Acusado por apedrear una vivienda y amenazar al dueño

El juez de Garantías Ricardo Calcagno, aceptó la formulación de cargos que realizó la fiscal Silvia Paolini respecto de un sujeto al que atribuyeron los delitos de amenazas agravadas, daño y tenencia ilegal de arma de fuego. En la misma audiencia, el magistrado rechazó la acusación contra otro de los individuos que permanecía detenido desde el fin de semana.

La fiscalía atribuyó a Gregorio Cornelio (51) y a Hugo Fernández (25), un hecho ocurrido el pasado domingo en horas de la noche, cuando habrían actuado junto a otro grupo de sujetos -entre los que había menores de edad-, atacando una vivienda, efectuando disparos y amenazando al dueño de la misma.

Según la acusación, el hecho se produjo después de las 21, en las 30 Viviendas. Los atacantes comenzaron a arrojar piedras y otros objetos contundentes, provocando la rotura de varios vidrios de la morada.
Cuando el propietario se hizo presente, le profirieron amenazas de muerte mientras que valiéndose de un arma de puño tipo revólver y otra arma de fabricación casera -tipo tumbera- le efectuaron varios disparos sin alcanzar a herirlo.

Ante el arribo de una comisión policial al lugar, los atacantes se retiraron del sitio y se refugiaron en una vivienda cercana, siendo necesaria una orden de allanamiento para lograr su detención y el secuestro de una de las armas utilizadas. Uno de los acusados, fue detenido en el lugar, aunque adujo que nada tenía que ver con el asunto y que había sido detenido por equivocación.

La fiscal Paolini le atribuyó a Cornelio el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, daño y tenencia ilegal de arma de fuego, mientras que a Fernández lo acusó por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma y daño, requiriendo el plazo de dos meses para la etapa de investigación preparatoria del caso.

Sin embargo, Fernández adujo que ese día había estado durmiendo en una vivienda muy cercana al lugar en el que ocurrieron los hechos y que fue detenido por error por la Policía.

En ese sentido, la defensora oficial adjunta Mónica Goye, pidió el rechazo de la acusación fiscal en tanto describía hechos de manera genérica sin discriminar qué roles ocuparon cada uno de los detenidos. Además, siguiendo el descargo de uno de sus asistidos, pidió que sea liberado automáticamente.

Por ello, el juez Ricardo Calcagno aceptó la formulación de cargos contra Cornelio, pero la rechazó contra Fernández, habilitando el plazo de dos meses de investigación que requirió la fiscalía. Además, dispuso que los dos sujetos recuperen su libertad desde la misma comisaría en la que estaban detenidos desde el día domingo.