RECIÉN HUBO JUSTICIA EL AÑO PASADO
43 años atrás la familia Herman iniciaba su calvario
Puntualmente, el secuestro se produjo el 16 de julio de 1977. Desde el primer día, padre y madre comenzaron la infructuosa búsqueda. El invierno más frío de la historia barilochense.
43 años atrás, una familia barilochense era desazón y dolor. Los primeros días de ausencia transcurrieron con incertidumbre porque los captores, habían dicho que se llevaban a Juan Marcos Herman para hacerle unas preguntas y que después, retornaría a su hogar. Pero las horas se sucedieron, se hicieron días, después años y finalmente, superaron las cuatro décadas. El jueves último (16 de julio) se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición. La continuidad de las cuarentenas y otras prioridades temáticas, conspiraron contra el ejercicio sustantivo de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Bariloche.
Todavía joven, Herman fue secuestrado de la casa de sus padres por un grupo de militares armados. Había nacido en El Bolsón el 3 de enero de 1955, año en que se produciría el golpe de Estado que derrocaría a Juan Domingo Perón, nueve meses después. A la Secundaria la hizo en Bariloche y más tarde, residió en Bahía Blanca, donde estudió Ingeniería Electrónica. Sin embargo, posteriormente se inclinó por Derecho y comenzó la carrera en Buenos Aires.
En la primera mitad de los 70, varias de las universidades hervían de fervor activista. Juan militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP), agrupación que vista desde hoy, estaba lejos de figurar entre las más radicalizadas de la época. Pero como se sabe, a partir de 1976, ser estudiante y peronista, era equivalente a ser subversivo en la comprensión de quienes se hicieron del poder de manera ilegal.
En Bariloche, la Municipalidad quedó intervenida por las Fuerzas Armadas, con la intendencia a cargo del teniente coronel Carlos Burgoa, hasta entonces segundo jefe de la guarnición local. Hombres bajo su mando ingresaron en la vivienda de Frey 166, donde vivían Juan Herman padre y su compañera Matilde. Preguntaron directamente por Juan, quien estaba transitoriamente en la ciudad para pasar las vacaciones de invierno.
Poco menos de un año atrás, Horacio, su hermano, revivió el trágico episodio al declarar en la causa Escuelita VI, que se ventiló en Neuquén. El actual vecino de Dina Huapi compartió sus recuerdos ante los jueces del Tribunal Oral Federal de esa ciudad, Orlando Coscia, Alejandro Silva y Alejandro Cabral. Reconstruyó que supo del secuestro de Juan Marcos porque su padre lo informó, después de ubicarlo en el boliche donde se encontraba. Eran vacaciones…
Ninguna pastilla
“Vamos porque secuestraron a Juan”, apuró el médico. El tristemente célebre “grupo de tareas” se había conformado con cinco o seis hombres munidos de FAL (Fusil Automático Ligero), característico del Ejército Argentino y demás fuerzas armadas. Sus portadores ocultaron su identidad con pasamontañas y preguntaron por Juan. Mantuvieron a sus padres a punta de pistola durante horas, hasta que el buscado retornó al hogar, sin prever la trampa.
Según el testimonio de Horacio, “lo hacen poner contra la pared, lo revisan a ver si tenía armas. Le dicen: ¡dame la pastilla! ¡Dame la pastilla! Juan les dice: no tengo ninguna pastilla”. Acto seguido, “entraron al cuarto que yo tenía con Juan, revisaron un ropero y encontraron unos panfletos y dijeron: estos son”. Ante la inquietud de los magistrados, Horacio no fue capaz de precisar el contenido de aquellos papeles.
Después, los atacantes dijeron: “Bueno, nos vamos a llevar a Juan a hacerle unas preguntas y lo devolvemos... Y se lo llevaron y no lo vimos nunca más”. 16 de julio de 1977, en el centro de Bariloche. 43 años y un par de días atrás… Los intentos por lograr su aparición comenzaron enseguida. En la reconstrucción de Horacio, sus padres “fueron a ver a (Jaime) De Nevares, a (Miguel) Hesayne de Viedma, llegaron a ver a monseñor (Antonio) Plaza, que en ese momento se pensaba que era alguien que los podía ayudar. Luego se confirmó que no”. Más bien el contrario, porque la última autoridad de la Iglesia, tenía fuertes vínculos con la dictadura cívico-militar.
