Incluyendo Bariloche propone medidas de emergencia
De acuerdo a la información periodística de distintos medios y denuncias de los usuarios, la empresa Mi Bus ha decidido en forma arbitraria y unilateral el recorte de las frecuencias de las líneas 60, 82, 70 y 21 a partir del día lunes 17 del corriente.
El gobierno municipal y el director de Tránsito Catini se enteran de esta situación a través de múltiples denuncias de vecinos afectados. Ni el jefe de Gabinete, ni el director de Tránsito contestan las llamadas de los vecinos.
El gobierno municipal reconoce a través de su intendente que habían conversado con la empresa para que presentaran un cronograma de reducción de frecuencias dado que la empresa aduce que sus vehículos recorren más kilómetros que los acordados contractualmente. La empresa no presentó cronograma alguno y redujo las frecuencias sin aviso ni autorización previa.
Nuevamente el gobierno municipal es condescendiente con la empresa Mi Bus permitiendo este tipo de acciones que están penalizadas contractualmente y cuyas multas nunca se efectivizan, como en el caso del recordado lock out patronal.
El 3 de octubre fue convocada una nueva audiencia pública para analizar un pedido de Mi Bus de aumento del boleto mínimo a $25. La convocatoria es a las 8 de la mañana y solo restan nueve días para inscribirse como oradores. A pesar de los reclamos realizados en innumerables oportunidades para que las audiencias además de vinculantes se realicen en horarios accesibles para los trabajadores, la historia se repite.
El proyecto de Ordenanza que propone incorporar a los usuarios a la Comisión de Seguimiento del Transporte impulsado por la concejala Ana Marks con la coautoría de la Multisectorial por el Transporte Público de Bariloche del mes de abril de este año es semanalmente cajoneado por los concejales del oficialismo y del Pro.
A esto se suma la burla que constituye la propuesta del Ejecutivo frente a la sentencia favorable del juez Riat de incorporar el 100% de la flota de vehículos con acceso universal para dentro de 50 años a un ritmo de dos vehículos por año.
Todas estas situaciones reflejan el desinterés del gobierno municipal por un derecho esencial de las ciudadanas y los ciudadanos como es el de acceder al transporte público, y la obligación del gobierno municipal de garantizarlo. El panorama se agudiza con el anuncio de la quita de subsidios al transporte por parte del Estado Nacional y la comunicación pública del intendente acerca de la imposibilidad de que el Estado Municipal lo sustente. Distintos cálculos convergen en un futuro boleto mínimo de entre $ 35-40, lo cual se constituye en una imposibilidad para amplios sectores de nuestra población.
Frente a esta grave situación y sin perjuicio de la necesidad de discutir e implementar en el mediano plazo otro modelo de transporte público para nuestra ciudad proponemos en lo inmediato y como medidas de emergencia:
- La reducción contractual del porcentaje de ganancia de la empresa Mi Bus que tiene fijado un tope del 20% y que con ese porcentaje se calcula el costo del boleto.
- El cobro por parte del municipio del Impuesto a la Patente Automotor y que parte de lo recaudado sea aplicado a subsidiar el boleto del colectivo -lo cual consistiría en un aporte de la provincia a paliar la situación- y a financiar las cuestiones de obras de infraestructura que garanticen el funcionamiento de los colectivos de acceso universal.
Por Incluyendo Bariloche
Andrea Galaverna, José Rodríguez, Norma Aguirre, Jorge Edgardo Quilaleo, Marina Schifrin, Leticia Campodónico, Alfredo Chaves, Ángel Vainstein, Andrés Biasetti, Raúl Lucaccini y otrxs.