Greenpeace cuestiona el desarrollo urbanístico en la costa del lago Correntoso

A través de una carta dirigida al gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez y a Sergio Bergman, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la ONG Greenpeace se interesó en un polémico tema del que habla la comunidad de Villa La Angostura.

“Nos dirigimos a ustedes para manifestar nuestra profunda preocupación por el avance de un desmonte ilegal en Villa La Angostura, en la costa del lago Correntoso y sobre la ladera del cerro Belvedere, para un desarrollo urbanístico sobre 87 hectáreas de boques nativos (Categoría I – rojo), donde según lo establecido por la Ley Nacional de Bosques (26.331) está prohibido deforestar (artículos 14 y 19)”, se expresó en la misiva.

La misma está firmada por Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques para Greenpeace Argentina.

“Cabe advertir, que su destrucción tendría un impacto ambiental significativo y la zona es territorio de la comunidad mapuche Paicil Antriao, por lo que dicho desmonte no solo viola la normativa forestal nacional, sino también las referidas al derecho indígena (artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y Ley Nacional 26.160)”, se entiende desde la organización.

La entidad entiende que el desarrollo urbanístico habría sido aprobado por el gobierno de la provincia de Neuquén, desconociendo dichas normativas nacionales.

La nota cierra solicitando “que como máximas autoridades en la materia, cumplan y hagan cumplir la normativa vigente”.

Desde el pasado domingo, la comunidad Paicil Antriao está ocupando los terrenos que pertenecen al grupo empresario Fideicomiso Lago Correntoso. La comunidad aclaró que resolvieron “poner en resguardo territorial el sector de nuestro territorio que denominamos PiChunko – Ladera Correntoso, que actualmente está siendo fuertemente castigada de forma indiscriminada por las ambiciones de empresarios mercenarios y especuladores, para instalar a través de este fideicomiso un proyecto de loteo urbanístico”.

Denunciaron que el desarrollo inmobiliario “ya lleva avanzado 900 metros de camino de los 2.700 metros totales, arrasando con toda una biodiversidad de alto valor de conservación y que va a estar distribuido en lotes de 22 fracciones cada uno”.

El lugar está siendo custodiado con policías y desde la Justicia se ha decidido relevar a las personas que están ocupando las tierras. No hubo hechos de violencia ni enfrentamientos de ningún tipo.