Para organizar la información, Horacio aportó al Tribunal los relatos que recordaba de su padre, quien uno o dos días después del secuestro, accedió a una audiencia con el coronel Néstor Castelli, de la que también participó Marcelo Zárraga, dos de los imputados en el juicio La Escuelita al momento de brindar el barilochense su testimonio. “La persona que lo recibió en el Ejército, cuando mi papá le dice: soy Juan Herman y vengo a ver el coronel Castelli, porque secuestraron a mi hijo” fue identificada luego como Wado Magan.
Castelli pidió a Herman padre “que se quedara tranquilo” porque se “habían tomado todas las precauciones del caso”. Tiempo después, en el aeropuerto de Buenos Aires, alguien que no se pudo identificar, contó al doctor Herman que su hijo había sido fusilado. En Neuquén, aportó Horacio que en determinado momento, supieron que Juan estuvo detenido en el centro clandestino de detención “El Atlético” porque otro detenido, Miguel Ángel D’Agostino, se contactó con la familia para compartir el dato.
Según otras reconstrucciones, D' Agostino fue secuestrado el 2 de julio de 1977 de su casa en Castelar (provincia de Buenos Aires). De alguna manera supo que Juan Marcos llegó a ese lugar desde Bariloche y que fue objeto de torturas. El año pasado, declaró su hermano: “tal vez lo torturaron más porque el apellido es judío” y porque “en el centro clandestino las personas que torturaban eran profundamente antisemitas”.
También confió Horacio que D’Agostino, “un día no escuchó más a Juan ahí y se supone que fue trasladado. Y cuando se producía un traslado significaba... En ese momento todavía no se sabía, pero un traslado significaba la muerte”, añadió. “Era mi hermano mayor, era un hermano protector, generoso, que me habilitaba, que me cuidaba... Era muy bueno. La gente que lo conoció sabe que era tal vez demasiado bueno”, lamentó el testigo, al responder un interrogante de la querella.
Más bien, el desaparecido de Bariloche “era ingenuo. Hay un hecho que lo describe, que es al momento de su secuestro... Cuando él vuelve y entra a la casa de mis padres y ve dos autos estacionados, dice: ¡uy! ¡La Policía! ¿Qué pasó en la casa de mi papá?'… Y bajó. Mi hermano, que había militado en la universidad, primero en TERS (Tendencia Estudiantil Revolucionaria Socialista) y después en la Juventud Peronista”, remató Horacio.
Los efectos en la familia fueron devastadores: “creo que mi madre enloqueció. Mi madre tomaba pastillas, tomaba alcohol… Se golpeaba la cabeza contra la pared, como que el dolor era tan grande que se le hacía insoportable la cotidianeidad”. Por las noches, Matilde dejaba la luz prendida por si Juan Marcos volvía. En cuanto al doctor Herman, “falleció de tristeza. Lloraba todos los días”. Llanto que debería hacerse colectivo e interminable.
Penas sensiblemente menores
Hubo que esperar poco más 42 años para que el Poder Judicial condenara a los responsables de la desaparición de Juan Marcos Herman. El veredicto se dio a conocer en septiembre del año pasado en Neuquén en el marco del juicio que se conoció como la Escuelita VI. Sin embargo, las penas estuvieron por debajo de las solicitadas tanto por la Fiscalía como por la querella, hecho que renovó la amargura en los familiares de todas las víctimas.
El juicio había comenzado en junio de 2019 e incluyó diez denuncias por secuestros y torturas que se cometieron en la Patagonia, entre ellos, el del estudiante barilochense. Oscar Reinhold, jefe de Inteligencia del Comando Regional fue condenado a 11 años de prisión; Néstor Castelli, interventor de Río Negro, jefe de Inteligencia militar y responsable de la Escuela Militar de Instrucción Andina de Bariloche, a idéntica pena; Marcelo Zárraga, miembro de Inteligencia del Ejército en Bariloche y jefe de la Policía de Río Negro durante la dictadura, más tarde jefe en la Escuela Militar de Instrucción Andina y luego del Comando en Neuquén, recibió 5 años de prisión; entre otras condenas.
Las penas fueron sensiblemente menores a las que habían solicitados familiares de las víctimas, que incluían cadena perpetua para algunos de los acusados. Por su parte, la querella de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) había reclamado penas de 10 a 20 años de cárcel común para los ocho ex jefes militares e integrantes de Inteligencia, acusados de cometer delitos de lesa humanidad. Lenta y corta la justicia.
Adrián Moyano