Dictaron prisión preventiva a “okupa”, para que no influya sobre los testigos

La justicia le dictó un mes de prisión preventiva a un verborrágico usurpador, que no pudo dominar su impotencia. Durante la audiencia desafió con sus dichos al sistema que, según él, lo condena tras las rejas por el simple hecho “de ser pobre”. Permanecerá detenido hasta tanto la fiscalía tome testimoniales en los hechos que se le imputan. El juez de Garantías, Sergio Pichetto desestimó la acusación por instigación.

Mucho se ha escrito durante las últimas semanas sobre las tomas ilegales de tierras, en distintos barrios de la ciudad. Todos, hasta los propios usurpadores, coinciden en la ilegalidad de esos actos. Sin embargo, la necesidad de lograr un espacio para construir el sueño de la casa propia, es, en los hechos, más fuerte que cualquier ley que los rija o ampare.

Más allá de la crónica de esa citada audiencia para la formulación de cargos, que cimenta esta nota, este escrito resuelve leer una realidad que desde hace mucho tiempo azota, sin remedio a la vista, a un sector relegado de la sociedad barilochense, que pide y exige, a gritos, una respuesta a sus demandas más urgentes. En tanto la judicialización de los reclamos parece haber puesto un freno a las ilegales ocupaciones de tierras, pero no definitivo, si se mira al horizonte, carente de soluciones, a corto y mediano plazo, en materia habitacional.

Este es el caso de César Daniel González (42) que fue detenido por orden del fiscal, Tomás Soto, acusado no solo de haber protagonizado tomas de terrenos, sino además de haber instigado a otros a hacerlo.

El viernes último, González -quien inició una huelga de hambre- fue trasladado desde la subcomisaría 80 a la sala de debates del Poder Judicial, donde el juez de Garantías, Sergio Pichetto -su par Ricardo Calcagno, se declaró incompetente por ser aquel, el juez natural de la causa- desestimó la acusación por instigación, ante la falta de pruebas, pero hizo lugar al pedido de prisión preventiva. Las más de veinte escuchas telefónicas, en las que basó la acusación, fueron posteriores a los hechos investigados; pasando en limpio: no se puede instigar a hacer algo que ya fue hecho.

Sin embargo, el juez argumentó, en concordancia con la Fiscalía, que el imputado “puede interferir ante los testigos de la causa”, cuya investigación se extenderá por cuatro meses. Por lo que ordenó al fiscal Soto a que, en el plazo de un mes, tome las testimoniales para luego dejar a González en libertad.

Esta realidad, constatable y palpable, habla a las claras del choque de intereses entre propietarios y usurpadores, y la encrucijada entre la necesidad y la ilegalidad.

La parábola del “orejano”

Sin temor a exagerar, digna de un cuento fue la audiencia de formulación de cargos del viernes último.

El imputado, esposado, y al estilo de un Viejo Vizcacha, envalentonado por la impotencia, fue ingresado en la sala, y antes de sentarse en el banquillo, contó una breve historia alegórica a su situación.

“Un vecino vio a otro que empujaba una carretilla cargada con tierra. ¿Qué hacés? le preguntó y el hombre de la carretilla le respondió: de a poco, me estoy robando un terreno”.

César González se sentó frente al juez, y junto a la defensora oficial, Blanca Alderete, quien, pese a sus denodados esfuerzos no pudo lograr que su pupilo cerrase la boca. “¡Basta César!”, le dijo, sin resultados favorables, en más de una ocasión.

La audiencia tuvo de todo, hasta una propuesta de trompadas a cargo del imputado, quien en más de una oportunidad invitó al fiscal a solucionar, de esa manera, el conflicto que, para aquel, “ya es personal”.

Con frases como: “¿Por qué me perseguís? ¿Querés ver sangre? Crucificame en el Centro Cívico, por ser pobre”, dijo González al fiscal; por momentos la situación se salió de curso, pero, francamente, en ocasiones, de la boca del usurpador salían “verdades”, ante las que nadie se propuso hacerlo callar.

“Esto de detener a los vecinos pobres no se hubiese dado si, en lugar de mirar para abajo, hubieran mirado para arriba”, dijo el imputado. Análisis que, con otras palabras, fue refrendado por su defensora: “se está criminalizando una protesta social”, dijo Alderete.

En otro momento de la audiencia González le preguntó al jefe de fiscales, Martín Lozada, “¿qué pasó doctor con todo lo que me enseñó? No soy un delincuente, solo soy pobre”, apuntó el detenido. Estas secuencias se sucedieron ante la impávida mirada del público, los periodistas, los policías, las partes y la atenta mirada del abogado Ezequiel Palavecino, miembro de Centro de Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, que se encontraba en la sala.

En un tramo de su indagatoria González citó a Platón y se refirió al mito de la caverna: “ayudar y asesorar a alguien, ¿es delito?”, se preguntó ante los cargos por instigación.

Lo cierto es que las razones expuestas por César González ante el juez, no tuvieron fruto para quien las buscó como alegato. A esto debemos sumar su imparable verborragia y la ilegal toma de al menos un terreno, junto a otras personas; actos que lo colocaron tras las rejas, y que pese a todo siguen siendo justificados por los usurpadores.

Durante un mes el imputado deberá cumplir prisión preventiva en el Penal III de esta ciudad, hasta que la Fiscalía tome las testimoniales del caso, que se configura en el delito de usurpación -en el lote situado entre calle 1 y 7 del barrio San Francisco IV- y una tentativa de usurpación.

Julio Luzuriaga