Fiscal imputó a Intendente de Dina Huapi y ex funcionario municipal

Danilo Rojas y el ex secretario de Obras Públicas de Dina Huapi, Carlos Morazzani, fueron acusados por el fiscal Guillermo Lista en orden a los delitos de abuso de autoridad y malversación de fondos públicos, en el marco del trámite administrativo relacionado con la construcción de la segunda etapa de la bicisenda.

La jueza de Garantías Romina Martini, otorgó un plazo de cuatro meses para que las partes desarrollen la investigación preparatoria del caso, marcando que cualquiera de las tres figuras penales señaladas por el fiscal Guillermo Lista, podría encuadrar en el hecho que describió el representante del Ministerio Público al formular su acusación. En ese sentido remarcó que la descripción de los hechos resultaba clara y circunstanciada y debía profundizarse la investigación para determinar las responsabilidades de los dos involucrados, resumiendo que el fiscal “relató un hecho, le atribuyó una calificación legal y agregó evidencia”, despejando los reproches defensivos al señalar que “sería irresponsable hoy subsumir las conductas descriptas en una de las figuras mencionadas”.

Danilo Rojas y Carlos Morazzani fueron asistidos por el defensor particular Sebastián Arrondo, que realizó diversos planteos para lograr la exclusión de la parte querellante (los integrantes del Tribunal de Contralor con patrocinio letrado de Jorge Pschunder y Karina Chueri) en primer término y luego para rechazar la pretensión fiscal de investigar a sus pupilos. Aunque ninguno de los planteos encontró eco en la resolución de la jueza interviniente, lo que motivó su reserva de impugnar lo resuelto.

Los dos funcionarios fueron denunciados por los integrantes del Tribunal de Contralor del municipio dinahuapense, en virtud de haber violado la normativa local para la contratación de obras.

Según lo establecido las contrataciones directas son permitidas hasta un monto de $93.000, pero la obra encarada tenía un presupuesto de $280.000. Para disimular tal situación, fraccionaron la obra en tres etapas, liberando pagos por $84.000, $91.000 y $78.000 y la adjudicaron sin licitación a una empresa constructora.

En el contexto de la misma obra, los dos funcionarios imputados liberaron un pago de $35.000 para la compra de una importante cantidad de hierro de construcción, que de acuerdo a la memoria técnica de la obra, no fue utilizado en la construcción de la bicisenda y sí, al menos una parte, en la construcción de una parrilla para instalar en el Polideportivo de la localidad, en donde además se concretó una ampliación de la confitería.

El fiscal Lista apuntó que la investigación permitiría determinar exactamente los delitos en los que podrían haber incurrido ambos funcionarios, señalando que inicialmente se traslucía un desvío de fondos y bienes y una posible sustracción de caudales públicos.