Abogados de Derecho Indígena piden capacitaciones para fiscales
En una nota dirigida al procurador Jorge Crespo y al fiscal general Fabricio Brogna López, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), expresó su preocupación por los argumentos fiscales en el caso contra la Comunidad Buenuleo y solicitaron la realización de capacitaciones en la temática.
AADI, organismo dedicado a la difusión de los derechos de los pueblos indígenas así como a debatir sobre su interpretación y alcance, le expresó a los jefes del Ministerio Público su profunda preocupación por los argumentos esgrimidos por el fiscal Inti Isla en la audiencia de impugnación del día 12 de noviembre del corriente, ante el Tribunal de Impugnación, en la causa Buenuleo. El escrito lleva las firmas de Darío Duch, presidente de AADI y Fernando Kosovsky, representante AADI Región Patagonia.
Argumentaron que "es por todos conocido la relevancia del litigio y la argumentación en el esclarecimiento de un conflicto. Los derechos territoriales de los pueblos indígenas, reconocidos por el material jurídico internacional, por nuestra Constitución y por legislación secundaria, generan tensiones que terminan judicializándose, por lo que la controversia judicial prácticamente se torna insoslayable" y agregaron que "es central contar con operadores judiciales lo suficientemente preparados para poder resguardar los derechos en pugna, ofreciendo una interpretación de los derechos vigentes que respondan a los estándares nacionales e internacionales".
En ese sentido dijeron que "el debate acerca de los alcances de la ley 26.160 (ley de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país) y su prórroga 27.400, y la particular interpretación del fiscal mencionado genera perplejidad".
Argumentaron que "la inclusión del artículo 75 inc. 17 en la Constitución significó un reconocimiento de los derechos indígenas" y que "el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural ha sido entendido como la puerta de entrada de la justificación de la existencia del conjunto de derecho indígenas vigentes, y su interpretación es descriptiva de un hecho histórico: los pueblos indígenas existían en estos territorios con anterioridad a la conquista y colonización. Precisamente es debido a esta preexistencia, y a los procesos de despojo y genocidio de los que fueron víctimas y que están acreditados históricamente, que los pueblos indígenas gozan de derechos específicos".
Apuntaron que en las audiencias del caso Buenuleo, el fiscal mencionado interpretó "de una manera totalmente contraria a la interpretación extendida y al sentido común más básico" sin evaluar que los procesos históricos que se dieron "acorralaron, desplazaron y provocaron un impacto tremendo en todos los pueblos indígenas de América Latina" y concluyeron que "esta interpretación equivocada demuestra a cabalidad la falta de capacitación de los fiscales sobre los derechos de los pueblos indígenas".
Concluyeron que "estos yerros conceptuales más que a resolver un conflicto solo pueden llevar a profundizarlo. Es por ello que respetuosamente le reiteramos la propuesta de que se considere llevar adelante una capacitación a los fiscales -y defensores- en estos temas específicos, poniéndonos nuevamente a disposición para ello; por otra parte, tenga a bien considerar la creación de una fiscalía especializada en derechos de los pueblos indígenas, a fin de que los fiscales puedan desempeñar con solvencia el rol que deben cumplir en la administración de justicia".