Madres piden un espacio para pacientes de Salud Mental y la coordinadora del área dijo que "no están tirados en la calle"

Ya sin saber a quién más recurrir, dos mujeres denunciaron a este diario que la funcionaria provincial a cargo del área, Susana Santillán, se niega sistemáticamente a atenderlas. Viven situaciones dramáticas, con hijos que son enfermos crónicos y según indicaron se sienten desamparadas por parte del Estado.

Un grupo de madres dijo que ha recorrido todas las dependencias nacionales y provinciales existentes en la ciudad pidiendo ayuda. Puntualmente, requieren la creación de un espacio público con especialistas y profesionales en la materia, para que puedan atender e internar a personas con problemas mentales.

En Bariloche no existe ningún establecimiento y solo hay algunos espacios privados, donde incluso sus hijos han sido rechazados. “Nuestros hijos requieren de atención las 24 horas. En el Hospital Zonal no hay lugar ni especialistas para poder atenderlos, por lo que si los llevamos ahí los inyectan y los mandan a la casa nuevamente. O los dejan atados, sin respuestas. Todo lo que está en Bariloche, está muerto”, expuso Natalia Salani.

Su hija Karen está internada en la provincia de Mendoza hace tres años y sufre por estar lejos de ella, por no poder visitarla continuamente. Pero más sufrió antes, recorriendo durante 13 años los pasillos del hospital Garrahan en Buenos Aires, conviviendo sola con su hija que padece un retraso mental profundo con parálisis cerebral irreversible.

Su vida fue un calvario por no tener un espacio de contención para Karen, con jornadas enteras sufriendo violencia por parte de ella, llamando a la Policía, a la ambulancia y con la conciencia de que no tenía una solución definitiva, porque hasta la fecha, ningún funcionario rionegrino le brindó una respuesta, que se acerque mínimamente a una solución.

En una situación similar o peor se encuentra Stella Maris Scally, quien tuvo dos hijos autistas y con otras patologías mentales. Su realidad doméstica durante mucho tiempo es inimaginable e indescriptible, con hijos que no hablan, tienen reacciones violentas y sin poder sobrellevar naturalmente esta situación.

Tras muchos años de luchas y recorrer despachos, logró internar a sus dos hijos Julián y Agustín, en Valle Sereno de General Roca. Pero hace dos años hubo un incendio en el lugar, donde en un confuso episodio falleció Julián, sin mayores explicaciones, y según contó, fue destratada durante más de dos semanas.

“Cuando me mataron a mi hijo exigí que a Agustín lo saquen de ahí y lo deriven a Aluminé, hasta que conseguimos que sea trasladado por orden judicial”, donde fue trasferido en diciembre del año pasado y se quedó alojado pese a no pasar la prueba, debido a que rompió numerosos artefactos.

Según el relato de su madre, "el 24 de mayo tuvo una fuerte crisis que generó varios idas y vueltas al hospital y desde entonces Agustín -de 32 años- está alojado en el Dr. Ramón Carrillo, aunque no es el lugar adecuado ni está preparado para que esté allí".

Fuera de las normas

La Ley 2.440 de Salud Mental la ampara a ella y a todas las personas en una situación similar. Sin embargo, en la práctica eso no sucede.

“Acá se está incumpliendo la ley, pero los políticos se llenan la boca hablando de que estamos bárbaro en la provincia. En Bariloche no hay ningún espacio. El único que hay es privado y está desbordado, que es Aluminé, pero no atiende a quienes tienen problemas mentales graves, sino que solamente a los leves, porque dicen que no están capacitados”, indicó Natalia Salani.

Su hija Karen tiene 20 años y hace tres que está residiendo en una clínica psiquiátrica de Mendoza. “Se está incumpliendo la ley porque no pueden sacar a los chicos de la provincia. Yo pido que me la devuelvan, pero en las mismas buenas condiciones que existen en Mendoza. La Ley 2.440 dice que el familiar tiene que estar antes, durante y después del tratamiento con el paciente, por eso digo que conmigo no se cumple en nada la ley”, manifestó Salani.

Las madres de chicos con estas patologías ya han pasado por diferentes estamentos del Estado y no reciben respuestas. Incluso, acusan haber sido maltratadas. Sin embargo, lo peor pasó este martes.

“Desde hace mucho tiempo que le venimos pidiendo una audiencia a Susana Santillán, coordinadora de Salud Mental de Río Negro. Después de mucho tiempo de esperar por una reunión, nos mandó a decir con Beatriz Contreras que no nos quiere atender. Que una funcionaria pública no nos quiera recibir es una vergüenza, porque es su obligación y su trabajo”, denunció Salani.

Y eso no es todo. Anteriormente, según expusieron tanto Salani como Scally, Santillán les había expresado por nota que derivarán a sus hijos a Neurología, cuando ellos tienen problemas psiquiátricos y no corresponde, y finalmente les dijo que recurran a “Asumir” en Dina Huapi, que es un espacio privado y para personas que sufren adicciones.

