“La única forma de ponerle coto a esta situación es que haya algún tipo de consecuencia jurídica”

Fue señalado por la asesora letrada del municipio, la doctora Natacha Vázquez, tras el secuestro de un celular durante un allanamiento realizado este miércoles (13/11) por la mañana, desde el que se habrían realizado las amenazas de bomba en los colegios. El lunes el Ejecutivo Municipal había presentado una nueva denuncia penal por el delito de “intimidación pública” ante la Justicia, lo que derivó en la mencionada diligencia.

“Lo cierto es que nosotros en cada una de las oportunidades hemos hecho las denuncias pertinentes, ya sea en la Justicia provincial como en la federal, aportando todos los elementos que teníamos disponibles para que se pueda hacer una investigación y encontrar a los responsables”, señaló la asesora letrada durante la entrevista que le hicieron en el programa “Mano y Contramano”, de El Cordillerano Radio (93.7).

En este sentido, detalló que el pasado lunes fue presentada una nueva denuncia de los últimos tres acontecimientos en el colegio Ángel Gallardo, en la ESRN Nº 2 y en el jardín Nº 56. “En algunos de los casos teníamos la identificación de los números de teléfono, con todos esos elementos de prueba la Justicia ha comenzado a intervenir y a buscar, por lo menos, a los responsables de esta situación”.

Consultada por el ámbito donde fueron realizadas las denuncias de este tipo de casos, Vázquez indicó que comenzaron a presentarlas ante la Justicia provincial. “En algunos de los casos que denunciamos y encontramos a los responsables, la situación fue canalizada como una broma estudiantil y la dejaron supeditada al ámbito educativo, como para que sea la educación la que tome las medidas pertinentes. Después intentamos hacerlas en el Juzgado Federal para ver si teníamos alguna recepción diferente, pero finalmente en esta última oportunidad volvimos a la Justicia provincial, hemos estado transitando en ambas justicias”.

“Entendemos que la única forma de ponerle coto a esta situación es que haya algún tipo de consecuencia jurídica. La verdad es que hemos visto que hasta ahora se ha tornado casi una cuestión habitual de todas las semanas, incluso pasó que hubo días en que se realizaron dos denuncias de amenaza de bomba en diferentes colegios. Más allá del gasto, que hemos cuantificado y puesto a disposición de la Justicia, otra realidad es que al disponer los recursos en determinada amenaza de bomba estamos quitándolos a una real emergencia que pudiera suceder, con lo cual la situación es más grave”, aseveró la doctora.

Asimismo, subrayó que “existe la tipificación de un delito que es el de intimidación pública, pero entendemos que hay otras aristas para tratar el tema. La educación es fundamental y esto sucede en el ámbito educativo”.

En este contexto, Vázquez explicó que bajo su punto de vista “en ese mismo ámbito también se debe explicar las consecuencias que podría llegar a tener un mal desenlace de estos casos. Por ejemplo en algunos casos que hemos leído, en la ciudad de La Plata, durante una amenaza de bomba una niña salió corriendo y la atropelló un auto, por eso hay que tomar en consideración que esto va más allá de los 50 mil pesos, el cansancio o el hartazgo, sino los perjuicios conexos que pueda traer”.

En cuanto al desenlace que puedan tener las diligencias, subrayó que “ahora la investigación está por cuenta de la Unidad Fiscal Temática Nº 3, con lo cual nosotros recibimos de muy buen grado la noticia. Esperamos que en función de los datos que aportamos y de las investigaciones propias que hacen desde el Ministerio Público Fiscal, se pueda ir encontrando a los responsables”.