Legisladores del Frente para la Victoria denunciaron penalmente al intendente

Los legisladores Edith Garro y Alejandro Ramos Mejía denunciaron penalmente el intento del gobierno de prorrogar la concesión en el cerro Catedral de manera directa y sin atravesar un proceso licitatorio, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otras irregularidades.

La denuncia fue presentada días atrás y menciona que el avance del oficialismo (intendente y concejales) busca “beneficiar económicamente a la empresa CAPSA, provocando un perjuicio económico al municipio local”.

El escrito describe el proceso completo, desde que el intendente Gustavo Gennuso suscribió un acta acuerdo con la firma concesionaria de la montaña, en noviembre del año pasado, cuya rúbrica se realizó de manera “inconsulta y a escondidas”.

La denuncia que presentaron los parlamentarios, en relación a esa acta acuerdo, sostiene que tiene por objeto “modificar y prorrogar el contrato de obra pública, el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 01/92, el Contrato de Adecuación Contractual, por vía directa, sin licitación pública, incumpliendo todas las normas vinculadas a como el Estado debe contratar, en forma anticipada en 9 años a su vencimiento, y solo en algunas cuestiones específicas que resultan muy favorables a la empresa CAPSA y muy perjudiciales en términos económicos, ambientales y sociales para el municipio”.

Afirmaron además que “no existen motivos, ni urgencia que justifiquen la excepcionalidad de la prorroga directa y modificación de las condiciones en vigencia de la Licitación Pública 01/92, cuando aún faltan 8 años para su vencimiento”.

Las autoridades locales “pretenden realizar modificaciones estructurales equivalentes a una nueva contratación con diferentes bases y condiciones sin llamar a Licitación Pública y con ello comprometer el destino del cerro Catedral por los próximos 39 años, incluyendo la entrega de tierras del Área Catedral que resultan ser de carácter inalienables -conforme Disposición 20 de la Carta Orgánica Municipal- como parte de un desarrollo inmobiliario, que resulta un negocio espléndido y fabuloso para CAPSA y uno ruin para el municipio de San Carlos de Bariloche”.

Entre otros beneficios, el intendente se compromete a dejar sin efecto las sanciones que hayan sido aplicadas a la empresa en los últimos años “favoreciéndola una vez más y permitiéndole, de esa forma, acceder a la renovación contractual anticipada de forma directa, algo que no podría ocurrir teniendo en cuenta las múltiples infracciones en las que incurrió la concesionaria”.

En otro de los puntos, Ramos Mejía sostiene que “el perjuicio resulta evidente, porque además de la entrega ilegal de la tierra que se pretenden hacer, no hay definición en el proyecto, de quién es el que tiene que afrontar el gasto por los servicios básicos (cloacas, electricidad, agua y gas) por lo que lo va a tener que afrontar el municipio, lo que evidencia el pésimo acuerdo que impulsan, para el Estado. No existen motivos razonables para justificar la concesión anticipada e incurrir en excepciones como las que pretende el gobierno local” y aseguró que “si existieran motivos deberían estar justificados, documentados y no deberían ser producto de la subjetividad del intendente, lo que constituye un claro y preciso acto de abuso de autoridad”, sostuvo Garro. (Fuente: Prensa Legislador Alejo Ramos Mejía)