Comenzó el juicio por la muerte de “Coco” Garrido en calabozo de comisaría

Dos efectivos policiales son enjuiciados desde este lunes por su responsabilidad en el trágico hecho ocurrido en la noche del 13 de enero de 2011, cuando en el interior de un calabozo de la comisaría 12 de El Bolsón, Guillermo “Coco” Garrido habría tomado la trágica decisión de quitarse la vida, colgándose con el cinturón de cuero que las autoridades debieron quitarle luego de encerrarlo.

Familiares y allegados de Garrido aseguran que el joven de 24 años no tenía ningún motivo para suicidarse. Tenía varios proyectos en marcha y había viajado a El Bolsón para acompañar a su familia en el cumpleaños de su padre. Al caer la tarde de aquel día, en estado de ebriedad, protagonizó un leve siniestro vial, sin lesionados y apenas algunos daños materiales y fue trasladado a la Unidad Policial, hasta que se le pasaran los efectos del alcohol. Pero cuando su familia se acercó a la dependencia para tomar contacto con él, un efectivo policial dijo haberlo encontrado colgado de una reja, con el cinturón de cuero que vestía.

El médico policial Gustavo Álvarez y el médico forense Juan Manuel Piñero Bauer avalaron esa teoría y solo dos uniformados fueron llevados a juicio por homicidio culposo, entendiendo que actuaron con negligencia al no observar que el joven había sido encerrado en un calabozo portando dicho elemento.

Álvarez revisó a Garrido ya fallecido en el interior de la dependencia policial, mientras que Piñero Bauer practicó la autopsia a su cuerpo en Bariloche. Ambos encontraron un cuerpo sano, libre de cualquier tipo de lesión por agresión. Según resumieron, Garrido no tenía ni golpes ni fracturas ni otro tipo de lesiones compatibles con una posición defensiva. Solo un surco incompleto alrededor de su cuello, de unos tres centímetros de espesor, compatible con el tamaño del cinturón que fue secuestrado en el marco de la causa.

Poco antes de su deceso, Garrido había sido revisado por la doctora Romina Hansen en el Hospital de El Bolsón y refirió que fuera de una halitosis alcohólica no encontró nada en el sujeto que le llamara la atención, sometiéndolo a una revisión en la que Garrido respondió correctamente y se mostró respetuoso y colaborativo. Laura Pavese, otra médica del hospital, fue la primera en acudir al calabozo cuando las autoridades pidieron ayuda. Pero Garrido ya estaba sin vida y su labor concluyó inmediatamente.

Quien era su pareja, Rosa Mayorga, no encontró explicaciones sobre los motivos que hubieran llevado a Garrido a tomar esa decisión. “Coco no era un delincuente, no tenía antecedentes y nunca tuvo problemas con la policía”, relató y recordó que poco antes de marcharse detenido habían tenido una comunicación telefónica en la que le contó que había tenido un pequeño accidente de tránsito y que aguardaba la llegada del personal policial. “Hoy mismo vuelvo a Bariloche” le había dicho, advirtiendo que lo haría en un remís porque a esa hora ya no funcionaban los colectivos que unen ambas localidades.

Darío Garrido, hermano del joven fallecido, también descree de lo ocurrido con su hermano. “No creo que mi hermano se haya suicidado”, enfatizó y relató que una vez tuvo oportunidad de observar a un hombre mayor ahorcado y las lesiones que observó no las encontró en el cuerpo de su hermano cuando intentó vestirlo para el velatorio.

Más allá de las presunciones y de las sospechas del entorno de la víctima, solo dos uniformados fueron acusados por el delito de homicidio culposo. Quienes investigaron el hecho no encontraron pruebas para sostener otra hipótesis y llevaron al banquillo a Laura Leiva y Emilio Oyarzún, que están acusados por haber actuado con negligencia cuando Garrido entró esa noche detenido a la comisaría y fue encerrado con su cinturón.

El caso es juzgado por un tribunal integrado especialmente para la ocasión. Intervienen los jueces Sandro Martin, Gastón Pierroni y Gustavo Quelin, los tres integrantes del foro de jueces de General Roca. Además, actúa por la fiscalía Martín Lozada y Francisco Arrien, por la querella en representación de los padres de Garrido interviene Marina Schifrin, mientras que la defensa es ejercida por el defensor oficial Marcos Cicciarelo –Oyarzún- y el defensor particular Darío Barroero, para Leiva.

El desarrollo del juicio oral y público tendrá su continuidad en la mañana de este martes con la declaración de unos diez testigos, cifra similar a la que desfiló ante el tribunal durante la primera jornada desarrollada este lunes.