Municipio indemnizará a personas despedidas durante la última dictadura militar

Se trata de una ordenanza que fue aprobada en diciembre del año pasado y que no había podido cumplimentarse hasta la fecha, son cerca de dos millones de pesos que se pagarán en concepto de indemnización.

El intendente Gustavo Gennuso informó que se hizo un plan de seis cuotas y se abonará con fondos propios a las personas que fueron cesanteadas durante la última dictadura cívico militar.

“Es una buena noticia para ellos y también para hacer justicia desde el municipio, para quienes tuvieron problemas en su trabajo, simplemente por militar, por tener ideas”, manifestó el jefe comunal.

“Es un esfuerzo enorme cumplir con estas cuestiones, pero era justo y se hizo el esfuerzo. Ahí lamentablemente, no por mala voluntad, cuando se hacen estas ordenanzas hay que prever de donde saldrán los fondos. Nuestro municipio no estaba acostumbrado a hacer eso, hay que poner un mecanismo para que se diga de dónde se sacan los fondos, sino no es fácil cumplir”, manifestó el intendente.

Afirmó además, que se trata de cuatro personas incluidas en esta ordenanza y que la suma que se abonará en seis cuotas, es cercana a los dos millones de pesos.

La ordenanza fue sancionada a fines del año pasado, como iniciativa de los concejales del Frente Para la Victoria, Ana Marks, Ramón Chiocconi y Daniel Natapof, como adhesión a una ley provincial.

La misma, reconoce la necesidad de otorgar resarcimientos económicos para los y las agentes municipales que hayan sido cesanteados, exonerados o forzados a renunciar por motivos políticos, ideológicos, gremiales o razones similares durante la última dictadura cívico militar.

En tal sentido, la Ley provincial N° 5.042 reconoce el derecho a un resarcimiento económico a los agentes de la Administración Pública Provincial que fueran declarados prescindibles o cesanteados, exonerados y/o forzados a renunciar por motivos políticos, ideológicos, gremiales o razones similares durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

Dicha ley, sancionada y promulgada por la Legislatura del Pueblo de Río Negro y publicada en el Boletín Oficial del 22 de junio de 2015, contribuye a la necesaria reparación histórica de aquellos empleados provinciales que hubieran sido apartados de sus puestos laborales por razones políticas, ideológicas, gremiales o razones similares y teniendo en cuenta que el derecho al trabajo constituye uno de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales han sido oportunamente ratificados y ostentan jerarquía constitucional.