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que claramente prestan apoyo a los terroristas, por lo que tienen varias causas judiciales… El INAI está dentro del Ministerio de Justicia. Lo primero que hubiera esperado es que la ministra los sacara. En la reunión del otro día, no estaban, pero continúan en funciones, pueden interferir y prestar apoyo a esa gente como lo han hecho hasta ahora. Losardo lo único que parece ser es una voz confiable de Alberto Fernández, para que le cuente lo que se habla y él le crea, porque, aparentemente, Sabina Frederic (ministra de Seguridad) y compañía pertenecen a otra línea de poder.

C.: –¿Cuándo fue la última vez que estuvo en Villa Mascardi?

J.G.: –Hace casi un año.

C.: –¿Pudo entrar en La Escondida?

J.G.: –Sí, entré por Hueche Ruca, que todavía no estaba tomado, y me quedé unos quince minutos. Recorrí un poco el terreno y me fui. Ahora la situación está peor, porque hay gente dentro de mi casa incendiada.

C.: –¿Antes utilizaban el sitio, pero no estaban en forma permanente?

J.G.: –Lo tenían como lugar de apoyo; lo usaban y había carteles, pero no se veía gente instalada dentro, con lo cual, hasta que no te descubrieran, uno podía recorrerlo. Este año, por lo que me comentaron algunos vecinos, se ven luces, fuego, sale humo de la chimenea, se nota que lo usan activamente…

C.: –¿Tiene pensado volver pronto a la zona?

J.G.: –Por el momento, no, porque no están dadas las condiciones…

C.: –A diferencia del predio del Obispado, La Escondida estaba en la Justicia federal, pero ahora no se sabe qué sucederá…

J.G.: –Claro, porque el secretario civil del Juzgado Federal de Bariloche, que es juez subrogante, no quiere tener la causa en sus manos y decretó que la iba a pasar a provincia. Apelamos y esperamos que en estos días den fecha de audiencia en General Roca, para resolver ese tema. Por ahora, sigue en la Justicia federal.

C.: –En vista a la decisión que se tomó con el predio del Obispado, ¿no le convendría que la causa pasara a la provincia? ¿O usted prefiere continuar en la Justicia federal?

J.G.: –Lo único que se logró en provincia es una orden judicial para desalojar aquel lugar, pero no se ejecutó… La gobernadora no quiere desalojar, así que no hay ninguna diferencia con el Gobierno nacional… El 10 de noviembre de 2017, se usurpó el Parque Nacional y, en el fuero federal, en trece días estuvo la orden de desalojo, se lo practicó y después se abandonó, pero todos los argumentos legales ya están establecidos desde aquel 23 de noviembre. Ahora hay una decisión política de no intervenir. De hecho, la fiscal más de una vez le ha pedido al juez federal que vuelva a intentar el desalojo, y, por argumentos políticos, ha dicho que no, pero no hay ningún tema legal o judicial que inhabilite hacerlo en el terreno del Parque Nacional, que es la verdadera solución.

C.: –Si esto, como sugiere, depende de una decisión política, ¿bastaría con que el presidente bajara la línea de proceder?

J.G.: –Claro, porque los jueces no son verdaderamente independientes como deberían serlo, ya sea porque les dicen algo o sienten que tienen que actuar de determinada manera. Sabemos que interviene la política. Obviamente, si se tuviera el respaldo político para el desalojo, la fiscal volvería a pedirlo y el juez haría lo que tiene que hacer.

Christian Masello