Trasladaron de urgencia de Bariloche a Cipolletti a uno de los condenados por el caso Mandagaray

El policía de Río Negro y ex instructor, Maximiliano Vitali Méndez, sufrió en las últimas horas un infarto, que debió ser hospitalizado, de acuerdo a recientes trascendidos en Viedma que luego fueron confirmados en Bariloche.

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De acuerdo a la información que se pudo recabar, fue trasladado de urgencia desde Bariloche a Cipolletti por los servicios médicos. Tiene una afección cardíaca que había que evaluar.

En este sentido, se supo que fiscal y el defensor en el caso Mandagaray por el cual está condenado hicieron un pedido una vez que estaba en el centro médico especializado de Cipoletti para retirarle la tobillera unos minutos de manera de poder hacerle una tomografía. Está internado y los médicos deben definir los pasos a seguir.

Maximiliano Vitali Méndez está condenado -junto a otros policías- a cuatro años y seis meses y cuatro años y tres meses de prisión, sumado al doble de tiempo para ejercer funciones policiales, por haber sido encontrado responsable de la muerte del oficial Gabriel Mandagaray. El joven policía falleció en medio de un entrenamiento del Cuerpo de Operaciones Especiales y de Rescates (COER) el 15 de abril de 2021 en Bahía Creek.

En el curso de los últimos trámites de esta causa en Viedma -donde participó vía zoom-, se supo que Vitali Méndez se estaba desempeñando como chofer de remises en la ciudad lacustre, aunque durante la descompostura estaba en su domicilio.

Qué disparó la posición del STJ

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el 11 de agosto pasado las quejas presentadas por las defensas de los cuatro condenados. De esta manera, quedaron confirmadas las condenas que habían sido revisadas por una nueva integración del Tribunal de Impugnación (TI). El máximo órgano judicial rionegrino sostuvo que el TI, con una nueva integración, “dio cabal cumplimiento al mandato de revisión integral y exhaustiva” que se había ordenado.

En dos oportunidades, el STJ había recalcado la necesidad de una sentencia que realice una revisión integral de los planteos de las defensas para evitar arbitrariedades. En esas ocasiones no decidió sobre los montos de las penas ni las responsabilidades, sino de la obligación de tratar cada uno de los puntos que argumentaron las partes.

El STJ destacó que en este caso “el fallo organizó su análisis de manera sistemática y pormenorizada, en tanto abordó la acusación y el principio de congruencia; valoró la prueba producida en el debate oral; examinó la calificación legal del abuso de autoridad; analizó individualmente la posición de cada acusado; se pronunció sobre el concurso real y fundó la determinación de la pena para cada condenado”.

Como lo solicitó el STJ en fallos anteriores, en todos esos puntos “el órgano revisor expresó sus propias razones con sustento en la prueba del juicio y en la doctrina legal aplicable, sin limitarse a reproducir lo resuelto en etapas anteriores. Esa labor satisface plenamente lo dispuesto por este Superior Tribunal de Justicia”.

La resolución alcanza a Vitali Méndez, junto con Alejandro Gabriel Gattoni, Alfredo Roberto Nahuelcheo, y Marcelo Ariel Contreras. Este último Tribunal de Impugnación estuvo integrado por Romina Lía Martini, Alejandra Berenguer y Sandro Gastón Martín.

El STJ concluyó que las presentaciones de las defensas no lograron demostrar un error en la decisión que había rechazado los recursos extraordinarios. También señaló que los cuestionamientos reiteraban planteos vinculados con la valoración de la prueba y las conclusiones jurídicas que ya habían recibido respuesta.

Entre otros aspectos, las defensas cuestionaron el principio de congruencia, la responsabilidad atribuida a cada uno de los acusados, la relación entre sus conductas y el resultado, la calificación jurídica, el concurso de delitos y las penas impuestas. Con esta decisión se agotaron las instancias provinciales de revisión de las condenas.

Dos días después, un tribunal compuesto por Carlos Reussi, Marcelo Álvarez e Ignacio Gandolfi, dispuso nuevas medidas cautelares contra Vitali Méndez (ya tenía colocada la pulsera), Nahuelcheo y Gattoni. En este marco, se dispuso que debían concurrir en forma semanal a una comisaría, prohibición de salida de las ciudades de residencia y notificar a los organismos para que no salgan del país.

Estas medidas se extenderán hasta el plazo de revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en tanto en la última audiencia el fiscal de la causa -desde el 15 de abril- Guillermo Ortiz, anticipó que impugnará lo actuado por el tribunal.