“Ya no sabemos a quién recurrir, los legisladores no nos responden, el gobernador me dijo que mi hija estaba bien en Mendoza. Hemos juntados firmas. Acá somos dos los casos, pero hay cientos de personas como nosotras que no están visibilizadas, porque están encerradas con sus hijos dentro de su casa, sin poder salir, sin tener una vida normal, sin vida social, golpeados por sus propios hijos y desprotegidos por un Estado, que por ley está obligado a ocuparse”, expresó Stella Maris Scally.

Los casos de sus hijos son crónicos e irreversibles, las internaciones son para siempre. Los padres sufren día tras día para gestionar medicamentos, pasajes, hospedajes, porque siempre tienen que viajar fuera de Bariloche. En la diaria, son golpeados, viven con hijos atados a una cama y no pueden salir de su hogar.

Ambas mujeres expusieron que los profesionales del hospital ponen lo mejor de sí, pero que hacen lo que pueden. Y que sus hijos no están claramente en la situación más cómoda, ni mucho menos.

La Ley Nacional 26.657 de Salud Mental expone en su artículo 7, que los pacientes tienen “derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria”.

Susana Santillán: “no respondo bajo amenaza”

La coordinadora de Salud Mental de la provincia, respondió en duros términos a las madres que la acusaron de haber rechazado una reunión con ellas. Dijo además que las mujeres mienten y que no es la primera vez y que sus hijos “no están tirados en la calle”.

La funcionaria provincial a cargo del área de Salud Mental, Susana Santillán, se vio molesta por el reclamo en los medios de algunas madres que, según dijeron, agotaron todas las instancias burocráticas y ahora intentan hacer visible la situación que aseguran estar atravesando.

“Conozco los casos de las dos personas y no voy a dar detalles de la situación de sus hijos, pero quiero aclarar que yo no tenía ninguna reunión organizada con nadie. A la única persona que le dije que nos podíamos reunir en mi llegada a Bariloche era Beatriz Contreras. Yo no había pactado absolutamente ninguna reunión”, sostuvo.

“Contreras me llamó muchas veces haciéndome llegar la inquietud de los padres y yo le respondí que no me voy a reunir con padres, porque no era lo previsto. No cancelé nada. Tengo un programa de actividades (en Bariloche) y es lo que estoy respetando. No me parece oportuno”, agregó.

 Susana Santillán, a la derecha, junto al ministro de Salud, Fabián Zgaib.

Consultada por este medio si más allá del entredicho, podrá atender a las madres, Santillán respondió: “se respetan las necesidades de todo el mundo, pero en estos términos no habitúo a manejarme. Mediatizando la situación.

Sus hijos están atendidos, uno de ellos tiene cobertura de obra social y se está gestionando lo que corresponde. Tendría que ver de reunirme con ellos, ahora lo defino, pero incomoda mucho. No es la primera vez que dicen cosas que no son ciertas”.

“La información que me llega a Viedma donde funciona la Coordinación es una y cuando llego a Bariloche la realidad es otra. Es muy compleja la situación. Si no esta es una reunión bajo amenaza. Yo no respondo bajo amenaza.

Estamos hablando de la salud de dos personas que no están tiradas en la calle, sino que están cuidadas”.

Santillán entiende que se trata “de pacientes que tienen una discapacidad como condición. No es lo mismo que un problema de salud mental. Nosotros vamos generando y planificando dispositivos, de acuerdo a las necesidades y los servicios. Y las respuestas siempre son intersectoriales e interministeriales, entonces Salud Mental no es la única área que debe intervenir en estos casos, que son más abarcativos”.

La demanda puntual de las madres, es que se abra un espacio de internación público en Bariloche. Consultada la funcionaria acerca de esta posibilidad, indició que no sabe por qué Bariloche aún no cuenta con un establecimiento de esas características. “Son cuestiones que hay que planificarlas, mañana (por hoy) viene la secretaria de Salud y se puede conversar con ella al respecto. Yo estoy coordinando el Programa Provincial de Salud Mental. Se necesitan varios acuerdos y definiciones para abrir un lugar determinado. Pero estas personas tienen a sus hijos cuidados y protegidos”, recalcó.
Ante esta afirmación, este medio le recordó que una de las pacientes está internada en la provincia de Mendoza, pese a que la Ley Rionegrina 2.440, aclara que no se puede sacar a un paciente de la provincia, por la lejanía y el desarraigo que esto implica para los padres, estar lejos de sus hijos.

“Dicho así suena terrible y la realidad no la puedo contar porque es la historia de la paciente, pero le puedo asegurar que no es así lo que plantea la familia. No es real. No voy a dar más detalles de la dinámica y de la funcionalidad o disfuncionalidad de una familia. Las realidades difieren mucho de lo que plantean”, respondió.

Por lo tanto, se le consultó si está bien que una joven rionegrina esté internada en Mendoza y no en Río Negro. Y entonces Santillán contestó: “No está bien, pero es el lugar donde la paciente está cuidada en este momento. Y a veces hay situaciones de alta complejidad. Y en lo inmediato, es muy difícil generar un dispositivo para situaciones de tan alta complejidad. Son situaciones que aparecen de la comunidad, son personas con una discapacidad como condición y no solo salud mental tiene que dar respuestas”.

Diego Llorente