Guardavidas dicen que fueron despedidos: "Ponen en riesgo la vida de quienes elijan ir a las playas"

La Asociación de Guardavidas de San Carlos de Bariloche difundió un comunicado en el que informan que las autoridades del Poder Ejecutivo Municipal comunicaron formalmente que los y las 40 trabajadoras guardavidas que conforman la totalidad del cuerpo estable de Guardavias Municipales, han sido despedidos. "La injustificada medida adoptada fue irrazonablemente argumentada bajo el pretexto que el Municipio carece de habilitación para organizar el servicio, y de fondos para implementar el operativo que cada año se lleva a cabo en época estival", señalaron. 

En el texto del comunicado señalan que "el atropello a la dignidad y a la fuente de trabajo de 40 empleados municipales, se da en el marco de una profunda crisis económica y social que vive la República Argentina, profundizada además por la pandemia que atraviesa el mundo, nuestro país y particularmente nuestra ciudad. En este marco las Autoridades Municipales encabezadas por el Sr. Intendente Gustavo Enrique Gennuso, no advirtiendo dicha situación, cercenan de manera infundada derechos laborales básicos adquiridos por los y las trabajadoras, dejando sin su fuente de sostén económico a 40 familias".

La Asociación recordó que la actividad de rescate de personas en situación de emergencia, fue declarada Actividad Esencial a través del “Protocolo de Trabajo seguro para la actividad de Guardavidas en el marco de la pandemia” emitido por el Ministerio de Salud de la Nación. Indicaron que el Ejecutivo Municipal "ignora dolosamente dicha declaración, privando de este servicio esencial a los barilochenses y turistas, y en consecuencia poniendo en serio riesgo la salud y vida, a quienes elijan concurrir a las Playas Públicas de la ciudad".

"La obligación de brindar servicio de seguridad en las playas públicas habilitadas, es una atribución y responsabilidad indelegable del Estado. Según hemos podido saber en corrillos de dependencias municipales, existe la posibilidad que la organización del operativo de seguridad en playas se traslade a cargo de una ONG cuyo origen y financiamiento desconocemos, por lo que en ese caso se estaría tercerizando y/o concesionando el servicio, dejando de lado –con las consecuencias técnicas, económicas, y legales que ello significa- al personal municipal idóneo en la materia, que realiza desde hace más de dos décadas su tarea con excelentes parámetros de profesionalismo". 

Por último, con esta decisión, -continúa el comunicado- "el Ejecutivo Municipal pone en riesgo el erario público, ya que tendrá que afrontar los gastos que demanden las presentaciones judiciales de los y las trabajadoras despedidos sin justa causa, situación agravada por hacerse mientras rige doble indemnización". 

En el final del texto quisieron poner en conocimiento de las autoridades municipales que como trabajadores municipales, "nos asiste el derecho, y remarcamos que pese al contrato precario que firmamos al principio de cada temporada estival, nuestro vínculo con el municipio es de hecho y tipificado en la Ley de Contrato de Trabajo como trabajo de temporada (contrato a plazo indeterminado con prestación discontinua), del cual emerge nuestro derecho a la continuidad laboral y estabilidad en el cargo".