Publicidad
 
10/06/2026

Caso OPS: "Si hubo delito, alguien tiene que hacerse responsable", afirmó el abogado de la Municipalidad

La investigación es por presuntas irregularidades en contrataciones directas de maquinaria vial durante la gestión de Gustavo Gennuso.

El abogado Ricardo Mendaña, patrocinante de la municipalidad, brindó detalles sobre la resolución dictada este martes por el fiscal Inti Isla, de ampliación de la investigación por presuntas irregularidades en contrataciones directas de maquinaria vial a la empresa OPS, realizadas durante la gestión de Gustavo Gennuso. La denuncia fue realizada por el intendente Walter Cortés.

Lee también: La Fiscalía amplió la investigación por las contrataciones de maquinaria durante la gestión de Gennuso

En una conferecia de prensa realizada en instalaciones municipales, Mendaña señaló que desde noviembre de 2024, cuando fue realizada la denuncia de supuesta administración fraudulenta,  brindaron información y documentación que estaba a disposición de la Intendencia, así como un sumario que realizó el Tribunal de Contralor.

"Toda esa información se le aportó al Ministerio Público y le requerimos en su momento que avanzara con la investigación. El Ministerio Público cumplió con algunas de las medidas que pedimos y, finalmente, el 27 de diciembre del año pasado, dictó una primera resolución por la cual se ordenaba la investigación preparatoria", detalló. En ese sentido, indicó que lo resuelto este martes completa esa decisión ya que se individualiza a los imputados y se los notifica de la investigación y, además, se les solicita que designen abogados defensores. 

"En función de lo resuelto, presumimos que la Fiscalía ha encontrado elementos para ver si define la formulación de cargos de las cinco personas que son mencionadas en esta resolución", expresó. Según detalló, los funcionarios investigados de la gestión en ese momento son el ex intendente, Gustavo Gennuso; Carlos Cairo, que era Secretario de Obras y Servicios Públicos, Edgardo Garza, que era el Subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Diego Quintana, que era el Secretario de Hacienda y Lilian Baroni, que era Directora de Políticas Tributarias de la Secretaría de Hacienda.

Destacó que la contratación llevó a una intervención del órgano de Contralor que, a mediados el año 2024, estableció un sumario administrativo "por las irregularidades que se habían detectado ahí y que había una afectación, por lo menos obligaciones, para el municipio del orden de los 15 millones de dólares, de acuerdo al reclamo que ha hecho OPS por haber entregado esas maquinarias viales y haberlas mantenido varios años acá, en muchos casos sin ningún tipo de contrato". 

Explicó que luego de examinar administrativamente, se detectaron irregularidades relacionadas la contratación de las máquinas viales por lo que se solicitó la investigación. "Son muchas acciones, es un periodo largo de tiempo y seguramente vamos a pedir que la causa se declare compleja porque esto le da más tiempo a la Fiscalía para investigar", indicó.

Sobre las irregularidades, en primer se refirió a la contratación directa, una excepción que requiere justificación por razones de necesidad y urgencia, así como respetar un monto. "Y tercero, no se puede contratar a una empresa quebrada, que era la situación jurídica de la empresa OPS . El contrato es del año 2019 y en diciembre se había decretado su quiebra. Y eso lo dice expresamente la ordenanza relacionada con las contrataciones públicas", puntualizó.

"Lo que pretende la municipalidad a través de la constitución como querellante y la fiscalía como responsable del ejercicio de la acción penal es que se sepa si hubo un delito, quiénes son los responsables y si merecen ser sancionados penalmente", afirmó. Y detalló que "el delito de administración fraudulenta tiene una pena de prisión y además tiene prevista, si son funcionarios, la pena de inhabilitación".

En cuanto a los resultados posibles, indicó "veremos cómo avanza la investigación, primero, si la intención fue fabricar un crédito, o si la intención además fue sacar un conjunto de vehículos que estaban en el radar de los acreedores de la quiebra, ponerlos en un municipio con un contrato para crear una suerte de impedimento para que los otros acreedores pudieran embargar o ejecutar esos bienes".

El objetivo es "primero que se esclarezca, que la sociedad en general, pero mucho más la comunidad de Bariloche sepa, si hubo un delito y si hubo un delito alguien tiene que hacerse responsable de esos delitos".  

Finalmente indicó que "el tiempo empieza a correr de otra manera el día que formulan los cargos. Y nosotros queremos, y le vamos a pedir a la Fiscalía, que esto se cumpla en lo posible este mes".

¿Que opinión tenés sobre esta nota?